Confirmado: hay desaparecidos que nunca fueron denunciados

«Ustedes no pertenecen a nuestro pueblo», tuvo el coraje de gritar a sus torturadores la muchacha salteña, quien viniera a Montevideo a trabajar como empleada doméstica para pagar sus estudios y recibir un título universitario como asistente social, recuerdan otros presos.

Militante de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC) desde finales de la década de los años sesenta, Saldaña fue «bañada y vestida» por sus aprehensores el 31 de marzo de 1976, tras un mes de continuas torturas, para ser conducida al ex Hospital Marítimo de Maldonado.

Presuntos militares telefonearon a la casa particular donde trabajaba y dijeron que Saldaña había muerto. No dieron más explicaciones. Sus patrones aclararon que vivía en la casa como doméstica, pero dijeron enseguida que sus únicos familiares residían en la ciudad de Salto.

Casi 32 años después, una investigaciòn privada en la documentación oficial de la Intendencia Municipal de Salto demostró que el cuerpo de la joven jamás fue entregado a sus familiares, y que nunca existió registro de que sus restos hayan sido enterrados en un cementerio.

Convencidos de que constituye un caso de «desaparición fozosa» nunca denunciado, amigos y allegados de la joven iniciaron contactos con abogados para presentar un escrito ante la Justicia Penal para que indague las circunstancias de su muerte y ubique sus restos mortales.

 

La pista falsa que cayó a los 31 años

Los desconocidos que telefonearon a los empleadores de la muchacha habían divulgado una pista que resultaría falsa: dijeron que llevarían el cuerpo hasta Salto para entregarlo a sus familiares. Pero recientes investigaciones ya demostraron que el cuerpo jamás sería enterrado.

Los abogados consultados por los allegados a Silvina aconsejaron que la presentación de la denuncia por «desaparición forzosa» debería ser tramitada ante un Juzgado Penal de Montevideo, de acuerdo con el turno que corresponda por la fecha de la «privación ilegítima de libertad».

La denuncia mencionará a los militares Aguerrondo y Lamy como los «posibles testigos» del crimen cometido. Lamy será acusado además por su responsabilidad en la remoción de cuerpos en el Batallón 13, que ordenó en 1985 cuando regresó a la unidad como comandante.

Se estima que la denuncia será firmada por el Partido Comunista de Uruguay, dada la filiación política de la joven muchacha, pero no se descarta que el escrito pueda llegar a ser firmado por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, y por gremiales estudiantiles. *