Banco Mundial autorizará los créditos solicitados por empresas Botnia y Ence

Fuentes del organismo de crédito explicaron a LA REPUBLICA que, si bien la iniciativa para estructurar algún tipo de negociación entre las partes «aún es solo una posibilidad», el tema está siendo analizado.

«Se está tratando de encontrar salidas que sean aceptables para las dos partes. Pero aún no se sabe cómo se instrumentarían, ni si se podrá llevar a cabo», indicaron.

El financiamiento solicitado por las empresas, Botnia, de capitales finlandeses y Ence, de origen español, alcanza a un 10% de la inversión prevista por ambas firmas, para la construcción de las dos plantas de procesamiento de pasta de celulosa, cuya edificación ha generado un diferendo con Argentina, instalado desde hace ya varios meses.

Paralelamente a esto, a la interna de la Corporación Financiera Internacional (CFI) órgano del Banco Mundial, corren los últimos días habilitados para presentar comentarios al «Informe Preliminar de Impacto Acumulado, Social y Ambiental», de la construcción de las plantas de celulosa.

 

El informe final de la CFI estará pronto a fin de mes

El período de consulta (para el cual la CFI habilitó un espacio en su sitio web, www.ifc.org/spanish) cerrará el viernes 17 de febrero; tras lo cual un panel de expertos evaluará los comentarios recibidos y ofrecerá a la IFC un informe final.

Esta comisión, designada para analizar las consultas, tendrá plazo hasta el 24 del corriente para entregar el mencionado documento.

Fuentes de la IFC, consultadas sobre la posibilidad de una negociación en el conflicto entre los países del Plata, respondieron enfáticamente que «los únicos aspectos que la Corporación analiza son los vinculados a las cuestiones técnicas relacionadas con la instalación de las plantas».

«Se estudiarán todos los argumentos y críticas presentadas al informe preliminar de impacto ambiental, y se incorporarán al informe final. Lo más importante es darle garantías a las partes de que sus reclamos son tendidos en cuenta por la Corporación». Tal como lo sugirió la Ombudsman del Banco Mundial, Meg Taylor, quien durante su auditoría en el Río de la Plata, señalizó que los procesos de comunicación entorno al tema de la instalación de los emprendimientos, habían fallado.

Cabe recordar que la cancillería argentina, presentó un informe técnico donde objetó parte de lo expuesto en el documento elaborado por la IFC.

A mediados de enero, el canciller argentino, Jorge Taiana, envió al titular del Banco Mundial, Paul Wolfowitz «las objeciones del gobierno argentino» donde se advertía que «las plantas pueden generar perjuicio sensible a la Argentina y que ello causaría responsabilidades patrimoniales muy serias para, entre otros, las empresas industriales y las entidades financieras participantes».

Para Argentina, la CFI «ignora que existe una controversia entre la Argentina y el Uruguay sobre la aplicación del Estatuto del Río Uruguay de 1975″. Controversia que, según representantes gubernamentales de la vecina orilla, surgió «cuando se autorizaron unilateralmente los proyectos, a pesar de los requerimientos reiterados de la Argentina para que se suspenda la construcción de las plantas, hasta tanto pueda determinarse de manera objetiva y fehaciente, su impacto acumulado transfronterizo». *