La Corte puso fuera de juego a Busti

Paralelamente, en la Cámara de Diputados donde hoy el gobierno nacional aguarda una declaración de apoyo ante el eventual reclamo al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, surgieron voces que reclaman una actitud más negociadora con el país vecino, como sería apoyar un proyecto para formar una comisión parlamentaria argentino-uruguaya que dialogue con los ambientalistas de Gualeguaychú que parece ser el escollo importante, a raíz del bloqueo de los puentes que unen a los dos países, para que Buenos Aires y Montevideo negocien.

A propósito de la controversia tuvo repercusión la intervención del ex presidente Sanguinetti por el canal de cable Multicanal, en el programa «Desde el Llano» que conduce el periodista Joaquín Morales Solá. Este señaló que es necesario negociar, pero sin una pistola en la sien, como es que se mantengan bloqueados los accesos al Uruguay desde la Argentina que afecta además a otros países del Mercosur. Además, se refirió al confuso incidente en el río Uruguay (ver nota aparte). Calmados los ánimos, una acuerdo tecnológico, es posible a corto plazo, remarcó. Pero es necesario despejar los puentes antes que nada.

El máximo tribunal rechazó la demanda presentada por el gobierno de Entre Ríos y el expediente vuelve ahora a la Justicia Federal de la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay.

La Corte -con la única ausencia de Raúl Zaffaroni- tomó esta rápida decisión tras recibir el dictamen del procurador Esteban Righi, que, si bien no es vinculante, señaló que la Corte es incompetente para entender en la presentación del gobernador Busti, por «contaminación en grado de tentativa» contra las papeleras.

Para argumentar la incompetencia, Righi plantea básicamente un conflicto de territorialidad sobre tema, ya que los demandados están asentados en territorio uruguayo.

Entre otros puntos, el procurador explica que «la conducta a investigar se estaría desarrollando fuera de la jurisdicción territorial argentina«, y que «podrían resultar imputados funcionarios de la administración pública uruguaya, en cuanto permitieron, habilitación mediante, tales emplazamientos fabriles vulnerando normas del propio derecho interno e internacional».

En otro punto, Righi afirma que «los extremos invocados en apoyo de la competencia originaria son, al menos, prematuros e inconsistentes«.

Recién el lunes, el máximo tribunal había solicitado a Rige su opinión acerca de su competencia en la polémica por la construcción de dos plantas papeleras en Uruguay. Apenas recibido el dictamen del procurador, la Corte emitió su resolución a una velocidad escasamente frecuente.

La demanda había sido promovida por Busti, quien denunció por supuesta «contaminación ambiental en grado de tentativa» a las plantas de celulosa de las empresas Botnia (finlandesa) y ENCE (española).

La denuncia había sido presentada ante el juez federal de la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay, Guillermo Quadrilli, quien se declaró incompetente y elevó el caso a la Corte. Ahora, tras la decisión del máximo tribunal, el caso debe volver a la justicia federal.

Veremos. *