Coronel (r) implicó al OCOA en "secuestro" de Nibia Sabalsagaray

El juez en lo penal de 10º Turno, Rolando Vomero, tomó declaración ayer al coronel (r) José N. Chialanza quien, siendo teniente coronel, comandó el Batallón de Ingenieros Nº 5, una ex unidad especializada en transmisiones, donde Sabalsagaray fue torturada hasta su muerte.

El predio militar, ubicado en Camino Casavalle 4600, donde ahora está el Batallón de Comunicaciones Nº1, sirvió como base clandestina para operativos del OCOA, según reveló el coronel (r) Chialanza ante el juez Vomero. Chialanza negó su responsabilidad en la muerte de la joven. El ex jefe del batallón dijo al magistrado que sólo tenía conocimiento previo de las operaciones del OCOA cuando le comunicaban desde la División Ejército 1 que habría una operación encubierta. Chialanza afirmó a Vomero que su batallón era usado como centro de reclusión.

A pedido de los denunciantes del caso, el juez penal de 10º Turno, Rolando Vomero, citó a fines del año pasado al coronel (r) Chialanza para interrogarlo como testigo. Chialanza solicitó testificar por escrito, lo cual fue rechazado por la fiscal penal de 2º Turno, Mirtha Guianze.

 

Chialanza exculpó a Segnini y reveló base secreta del OCOA

La estudiante Sabalsagaray, de 24 años, resultó secuestrada en la madrugada del 29 de junio de 1974 del Hogar de Hijos de Obreros de Campomar. Ella militaba en el Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (Ceipa), y en la Unión de Juventudes Comunistas. El operativo de la detención ilegal habría estado al mando de Mario Roberto Segnini Sena, un capitán (r) excluido de las filas del Ejército Nacional por hallarse incurso en un robo dentro de la unidad militar. Chialanza lo exculpó ante Vomero, pero reveló su vergonzoso delito. La atestiguada participación en el operativo ilegal de dos personas de particular que podrían ser civiles de grupos paramilitares determinó que el expediente instruido fuera excluido por el Poder Ejecutivo del amparo en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

 

El «submarino seco»: práctica de tortura que induce asfixia

El médico militar José A. Mauttone certificó que Sabalsagaray murió por «suicidio». Sin embargo, las marcas en el cuello de la muchacha no coinciden con las señas propias de un ahorcamiento voluntario. Sus familiares estiman que murió al ser sometida a un «submarino seco».

El cuerpo sin vida de la joven fue dado a su familia con la prohibición expresa de abrir el féretro. Pero su amigo Marcos Carámbula, que se recibiría de médico a los seis meses, abrió el cajón y pudo constatar que el cadáver presentaba «múltiples hematomas» en sus miembros.

Carámbula revisó el cuerpo junto a Francisco «Paco» Laurenzo, con quien Nibia tenía previsto casarse en cuatro meses, y Antonia Yáñez, otra activista del Ceipa. Los cuatro amigos militaban en el frente universitario de la juventud comunista, proscrita por la dictadura.

Las observaciones de los amigos Carámbula, Laurenzo y Yáñez en el cadáver de la joven muchacha fueron consultadas por aquel entonces con un ahora fallecido catedrático de la Facultad de Medicina, quien descartó de plano que las marcas en el cuello indiciaran un «suicidio».

 

Familiares de la víctima esperan la citación de otros tres militares

El coronel retirado indagado ayer dijo que vio el cuerpo sin vida de Sabalsagaray. Según su versión, el cuerpo estaba colgado del cuello de un pañuelo atado a un gancho con forma de «T» que servía para colgar contra la pared de la celda las camas que usaban los presos. El inverosímil certificado de Mauttone que diagnosticó el «suicidio» sirvió a la Justicia Militar para archivar de inmediato toda actuación. La muerte no volvió a ser investigada, como lo viene haciendo ahora la Justicia Penal, desde que los familiares presentaron una denuncia.

La familia de Sabalsagaray aguarda ahora con mayor expectativa que el magistrado Vomero cite a otros dos militares: al entonces alférez Miguel Angel Dalmao Alvez, y al mayor (r) Antraing Ohannessian Ohannian, militares sindicados de infringir malos tratos a detenidos.

También espera que sea citado el ex capitán Segnini Sena que, según distintas versiones en conocimiento de los familiares de la estudiante, habría actuado como «jefe de operativo» en la detención ilegítima de la militante gremial y partidaria que además ejercía como profesora.

El abogado de la familia, Juan Errandonea, explicó que la denuncia pretende esclarecer las circunstancias que rodearon el secuestro y la muerte, así como identificar a sus autores, coautores y cómplices. No dudó en afirmar que se trató de un «homicidio», y no de un «suicidio».

 

Presumen accionar de grupos paramilitares

Ohannessian integró el OCOA y hay relatos de presos políticos que lo ubican en operativos represivos en Buenos Aires con torturadores muy conocidos como el mayor (r) José Nino Gavazzo Pereira y el ex coronel Manuel Cordero, ahora devenido prófugo de la Justicia Penal.

El secuestro de Sabalsagaray fue perpetrado por tres uniformados y otras dos «personas de particular» que podrían ser civiles y miembros de alguno de los grupos paramilitares que operaron en Uruguay tras la reiterativa instrumentación de las Medidas Prontas de Seguridad.

La confirmación de que hubo dos civiles paramilitares en el secuestro implicaría que todo el caso no podría ser amparado en la llamada Ley de Impunidad, y que sus responsables deberán ser enjuiciados. Están amparados los delitos de militares que acataban órdenes de servicio. *