Hermana de Nibia Sabalsagaray pide acceso al expediente penal por el caso de la estudiante secuestrada, torturada y asesinada por el OCOA

El pedido fue redactado por el doctor Juan Errandonea, abogado de la hermana menor de Nibia que presentó la denuncia.

Familiares y amigos presumen que la activa militante de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC) fue muerta en un «submarino seco». Tenía 24 años.

El escrito de solicitud de acceso permitirá profundizar la nueva línea de investigación que abrió la declaración del coronel (r) Chialanza: el ex comandante reveló que el batallón a su cargo fue utilizado como una sede operativa del OCOA de la cual jamás se tuvo conocimiento.

El Poder Ejecutivo excluyó el caso del amparo en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, porque los testigos aseguraron que el secuestro fue perpetrado por tres uniformdos y «dos personas de particular», que podrían ser «civiles» de algún grupo parapolicial.

Citado por el juez penal de 10º Turno, Rolando Vomero, a solicitud de los familiares de Sabalsagaray, el coronel (r) Chialanza reafirmó el 20 de febrero la verdad oficial de la dictadura civil y militar, y dijo creer que la joven «se suicidó». Los denunciantes dicen que fue «homicidio».

Según supo LA REPUBLICA, la hermana de Nibia firmará el escrito entre miércoles y jueves. El vienes de mañana, Errandonea concurrirá al Juzgado del juez Vomero para presentar el pedido. El juez podría trasladar la solicitud a la fiscal penal de 2º Turno, Mirtha Guianze.

Los peticionantes se basarán en una acordada dictada el año pasado por la Suprema Corte de Justicia que faculta a los jueces a relevar al presumario de la reserva un año después de iniciado.

El magistrado tiene potestades legales para mantener el expediente bajo reserva.

La confirmación de que hubo dos civiles paramilitares en el secuestro implicaría que el crimen no podría ser amparado en la llamada Ley de Impunidad, y que sus responsables deberán ser enjuiciados. Sólo ampara delitos de militares en cumplimiento de órdenes de servicio.

 

Delitos contra la Humanidad

Sabalsagaray fue víctima de un delito penal de «privación ilegítima de libertad» cuando fue secuestrada el 29 de junio de 1974 en un operativo al mando del militar Mario Roberto Segnini Sena. También habría estado implicado «en el interrogatorio» Antraing Ohannessian.

Tanto Segnini como Ohannessian integraban el OCOA, una estructura secreta de las Fuerzas Armadas que obedecía únicamente las órdenes de «los mandos» de la dictadura civil y militar, a la vez que operaban en las unidades militares, pero sin reportarse nunca al comandante.

El ex jefe del batallón dijo al magistrado que sólo tenía conocimiento previo de las operaciones del OCOA cuando le comunicaban desde la División Ejército 1 que se haría una operación encubierta. Chialanza afirmó a Vomero que su batallón era usado como centro de reclusión.

La «tortura» y la «privación ilegítima de libertad» que padeció Nibia configuran delitos que el Derecho Humanitario Internacional sindica que son «contra la Humanidad». Son inamnistiables, imprescriptibles, y todos los Estados democráticos deben enjuiciar a sus responsables.

El operativo de la detención ilegal habría estado al mando de Segnini Sena, un capitán excluido del Ejército Nacional por hallarse incurso en un robo en una unidad militar. Chialanza lo exculpó ante Vomero del homicidio, pero reveló su vergonzoso delito y su sanción deshonrosa.

 

Desmienten al médico militar José Mauttone

Según consta en el acta de defunción, Sabalsagaray perdió la vida en el predio militar de Camino Casavalle 4600, donde ahora funciona el Batallón de Comunicaciones Nº 1, pero que en 1974 estaba el Batallón de Ingenieros Nº 5, una ex unidad especializada en transmisiones.

El médico militar José Mauttone, ya sancionado por el Colegio de Etica Médica y luego expulsado del Sindicato Médico del Uruguay, certificó que Sabalsagary se suicidó con un pañuelo colgado de un «gancho» de metal con forma «T» utilizado para plegar los camastros de las celdas.

El inverosímil certificado de Mauttone que diagnosticó el «suicidio» sirvió a la Justicia Militar para archivar de inmediato toda actuación.

La muerte no volvió a ser investigada, como lo viene haciendo ahora la Justicia Penal, desde que los familiares presentaron una denuncia.

José Mauttone «no se ajustó a los principios médicos», concluyeron los galenos que examinaron su proceder fraudulento en los casos en los que actuó al servicio de los tribunales militares, que procesaban con prisión los opositores políticos, sin las garantías de un debido proceso.

Tres allegados a la avanzada estudiante del Instituto de Profesores Artigas (IPA), el dibujante Franciso Laurenzo, el intendente canario Marcos Carámbula, y la ex militante estudiantil Antonia Yañez ya testificaron que vieron indicios de tortura en el cuerpo de la joven.

El cadáver de Sabalsagaray fue entregado a sus familiares con el cajón cerrado y la expresa prohibición de abrir el féretro.

La audacia de sus amigos y familiares permitió constatar las señales del suplicio y marcas en el cuello como las que dejan las cuerdas de las capuchas.

Las observaciones de los amigos Carámbula, Laurenzo y Yañez en el cadáver de la joven muchacha fueron consultadas, en aquel entonces, con un ahora fallecido catedrático de la Facultad de Medicina, quien descartó de plano que las marcas en el cuello evidenciaran «suicidio».

En la fecha que efectuó la observación del cadáver de Sabalsagaray, al ahora doctor Marcos Carámbula le faltaban apenas seis meses de estudio para obtener el título académico que al poco tiempo le otorgó la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar).

Según pudo saber su familia, la joven estudiante permaneció entre diez y doce horas detenida luego de ser secuestrada.

Por las marcas de tortura que presentaba su cuerpo, habría sido ultimada durante un «submarino seco», un suplicio para provocar estados de asfixia.

 

La familia pidió citar a otros tres militares

La familia de Sabalsagaray aguarda ahora con mayor expectativa que el magistrado Vomero cite a otros dos militares: al entonces alférez Miguel Angel Dalmao Alvez, y al mayor (r) Antraing Ohannessian Ohannian, militares sindicados de infringir malos tratos a detenidos.

También espera que sea citado el ex capitán Segnini Sena que, según distintas versiones en conocimiento de los familiares de la estudiante, habría actuado como «jefe de operativo» en la detención ilegítima de la militante gremial y partidaria que además ejercía como profesora.

El abogado de la familia, Juan Errandonea, explicó que la denuncia pretende esclarecer las circunstancias que rodearon el secuestro y la muerte, así como identificar a sus autores, coautores y cómplices. No dudó en afirmar que se trató de un «homicidio», y no de un «suicidio».

Ohannessian integró el OCOA y hay relatos de presos políticos que lo ubican en operativos represivos en Buenos Aires con torturadores muy conocidos como el mayor (r) José Nino Gavazzo Pereira y el ex coronel Manuel Cordero, ahora devenido prófugo de la Justicia Penal.

 

Bordaberry, Vadora y Walter Ravenna

El homicidio de Sabalsagaray se produjo muy pocas horas después de su detención, siendo presidente de facto de la República el estanciero Juan María Bordaberry.

Como ministro de Defensa Nacional ejercía el abogado Walter Ravenna, colaborador de la dictadura civil y militar.

El comandante en jefe del Ejército Nacional era el teniente general, ya fallecido, Julio César Vadora, luego protagonista del golpe de Estado que encaram
ó en el poder al ex teniente general Gregorio Alvarez y a sus oficiales acólitos, mediante un recrudecimiento de la represión. *