Botnia afirmó que "no paga sobornos"
La empresa Botnia emitió en la madrugada de ayer un comunicado en el que niega enfáticamente «haber participado de ningún intento de coima en el pasado o en el presente» y afirma que «no paga sobornos, ni acepta chantajes».
De esta forma salió al cruce de las afirmaciones del autodenominado ambientalista fraybentino Marcel Cairus, quien denunció a un canal argentino que el ingeniero agrónomo Carlos Faroppa le entregó 110 mil pesos para evitar los cortes de ruta del lado uruguayo y para que lo mantuvieran informado sobre lo que pasaba en la asamblea de ambientalistas de Gualeguaychú.
Cairus también difundió una cámara oculta realizada durante una reunión que Faroppa mantuvo con él y otros dos «piqueteros» de Fray Bentos, supuestamente realizada en un galpón, momento en el que afirma que se le hizo uno de los pagos.
Frente a la información difundida por Canal 9 de Buenos Aires, que pretende involucrar al asesor de Botnia «en hechos reñidos con la ética, la empresa puntualizó que no paga sobornos, ni acepta chantajes y niega enfáticamente haber participado de ningún intento de coima en el pasado o en el presente».
«Marcel Cairus fue contratado para gestionar la organización de una reunión con la Asamblea de Gualeguaychú, gestión por la que recibió el pago de los honorarios y reintegro de gastos correspondientes. Frente a la tergiversación de los hechos y manipulación de la información, Botnia promoverá contra los responsables, las acciones civiles y penales que correspondan».
Carlos Faroppa, en declaraciones para Canal 4, repitió ayer que la empresa no paga sobornos. Consultado por las razones por las que se habría efectuado un pago al denunciante Cairus, Faroppa dijo que «se vieron sorprendidos en su buena fe de diálogo».
«La empresa siempre mantuvo el diálogo en la búsqueda de entendimientos. Esta gente se presentó como interlocutores válidos, en una zona donde habían problemas, que es Gualeguaychú. En esa búsqueda de diálogo, así como teníamos diálogos por todo el país, ahí teníamos problemas y queríamos facilitar reuniones con la asamblea. Gestiones que fracasaron». El pago, agregó, fue entregado a Cairus por concepto de gastos y traslados, luego de «varios meses de gestiones».
Por su parte, el Grupo Guayubira informó que Cairus no representa a los ambientalistas uruguayos, y que nunca ha sido miembro de esta organización.
Cabe recordar que Cairus había anunciado a fines de enero que ambientalistas uruguayos realizarían cortes de ruta en Uruguay, acciones que en su momento, explicó, fueron descartadas luego del anuncio del gobierno de que no aceptaría ese tipo de medidas en territorio nacional.
Reclamo en Argentina
En tanto, las Asambleas Ambientalistas Ciudadanas de Gualeguaychú y Colón presentaron un reclamo ante la Presidencia Argentina solicitándole decrete la prohibición de circulación de aquellos vehículos que transporten materiales destinados a las empresas Botnia.
Luego del fallo judicial adverso que indicó que el tema era competencia de la Dirección General de Aduanas de la vecina orilla, los ambientalistas evaluaron presentar el reclamo ante el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, para que éste actúe.
El lunes, el juez de Concepción del Uruguay, Guillermo Quadrini, falló en contra de la demanda presentada por el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, quien solicitó se prohibiera la circulación de los camiones.
Busti anunció que mañana apelará la sentencia de Quadrini. El gobernador que pidió el jueves pasado a los ambientalistas «un gesto» para habilitar el diálogo entre los primeros mandatarios de Uruguay y Argentina, opinó que «si los ambientalistas levantan el corte para que haya una solución diplomática, tiene que haber en simultáneo una paralización por 90 días de las obras y que no pase ningún camión con materiales para la construcción de la planta de Botnia». Esa medida «es indispensable para levantar los cortes», afirmó en declaraciones al programa «Desde el llano», que conduce por TN el periodista argentino Joaquín Morales Solá. «Nuestra sociedad tiene una desconfianza legítima. Cuando la asamblea de ambientalistas entrerrianos parecía flexibilizar su postura, el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, juró que no habría un período de suspensión de las obras. Eso provocó una mayor rigidez por parte de la sociedad gualeguaychense», dijo Busti. *
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