Diputados blancos preguntan a Astori sobre procedimientos de la DGI en el este del país

Los legisladores recordaron que desde el mes de noviembre pasado la DGI realizó operativos inspectivos tanto en Canelones como en Maldonado y Rocha, en la temporada estival en lugares donde concurren «turistas nacionales y extranjeros que generan un importante flujo de inversiones, que a su vez demandan numerosa mano de obra».

Asimismo, «estamos ante una temporada turística que ha sido notoriamente afectada por varios factores, algunos externos como el corte de rutas de acceso a nuestro país y otros de carácter interno como, por ejemplo, la situación cambiaria diversa entre los países del Mercosur».

Aluden a que «dichos operativos fueron objeto de críticas por parte de las Cámaras Empresariales que agrupan a las más diversas formas de ejercer el comercio en forma legítima en nuestro país, en un comunicado del día 23 de enero de 2006″.

Señalan que «dichas críticas fueron dirigidas no hacia el debido control que debe ejercer la DGI, sino a la forma en que se realizaron y en cuanto no se fiscaliza debidamente al comercio informal que nada aporta a las arcas estatales y que constituyen una competencia desleal hacia quienes sí lo hacen, manteniendo su actividad todo el año».

«Y que los operativos de la DGI deben realizarse conforme a lo que establecen la Constitución y las leyes, amparando las garantías individuales. Es bueno recordar que la diferencia entre un Estado de Derecho y uno totalitario es que en el primero hasta el propio Estado se debe someter al ordenamiento jurídico», agregan.

Se refieren a la reunión que mantuvo el ministro de Turismo, Héctor Lescano con las cámaras empresariales el 18 de enero.

«El funcionario (Lescano) le dijo a los empresarios que comprendía la posición del sector y que además manifestó que había transmitido al director nacional de rentas, Eduardo Zaidensztat, su posición crítica respecto a la forma en que se habían realizado algunos procedimientos por parte del organismo», mencionan.

Y le preguntan al ministro Astori «si estaba enterado de dichas denuncias de desbordes de funcionarios» y, si lo estaba, «si tomó alguna medida correctiva respecto de dichos desbordes».

También consultan al titular del MEF sobre «si comparte las apreciaciones de su subordinado, el director general de Impositiva, acerca de la realización de denuncias judiciales a quienes comenten la forma como se llevan a cabo los procedimientos o a aquellos que discrepen con los lineamientos establecidos por el jerarca de la DGI».

Otra de las preguntas apunta a saber si «el señor ministro de Economía aprecia que los dichos del director de la DGI pueden configurar un acto arbitrario en perjuicio de los particulares, según lo establecido por el artículo 162 del Código Penal, que dice: el funcionario público que con abuso de su cargo cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código, será castigado con prisión de tres a veinticuatro meses, e inhabilitación especial de dos a seis años».

Otra de las preguntas a Astori es «si está en conocimiento del Acta por la cual la DGI intimó, durante los meses de noviembre y diciembre, a los corredores inmobiliarios a presentar un listado de las propiedades ofertadas que figuran en la cartera de la empresa. Detallar: nombre del propietario, padrón, ubicación, localidad, precios, período y si se trata de arrendamiento, venta o administración en cada caso».

De ser la respuesta afirmativa,»¿no piensa que dicha intimación está reñida con lo establecido en la Constitución de la República, art. 28, que especifica que ‘los papeles de los particulares y su correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie, son inviolables, y nunca podrá hacerse su registro, examen o interceptación sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general?».

Los blancos preguntan «en el rubro gastronómico y de corredores inmobiliarios, ¿cuántas fiscalizaciones se llevaron a cabo por la DGI, en Canelones, Maldonado y Rocha a empresas establecidas regularmente?, y ¿cuántos procedimientos a personas que ejercen el comercio en forma irregular, sin aportar a la DGI?». *