Ley jubilatoria para ex presos y exiliados

LA REPUBLICA tuvo acceso a un informe de Gastón Grisoni, coordinador de la Comisión de Asuntos Políticos y Derechos Humanos de Crysol, donde plantea que «la Ley 17.449 que consagró la cultura de la impunidad a nivel previsional sea derogada de una vez por todas».

«La Ley 17.449 que el doctor Jorge Batlle promulgó en enero del año 2002 es una ley que niega que el Estado uruguayo haya cometido violaciones de los derechos humanos que deban ser reparados a nivel previsional. La Ley 17.449 niega que los ex presos políticos, los exiliados y otros sectores involucrados hayamos sido víctimas del terrorismo de Estado», dice.

«La Ley 17.449 niega que los estados deben respetar y garantizar las libertades y los derechos humanos de todas las personas y que cuando se producen violaciones por sus funcionarios o por el mismo Estado, es obligación jurídica, política y moral reparar el daño ocasionado en todos los ámbitos, incluso a nivel provisional», agrega.

Su derogación, dice Grisoni, será «un acto de afirmación democrática, de afirmar los valores democráticos, la cultura democrática y de establecer la verdad histórica a nivel previsional.

Es un acto de justicia con las víctimas, con quienes sufrieron las torturas, la cárcel, la privación ilegítima de la libertad, el exilio y la clandestinidad».

 

«Avance extraordinario»

Esa derogación pasa por la aprobación de una nueva ley «que haga justicia con todos» los ex presos políticos, exiliados y clandestinos.

«El esfuerzo de Crysol por barrer con la impunidad a nivel previsional y asegurar que haya una ley jubilatoria justa y digna empalideció, en parte, los aspectos positivos del proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo que apreciamos y valoramos», reflexiona Grisoni en su carta.

«El proyecto de ley enviado por Eduardo Bonomi y Jorge Bruni es un gran avance y un avance extraordinario con respecto a la Ley 17.449, y creo que debemos tenerlo en cuenta», porque «lo cortés no quita lo valiente».

«Más allá de que consideremos que hace un reconocimiento parcial de la problemática de los perseguidos y en especial de los ex presos políticos, más allá de que no da solución universal a todos y de que deja sin resarcir como corresponde a quienes más sufrieron el rigor del terrorismo de Estado, el proyecto del Poder Ejecutivo reconoce que hubo violaciones a los derechos humanos y obliga al Estado a hacerse cargo de los daños emergentes», añade.

«El Estado, a 21 años del advenimiento de la democracia y con un gobierno progresista, reconoce que hubo violaciones a los derechos humanos y se hace cargo de la reparación que corresponde a nivel provisional», reafirma, para agregar que «el proyecto de ley de Bonomi y Bruni es un proyecto progresista y marca un enfoque claramente diferente al que tuvieron durante 21 años los partidos tradicionales que apostaron a la impunidad y al mantenimiento de ella».

Grisoni destaca que «el PCU, el Nuevo Espacio, la Vertiente Artiguista y Alianza Progresista han manifestado su voluntad de trabajar activamente para mejorar el proyecto, atendiendo las iniciativas que en su momento presentó Crysol».

Dice, a la vez, que «están pendientes conversaciones con el Partido Socialista y con Asamblea Uruguay para conocer sus puntos de vista al respecto». Comenta también que la reunión de la Dirección Nacional del MPP del próximo domingo es «muy importante y trascendente», por ser la bancada mayoritaria del Frente Amplio.

Grisoni señala en su informe que «es bueno recordar, para realzar el valor y el sentido de justicia de nuestro reclamo, que en este país, al amparo de la ley de caducidad, todos los golpistas, todos los torturadores y asesinos siguen cobrando sus jubilaciones y pensiones mal habidas».

«Bordaberry, el Goyo Alvarez, Gavazzo, Cordero, Ferro, Arab, Medina, entre otros, todos cobran mes a mes, desde hace años sus jubilaciones. Incluso el prófugo Manuel Cordero sigue percibiendo sus haberes. Y mientras tanto, centenares de luchadores por la libertad y la democracia siguen estando marginados por la cultura de la impunidad», concluye. *