Poder Ejecutivo devolverá al juez el expediente sobre Chávez Sosa para que investigue el asesinato

El viernes, el juez letrado de Pando de 1er. Turno, Huberto Alvarez, remitió «en consulta» al Poder Ejecutivo el expediente del caso de Ubagesner Chávez Sosa, cuyo cuerpo fue hallado en una chacra que incautara la Fuerza Aérea Uruguaya.

De acuerdo a lo preceptuado por la llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado Nº 17.848, los magistrados del Poder Judicial deberán «consultar» al Poder Ejecutivo si un caso de violación a los Derechos Humanos está amparado o no por la polémica norma.

Según altas fuentes oficiales, el expediente será devuelto al magistrado para que éste instruya e indague los hechos denunciados, e incluso se pronuncie sobre si la causa está o no prescripta.

El juez deberá investigar, eventualmente podrá citar a militares y remitir el resultado de la indagatoria al Poder Ejecutivo.

Como criterio general, el gobierno de Tabaré Vázquez ya definió, al expedirse sobre casos anteriores, que su pronunciamiento «no es un acto discrecional, sino que le exige verificar, con la investigación judicial a la vista», si el hecho está comprendido o no en la hipótesis legal de caducidad: «es decir, si reúne los requisitos subjetivos, objetivos y temporales exigidos en el artículo 1º de la ley Nº 15.848″. Se trata, agregó, de un acto «reglado», en el cual el Poder Ejecutivo debe determinar si el delito fue cometido «hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados, por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto».

El militante comunista Chávez Sosa, al igual que el también comunista José Arpino Vega fueron secuestrados durante la dictadura y permanecieron detenidos en la base aérea militar Boiso Lanza, donde fueron asesinados antes de ser ocultados en la chacra cercana a Pando que la aviación militar le incautara a la familia Sclavo, también víctima de la represión política. En la muerte de ambos, habría participado personal militar, según testimonios de ex presos políticos. El cuerpo de Chávez Sosa fue descubierto a fines del año pasado, en el lugar señalado por la Fuerza Aérea, según información oficial aportado a la Presidencia de la República.

Mediante el criterio antes mencionado, el gobierno de Tabaré Vázquez había excluído de la ley de caducidad el caso de Nibia Sabalsagaray, detenida en junio de 1974 y muerta por torturas pocas horas después en un Cuartel en Montevideo.

El cuerpo fue entregado a sus familiares, informándoseles que la joven se había «autoeliminado».

Revisaciones médicas pedidas por los familiares indicaron lesiones en el cuerpo.

El Poder Ejecutivo puso a este caso parcialmente fuera de la Ley de Caducidad porque en su detención habrían participado civiles, según la presentación ante la Justicia que hizo la hermana de la joven muerta.

La resolución del Gobierno se basó en que los civiles no están comprendidos en la Ley de Caducidad que sólo menciona a «funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados».

Varios testigos ya han prestado declaración en el caso, pero aún no se ha resuelto la convocatoria de militares.

Ante consultas similares de la justicia, el Poder Ejecutivo devolvió para su instrucción los casos de Simón Gatti Méndez, Gerardo Gatti, Washington Barrios y María Claudia García de Gelman. Además de requerir se sustancien las indagatorias pertinentes, el Ejecutivo entendió que no existían elementos para declararlos comprendidos dentro de la Ley de Caducidad.

En el caso de Washington Barrios, la desaparición habría ocurrido en la República Argentina en febrero de 1975, es decir fuera de la validez de cualquier ley penal. En la desaparición de Gerardo Gatti, además de ocurrir Argentina, se habría pretendido cobrar un rescate, hecho que lo excluiría de la caducidad. En el caso de Simón Riquelo, se involucra el delito de sustración o retención de un menor,

 

Certificado de defunción

La fiscal letrada de Pando de 1er. Turno, Sylvia Gari, había solicitado al juez Alvarez que diligenciara la prueba pedida por la Secretaría de la Presidencia: muestras del cadáver fueron extraídas para confirmar su identidad con estudios de ADN en Policía Técnica y un laboratorio.

Mientras se aguarda oficialmente un pronunciamiento del Poder Ejecutivo para instruir un expediente por la privación de libertad, la desaparición forzosa, la tortura y el asesinato de Chávez Sosa, Juzgado y Fiscalía ya iniciaron el trámite para la expedición de un certificado de defunción.

Los familiares de Chávez Sosa aún esperan el certificado de defunción del cuerpo encontrado el 29 de noviembre en la chacra para fijar una fecha para el sepelio del compatriota en un cementerio. El PIT-NT ya convocó para ese día un paro general parcial y acompañará el féretro.

Se desconoce si el equipo argentino de Antropología Forense (EAAF) realizará un estudio en el cadáver de Chávez Sosa, investigación para la cual ya fue autorizado por la fiscal Gari y el juez Alvarez. Después, los restos del ex detenido desaparecido serán entregados a su familia. *