Condenar a Uruguay "no tiene mayor sentido", dijo un asesor de Kirchner

A primera vista la iniciativa busca lograr respaldo de la oposición a guisa de repetir el cuadro que obtuvo Tabaré Vázquez en su momento con los partidos de su propia oposición con representación parlamentaria.

La pregunta que se hacían ayer dirigentes políticos es si el pedido quiere indicar que se consideran fracasados los mecanismos de negociación, lo que dejaría expedita la vía judicial prevista en el Estatuto del Río Uruguay de 1975.

Según el experto Marcelo Kohen, profesor de Derecho Internacional del Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales, Ginebra, y consultor de oficio del Palacio San Martín, «no aconsejo ir a la Corte en este caso».

Razones varias. Sostiene Kohen que «llevar una controversia a la Corte de La Haya no constituye ni un acto inamistoso ni una solución conflictiva. Después de todo, la vía judicial es el medio más civilizado para resolver disputas internacionales. Tampoco menoscaba el Mercosur ni sus mecanismos.

Pero, y aquí comienza el disenso por el camino asumido. Primero porque, «simplemente, el problema de las papeleras no es de incumbencia del organismo de integración. Alemania y Holanda, dos miembros fundadores de las Comunidades Europeas, llevaron su disputa sobre la delimitación de sus plataformas continentales a la CIJ (Comisión Internacional de Justicia», sin que nadie se haya alarmado por una supuesta falta de «espíritu comunitario».

Tampoco  dice–«si se va a La Haya, no habría que dramatizar. Pero habría que hacer lo necesario para que el juicio sea lo más breve posible. Ello significa concretamente proponer que sea la Sala de procedimiento sumario de la Corte quien se ocupe de la cuestión y que los plazos para la presentación de los escritos sean muy cortos».

Ahora bien, que la Corte sea un medio normal y disponible para la solución del conflicto no significa sin embargo que sea el más apropiado en este caso. Estamos en presencia de una pura controversia de carácter técnico, en opinión de Kohen, un argentino que está radicado hace 15 años en Ginebra.

El pedido de ir a la Corte Internacional, ¿agota las negociaciones?

Advierte que Kirchner la calificó correctamente como una simple «disputa ambiental». Entonces, «no hace falta ni tribunal arbitral, ni ir a la Corte. La manera más simple, rápida y eficaz de dirimir la controversia es ponerse de acuerdo para solicitar un estudio ambiental imparcial y atenerse estrictamente a su resultado». Aparentemente ir a La Haya con la idea de obtener medidas cautelares, «debe tenerse en cuenta la interpretación estricta de la Corte de las exigencias de «urgencia» y de «perjuicio irreparable». Ir a la Corte con el solo objetivo de obtener que se condene a Uruguay por no haber supuestamente respetado el mecanismo de consulta del Estatuto de 1975 no tiene mayor sentido. La Cancillería debería utilizar sus energías para otras disputas más importantes que merecerían una propuesta judicial», y por ello, el profesor ginebrino rechaza el camino del gobierno nacional..

El senador Rubén Giustiniani, consultado por LA REPUBLICA, anticipó que primero demandará la aprobación de su iniciativa para que antes que nada se active la diplomacia, en su idea, con participación de los parlamentos y organizaciones sociales de los dos países. «Así como se lo ha planteado es dar por agotada la negociación», sostiene el legislador socialista y por eso destaca que, al menos por lo que él conoce, el proyecto que se presentará al Senado Nacional, declara «su apoyo para que en caso de resultar necesario (sic), el Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, someterá ante la Corte Internacional de Justicia el diferendo». Dicho de otro modo, es una herramienta de presión adicional para el debate con su vecino, y una señal dirigida a los ambientalistas de la provincia de Entre Ríos, para que levanten los cortes de ruta que impiden el tránsito normal de Argentina al Uruguay..

La idea del oficialismo es debatir entre el 23 y el 24 de febrero el tema en las dos cámaras. Paralelamente se conformó una comisión técnica que coordinará Susana Ruiz Cerruti, ex canciller del último tramo del gobierno de Raúl Alfonsín y partícipe privilegiada de las negociaciones por las Islas Malvinas.

 

Opiniones distintas en la oposición

El proyecto toma casi por completo el pedido realizado por ambas Cámaras de la Legislatura entrerriana al gobierno nacional, de «demandar a Uruguay» ante el Tribunal Internacional. Entre los argumentos se detalla que ésa sería la vía correcta establecida en el Estatuto del Río Uruguay firmado en 1975, por la falta de un estudio independiente de impacto ambiental y el fracaso de la comisión binacional del Grupo Técnico de Alto Nivel tras 180 días de negociaciones.

Pero la estrategia oficialista tuvo su primer traspié. El gobierno había enviado un mensaje a los asambleístas de Gualeguaychú ofreciéndoles ser recibidos por el gobierno nacional y hasta por el propio Presidente si abandonaban los bloqueos del paso internacional a Uruguay. «Una condición sine qua non», confiaron voceros del gobierno entrerriano a Página/12.

Sin embargo, la mayoría de los asambleístas, que recibieron el mensaje en plena asamblea sobre la Ruta 136, decidió seguir con el corte que ya ingresa en su sexto día consecutivo, y enviar una delegación a Buenos Aires con la idea de entrevistarse con las autoridades nacionales. En tanto, el jefe de la bancada del ARI en Diputados, Eduardo Macaluse, ya anunció su rechazo a la propuesta oficialista y cuestionó la acción del gobierno frente al conflicto. La Unión Cívica Radical también ha cuestionado el manejo del gobierno del diferendo, pero su liderazgo no anticipó la actitud en el debate, donde, de todas maneras, el kirchnerismo no tendrá obstáculos en la Cámara alta, pero necesita de alianzas, posibles, en la baja.

El líder kirchnerista en Diputados, Agustín Rosso, reconoció los escollos al acusar a la oposición de actuar como » la gata Flora». *