Un borrador será entregado a trabajadores y empresarios

El Ministerio de Trabajo afina el proyecto sobre prevención de conflictos

El proyecto de ley de regulación de los mecanismos de las ocupaciones que presentará, el lunes 6 de marzo, el ministro de Trabajo Eduardo Bonomi en el Consejo de Ministros prevé una serie de pasos que deberán seguir trabajadores y empresarios.

La intención del gobierno, que busca prevenir conflictos, es que surjan más instancias de negociación así como darle más elementos de decisión a los magistrados competentes.

A continuación detallamos los pasos que prevé el proyecto:

El proyecto de ley tiene como «punto de partida» lo que está planteado en el decreto del 14 de octubre de 2005 sobre prevención de conflictos, que fuera elaborado y aprobado -a pedido de los trabajadores- como condición necesaria para participar del ámbito cuatripartito que buscaba una consensuada ley de libertades sindicales.

Otro punto que motivó al ejecutivo de plantear este proyecto es el hecho de darle a los magistrados elementos legales para decidir sobre la ocupación y no que quede librado a un tema de jurisprudencia la validez o no de una ocupación, ya sea por ella misma o como extensión del derecho de huelga.

El gobierno considera como el «disparador» de la propuesta de regular lo sucedido en Prosegur en noviembre pasado cuando una minoría sindicalizada decidió ocupar, pero la gota que rebasó el vaso fue lo ocurrido en la curtiembre pedrense Naussa, cuando los propietarios desalojaron la ocupación de la fábrica de manera violenta, aprovechándose -según ellos- de un «vacío legal».

También la intención del gobierno es que disminuyan las ocupaciones y además que las mismas sean una especie de «último recurso» en el proceso de un conflicto laboral entre trabajadores y patrones.

Para que se llegue a tal instancia de manera «legal» se deberán recorrer una serie de pasos que se detallan a continuación.

 

El mecanismo de negociación

Cuando aparezca un problema, tiene que ser llevado a la empresa para negociar en un ámbito bipartito (trabajadores y empresarios), que tendrá un plazo de 5 días.

Si no hay acuerdo, la siguiente instancia será que las partes dialoguen en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra).

De persistir el diferendo, la negociación en la búsqueda de una solución se trasladará hacia el Consejo de Salarios (órgano tripartito integrado por el gobierno, representantes de las cámaras empresariales y dirigentes sindicales electos por el PIT-CNT.

Recién ahí, luego de agotados todos los pasos previos citados, cada una de las partes sigue su camino y entra a jugar lo que defendían los trabajadores, la ‘estrategia’ del sindicato sobre cuales serán las medidas que tomarán.

Para el caso de que la «estrategia» que se elija sea la ocupación, la misma debe ser respaldada por la mayoría de los trabajadores sindicalizados, no por la mayoría de los trabajadores de la empresa, ya que el Ministerio de Trabajo considera como habilitados para tomar medidas de este tipo sólo a lo decidido por el sindicato de la empresa.

También el proyecto de ley establece un procedimiento que contiene determinados pasos que han sido tradicionales en la sociedad uruguaya, los cuales se deben seguir en los comienzos de la ocupación para que la misma sea «legal».

Lo primero que se debe hacer es un acta acerca del lugar ocupado ante escribano público.

Después se deben tomar las prevenciones del caso para el cuidado de la maquinaria (eso puede significar ponerla en marcha) y de elementos perecederos (mercadería, materia prima, etc).

Tener servicios esenciales que aseguren la vida, la salud y la seguridad de la población, por lo cual debe ser pacífica.

Además, la iniciativa prohibirá la ocupación mientras el patrón mantenga la voluntad de diálogo con el sindicato.

La validez de la misma dependerá de que se hayan seguido estos pasos.

De lo contrario, tanto el empleador como los empleados podrán gestionar ante la Justicia una acción de amparo para proceder al desalojo o a la ocupación del establecimiento, aunque existirá una normativa que acote la resolución judicial.

Entre los demás contenidos propuestos se destaca también que la ley establecerá que a la hora de introducir cambios o reducir las plantillas de trabajadores, las empresas deberán anunciar sus medidas con anticipación al sindicato.

Al cierre de esta edición, LA REPUBLICA logró comunicarse con el ministro de Trabajo Eduardo Bonomi quien informó que hoy habrá una instancia de diálogo en la interna de esa secretaría de Estado para definir algunos contenidos más del proyecto.

En tanto la reunión con los legisladores de izquierda para ultimar el borrador como la posterior entrega del mismo al PIT-CNT como a las cámaras empresariales aún no tiene fecha definida. *

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