Tribunal de Apelaciones decide hoy el destino de Juan María Bordaberry

El Poder Judicial puede decidir hoy el destino del ex dictador Juan María Bordaberry si se revierte un fallo anterior y se ordena continuar la causa en la que el ex mandatario es denunciado por «atentado a la Constitución» al haber firmado el decreto con el que disolvió las cámaras el 27 de junio de 1973.

Bordaberry puede ser procesado con prisión, si continúa la causa penal, ya que la flamante ley de humanización de cárceles que prevé el arresto domiciliario de delincuentes mayores de 70 años de edad, excluye del beneficio a los implicados en delitos vinculados a violaciones a los derechos humanos.

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3º Turno promulgará hoy una sentencia en la que puede revocar la resolución de la jueza penal de 6º turno, Fanny Canessa, cuya sentencia de «clausurar las actuaciones» contra el ex dictador, fue apelada por la fiscal penal de 5º Turno, Ana María Tellechea.

Los tres ministros integrantes del tribunal -Bernadette Minvielle Sánchez, José Bonavota y Eduardo Borges- ya tomaron posición ante el recurso de «queja» presentado por la fiscalía y, hoy, al vencer los plazos para promulgar su fallo, resolvería si la causa contra Bordaberry continúa y ante qué juzgado.

 

Tres años de dilaciones

El juicio contra Bordaberry por propiciar el golpe de Estado que llevó a una dictadura cívico militar desde 1973 hasta 1985 en la que miles de uruguayos fueron torturados y encarcelados como subversivos y cientos terminaron muertos o desaparecidos, se había iniciado el 19 de noviembre de 2002.

La denuncia contra el ex dictador se había presentado ante la Suprema Corte de Justicia, quien en un histórico pronunciamiento consideró que Bordaberry debía ser encauzado por un juzgado penal, aún cuando no se le había practicado un «juicio político» en el parlamento.

Durante más de tres años, los abogados denunciantes Hebe Martínez Burlé y Walter de León, han alertado sobre cómo el proceso ha sufrido una serie de enlentecimientos procesales, en ocasiones provocadas por diversos recursos promovidos por el abogado defensor Gastón Cháves.

El expediente derivó al juzgado penal de 7º turno, a cargo de juez Pedro Hackenbruch, quien luego de meses de dilaciones se excusó de actuar en la causa porque alguna vez había contratado al propio Cháves como su abogado, por lo que el caso llegó a manos de la doctora Fanny Canessa.

 

Canessa en la mira

La jueza Canessa, al comenzar de su actuación, no aceptó una solicitud de la fiscal Tellechea para que Bordaberry fuera citado a declarar y, por el contrario, aceptó recursos de la defensa del ex dictador a quien llegó a dar traslado de las actuaciones cuando no correspondía, según afirman los denunciantes. Canessa terminó por clausurar las actuaciones el 23 de diciembre de 2004, sólo horas antes del inicio de la feria judicial mayor, por lo que la fiscal Tellechea recién pudo apelar su sentencia en febrero de 2005, pero su opinión no fue considerada por la jueza.

La serie de demoras permitieron a la defensa argumentar que se había consumado la prescripción del delito, reclamo que la jueza Canessa admitió en una nueva sentencia en la que amparó el pedido de prescripción y declaró el caso contra Bordaberry como «cosa juzgada». Fue entonces que la fiscal Tellechea presentó el recurso de «queja» contra Canessa a quien denunció por denegarle la apelación, entre otras faltas y omisiones, sobre las que hoy el Tribunal de Apelaciones también podría expedirse en su pronunciamiento y generar otras importantes derivaciones. *