Debate en ciernes: interpretativa de la Ley de Caducidad o su derogación

El senador de la Vertiente Artiguista Enrique Rubio remarcó ayer que el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad que presentará el gobierno ante el Parlamento excluye de todo posible amparo «los mandos» de la dictadura civil y militar, del 27 de junio de 1973 al 1º de marzo de 1985, y ratificó que el Poder Ejecutivo impulsará su aprobación parlamentaria más allá del hallazgo de restos de desaparecidos. «Es independiente de los hallazgos. Ahora, nosotros tenemos que evaluar si el proyecto es imprescindible para avanzar, o si en la práctica ya se está haciendo. Esto es lo que queremos mirar; como hay datos nuevos, tenemos que hacer una evaluación», según explicó ayer el senador Rubio en entrevista con CX 14 Radio El Espectador. «En realidad, hay datos nuevos y el presidente contestó, a todas las consultas, que no están amparadas las causas en la Ley de Caducidad y que se podía investigar. Los jueces están investigando y convocando a declarar, así que a la luz de esta nueva realidad, nosotros vamos a analizar y tomaremos una determinación», agregó, ante de señalar que «pueden haber hallazgos muy importantes y los jueces que intenten abrir algunas causas puede que se encuentren con problemas legales». Por ello, se pretende dar un marco jurídico.

 

Organizaciones lanzan debate sobre la «inconstitucionalidad»

Mientras que el gobierno pretende subsanar los vacíos legales con la aprobación parlamentaria del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos coincidieron en la necesidad de debatir la «inconstitucionalidad» de la polémica Ley de Impunidad, que somete la actuación judicial a una decisión del Poder Ejecutivo. En tal sentido, abogados de las distintas entidades humanitarias ya comenzaron la redacción de una denuncia penal contra «los mandos» de la dictadura civil y militar que, según trascendió, sería una vía para iniciar un debate público sobre la legalidad de la polémica ley.

Algunos de los principales referentes de las organizaciones dijeron públicamente que la Ley de Impunidad es «inconstitucional» debido a que viola los principios republicanos de la separación de los tres poderes del Estado, ya que somete la prosecución de una indagatoria judicial a una «decisión» del gobierno de turno que puede amparar o no un caso por su voluntad, sin fundamentar nunca sus resoluciones.

La única discrepancia surgida hasta ahora entre las varias entidades estriba en la oportunidad del momento político que sea más propicio para incorporar a la sociedad civil en un debate público sin que la discusión derive en un revisionismo rencoroso del pasado reciente. El doctor Javier Miranda, del grupo llamado Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, ya expresó su opinión contraria a la presunta constitucionalidad de la Ley de Impunidad, y el doctor Oscar López Goldaracena, reconocido jurista internacional, ya alegó que la cuestionada norma carece de toda legitimidad constitucional.

 

Denuncia contra «los mandos»: «Quien decidirá en última instancia es el Poder Judicial»

El legislador mencionó la intención de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos que iniciaron la redacción de una denuncia penal contra «los mandos» de la dictadura civil y militar. El escrito será presentado a partir del lunes 6 de marzo, una vez culminado.

«El proyecto establece claramente que la ley no amparó a quienes daban las órdenes. Así que a mi juicio, eso desde el punto de vista legal está bien claro. Se refiere a los que recibieron órdenes y no a los que las dieron. En última instancia, quien va a decidir esto, más que un proyecto, es el propio Poder Judicial», aclaró el senador.

 

Los blancos con proyecto propio

Otro proyecto de ley interpretativo fue presentado por Correntada Wilsonista y luego aprobado por el Honorable Directorio del Partido Nacional, luego de una gran discusión interna. Estableció que una interpretación de la Ley debe manifestar que los delitos cometidos en función de móviles o proyectos económicos, así como los delitos de secuestros o retención de menores, cualquiera sea su autor, nunca estuvieron comprendidos en la Ley de Caducidad. Esta es una diferencias importantes con el proyecto del Poder Ejecutivo. El proyecto está a estudio de la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos del Senado, junto a otros textos interpretativos que serán analizados a partir de hoy, que se levanta el receso parlamentario.

 

Argimón: «Han aparecido  algunos restos, no todos»

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, la diputada Beatriz Argimón, dijo que el proyecto blanco es independiente de los hallazgos de restos de desaparecidos. «Han aparecido algunos restos, no todos. Además, esto tiene que ver con la interpretación de una norma que, precisamente, tiene que ver con la búsqueda de la verdad. Entonces, yo diría que son caminos diferentes que versan sobre un mismo tema, que es el velar por la vigencia de los Derechos Humanos y repudiar todo lo que signifique violaciones otrora, y enmarcar el tema de los Derechos Humanos en la sociedad uruguaya del siglo XIX», dijo también en El Espectador. Por el contrario, el Partido Colorado entiende que los hallazgos demuestran que no es necesario modificar la normativa, además de considerar que una ley interpretativa sería inconstitucional. Para los colorados, va a ser muy difícil que prospere esta ley, impulsada por la izquierda, tras el hallazgo de los primeros restos humanos, según afirmó la emisora radial en su informativo de ayer por la tarde. *