Hasta dónde Kirchner toma las banderas del gobernador Busti

Eventualmente, como dejando abierta una rendija y hay que ver si la presentación llevará, dicen que no, el sentido de cautelar, para que el tribunal decida frenar las obras.

En rigor, los debates en las dos cámaras únicamente encontraron entusiastas duros en las voces del oficialismo puesto que el variado espacio de los bloques de la oposición pusieron más en énfasis en encontrar senderos que lleguen a una negociación bilateral.

Eso sí, ninguna voz se atrevió a poner en tela de juicio los bloqueos a las rutas que comunican a los dos países, pese a que cuando de desocupados se trataba, la metodología del piquete ha sido estigmatizada por un sector importante y ahora se convierte en la carabina de Ambrosio.

El asunto es clave, porque en la Rosada no saben qué hacer frente a los reclamos, que por momentos parecen que ponen una dosis de serenidad en sectores asambleístas, pero lo que viene aconteciendo pinta como para que la metodología no se abandone y, además, que prime la consigna «no a las papeleras» en lugar de garantías sobre no contaminación del medio ambiente con lo que todo lleva a un atolladero con consecuencias imprevisibles.

Vayamos por partes. Es saludable que los ciudadanos se movilicen y quieran participar de problemas que hasta hace poco eran solo banderas de grupos minoritarios, influenciados sobre todo por entidades europeas.

El movimiento ecologista mundial sigue con interés lo que sucede en la zona conflictiva y la acción en Gualeguaychú. Sería, en opinión de analistas, un caso testigo: hasta ahora el ambientalismo ha ido detrás de los hechos, lidiando contra empresas y gobiernos desaprensivos. Ahora por primera vez el ecologismo se anticipa.

El gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, en una solicitada (Clarín, 22 febrero 2006) escribe: «Los entrerrianos no queremos matar la naturaleza. En toda la geografía de mi provincia se levantan miles de gurises con un cartel de «No a las papeleras». No voy a traicionar sus miradas». El mandatario provincial, entonces, recoge la consiga de los talibanes y cierra toda posibilidad de negociación.

 

Una movilización con secuelas

La queja de Gualeguaychú por la eventual contaminación de su aire y sus aguas comenzó a crecer sin que desde la Casa Rosada supiesen cómo ni dónde pararse cuando el gobernador se puso al frente de las protestas, sintiendo que si no lo hacía el reclamo lo arrastraría sin remedio.

Pero arrastra en esta vorágine al Presidente que hizo una elección parecida, intentando gambetear el costo político. Por caso, recibió en su despacho a delegados de los ambientalistas pero no se atrevió a deslizarle la idea siquiera de la conveniencia de levantar los cortes que en términos reales son un acto agresivo contra un país vecino que pone en problemas el futuro del Mercosur, ante la alegría de sus poderosos enemigos.

En el debate parlamentario el jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto, en la cámara alta y el titular de Relaciones Exteriores, Jorge Argüello en Diputados, impregnaron con palabras duras sus discursos y el segundo lo dijo claramente: «La construcción de las obras debe ser suspendida». Esto es lo que buscaría realmente la Rosada y espera que sean las empresas la que tomen la iniciativa y abrir una negociación. Por ahora el discurso es que el futuro ambiental es ominoso.

Ya se sabe que sobre la materia hay bibliotecas para las dos opciones. Por caso, el ministro de Justicia vasco, Joseba Azkarraga, le dijo a «Clarín» (24-0206) que no cree que en la actualidad, las papeleras contaminen. «Hace muchos años  diez o doce años  producía contaminación. Pero la industria se ha renovado y es limpia».

 

¿Se violó o no el Tratado sobre el río Uruguay?

Hay otras opiniones algunas apocalípticas y, además, está arraigado en el imaginario popular que las empresas (en general) van siempre en busca del máximo beneficio y que si no fuera por el peso de la opinión pública acaso, no hubieran mejorado la costosa tecnología que elimina (o atenúa) los efectos nocivos para la calidad de vida.

Uruguay tiene una posición privilegiada entre los países «verdes», y este no es un dato menor que el Gobierno debería tener en cuenta cuando oye los argumentos orientales sobre los efectos de las empresas sobre el medio ambiente.

Sin en reservado se oyen opiniones más conciliadoras, en la voz de su actual canciller, Jorge Taiana, se afirma que Uruguay ha violado las disposiciones del Tratado de 1975 sobre el río Uruguay. Esa es la razón invocada para ir en queja a La Haya solo  juran–si no se abre el diálogo en las condiciones que reclama Buenos Aires.

Montevideo no cree en esas violaciones al Tratado y como escribió en «La Nación» (24-0206) el ex presidente Julio María Sanguinetti, «en cualquier caso, si hubiera habido alguna omisión, ella se salvó, porque ante la queja argentina se adelantó una negociación diplomática que culminó el 2 de marzo de 2004… Entonces canciller argentino dijo que los cortocircuitos iniciales respondieron «a que no se había acordado un mecanismo como el suscripto hoy con Uruguay, que permite que no haya ningún aspecto fuera del escrutinio de quienes están interesados». Se cae así la afirmación de que hubo una violación del tratado, cuando incluso este acuerdo es transformado en un acta, firmada el 15 de mayo en la Comisión Administradora del río Uruguay».

Ya se sabe que ahora la cancillería y el propio Bielsa sostienen que nunca se cerró la controversia y que en todo caso, hubo errores de interpretación.

 

Un bloqueo que impide negociar seguridades

De todas maneras, si pueden existir puntos nebulosos, eso deben aclararlo lo expertos, pero que no deberían ser obstáculo de negociaciones bilaterales. Pareciera primar una cuestión de prestigio: quién de los dos mandatarios, hace la primera concesión, quien es el primero que levante el teléfono y habla con su par. Se omite, por caso, que Tabaré envió una carta a Kirchner y que este no respondió.

Es de sentido común, que Uruguay no puede aceptar que se siga obturando el paso de personas y mercaderías. En medios diplomáticos, la actitud Argentina es criticada. No lo hará ni Chile, ni Brasil, o España, abiertamente, pero lo dicen sus diplomáticos en charlas privadas. Todos estos países producen lo que se avanza en Fray Bentos y hay una decena de emprendimientos en esta parte del planeta, lo que debería convocar a la reflexión sobre acuerdos marcos mejores a los existentes para el Mercosur.

En Argentina hay actualmente más de 4 mil personas procesadas por corte de rutas y se suman varias decenas en la provincia de Santa Cruz. La Gendarmería en el Sur impide que obreros petroleros que demandas diversas reivindicaciones cortes los caminos y los jueces tienen encartados a numerosos luchadores sociales hace rato.

Los puentes que unen a los dos países son binacionales y en ningún caso puede ser bloqueado y menos alentado por un gobernador que supone que sacará réditos para una reelección a la que aspira. No es difícil comprender la inacción de la justicia federal.

No fue buena señal del gobierno nacional no haya dado curso a reclamos para que se integre un espacio binacional, parlamentario y social, para buscar alternativas y especialmente llevar la polémica al seno de la sociedad de Gualeguaychú. El argumento: la orientación de la política externa es facultad del Presidente lo que es así y de este modo lo interpretó el Parlamento.

La pregunta sigue siendo pertinente: si hay una política hacia la negociación ambiental o el objetivo es impedir la construcción de las papeleras a tono con el reclamo de Busti y de parte de la poblaci
ón de Gualeguaychú. Kirchner en privado jura que no.

Queriéndolo o no, con los cortes se avanza a «cubanizar» la relación con Uruguay. *