En carta a Moller y a Vázquez repudiaron archivo del caso María Claudia de Gelman

La carta que fue remitida al Tribunal de Apelaciones de 2º Turno y cuya copia también se le entregó al presidente de la República, Tabaré Vázquez, expresa el «repudio» de la Comisión de Derechos Humanos de Uruguayos en Argentina y de diversos organismos de DDHH de ese país ante la decisión del fiscal, Enrique Moller, de archivar el caso de María Claudia García de Gelman.

En la misiva, las organizaciones de DDHH señalan que «nadie puede llegar a comprender que se consagre la impunidad en un caso que es de los más emblemáticos en cuanto a la demostración del genocidio (caracterizado por el tráfico de vientres y robo de bebés) que se ha perpetrado en nuestros países, pues demuestra el plan macabro de haber secuestrado en vida una niña de apenas 19 años de edad, embarazada de 7 meses y medio, quien había recién comenzado a vivir llena de esperanzas».

En este contexto, la carta afirma que al cerrar el caso, el fiscal Moller actuó con «total arbitrariedad y no honró lo mejor de la historia de nuestro pueblo (el uruguayo) colaborando para terminar con esta vergüenza», dado que, incluso, el presidente Vázquez había decidido que el asesinato y desaparición de María Claudia estaba fuera del amparo de la Ley de Caducidad. Con el agravante, además, de que «hoy los propios mandos militares en sus informes han aceptado declarar el lugar en que habían enterrado sus restos», dice la carta.

«Aún hoy, sabiendo usted (Moller) el lugar donde fue asesinada, no hay uno solo de los implicados en el traslado y posterior asesinato de María Claudia al SID, tanto el entonces Mayor Manuel Cordero, el ex Capitán José Arab  de lo cual hay testigos  como el Teniente Coronel Juan A. Rodríguez Buratti y al ferviente Coronel José Nino Gavazzo», en la cárcel.

Asimismo, las organizaciones que remitieron la carta sostienen que «en los fundamentos de Moller se reiteran conceptos jurídicos y de hecho que se han expresado por parte de los demás denunciantes» y rechazan que en sus argumentos el fiscal haya planteado «que en este caso no se trató de una acción ordenada por los mandos militares de la época sino de una operación delictiva particular despojada de ribetes y/o motivaciones políticas, resuelta exclusivamente por motivos de índole personal, esto es entregar una niña recién nacida para su custodia y dar muerte a su madre para ocultar evidencias por lo que no estaría alcanzado por la ley de caducidad».

También se dejó constancia en la carta que, a juicio de la Comisión de Derechos Humanos de Uruguayos en Argentina y de las demás organizaciones que adhirieron, «Moller entró en contradicciones, ya que si en principio consideró que fue un delito cometido por particulares  cosa totalmente desmentida por una inmensidad de testimonios  y lo encontraría por ese motivo fuera de la ley de caducidad, ¿Dónde están estos responsables que no están presos?».

«Con su resolución se ve consagrada la impunidad en nuestro país, y no sólo eso sino que el amparar a estos genocidas hace que cada vez se sientan con más derecho de intervenir en política y que lo que sucedió antes se vuelva a repetir en el futuro.

Ud. señor Fiscal ha violado todos los pactos internacionales firmados y ratificados aún en los gobiernos anteriores, tanto el de Julio María Sanguinetti, como el de Jorge Batlle, negando la calidad de permanencia e imprescriptibilidad de los delitos, que no debería quedar subordinada a la aparición de los cuerpos», sostiene la carta.

Las organizaciones de DDHH señalan que la aparición de los restos de María Claudia «sería para la familia un gran alivio», sin embargo aclaran que para los ciudadanos comunes que reclaman justicia el eventual hallazgo «no es suficiente pues la verdadera Paz y Justicia llega cuando se castiga a los responsables de tan aberrantes hechos».

La carta enviada a Moller y al presidente Vázquez concluye diciendo: «Adherimos pues a la postura de que se declaren ‘irritos, nulos disueltos y sin ningún valor para siempre’ imperativo ético de investigar y hacer justicia, la Ley de Caducidad de Pretensión Punitiva del Estado, y esto lo vamos a sostener ante Ud. y ante todas las autoridades de nuestro país, pues seguimos siendo artiguistas y sosteniendo que con Libertad no ofendemos ni tememos».

Al pie de la carta, aparecen numerosas firmas a las que se adhirió el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, las Abuelas de Plaza de Mayo, Berta Schubaroff (abuela de Macarena Gelman), la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos y el Comité para la Defensa de la Etica y los Derechos Humanos, entre otros. También fue firmada por Familiares de Detenidos Desaparecidos en Uruguay. *