Blancos y colorados cerraron filas: no ordenaron destrucción de documentos

El vicealmirante Juan Fernández admitió el miércoles, poco después de asumir el cargo, que «muchos archivos faltan» porque fueron destruidos por disposición del Poder Ejecutivo «hace más de una década».

«Yo estuve preguntando, incluso a oficiales retirados, y la explicación que se me dio es que en la última década, en realidad más de diez años, fueron destruidos». «Lo que sucedió es que hubo diferentes órdenes del Poder Ejecutivo de destruir los legajos de las personas que estaban incluidas por temas ideológicos. Hubo una época en que a las personas que pertenecían a determinados partidos se les abría una ficha, y eso se mandó destruir».

«Para presentar el segundo informe que se le requirió a la Armada Nacional hubo que buscar nombres y personas que habían estado detenidas en la Prefectura hace ya 30 años y hay parte del archivo que no aparece, que fue destruido en los últimos 20 años».

El vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, se mostró sorprendido con el anuncio. «No tengo ninguna opinión porque no sé de qué archivos se trata, no los explicitó. En fin… a mí me sorprendió», remarcó el jerarca.

Consultado sobre si es necesaria una investigación interna para esclarecer el tema, Nin Novoa señaló: «Creo que eso está en manos de la propia jerarquía de las Fuerzas Armadas».

Pero el senador socialista José Korzeniak admitió que poseía información de quema de archivos referidos a la represión, pero también a posibles delitos económicos.

Korzeniak afirmó ayer que tiene información sobre que «determinadas personas quemaron documentación», no sólo del ámbito referente a los Derechos Humanos, sino también de «los denominados fondos negros, en faltantes de dinero», aludiendo a recursos destinados a las Fuerzas Armadas.

Agregó que esta situación «fue puesta en conocimiento en los lugares en que debía ser puesta de manera reservada», y aseguró que «algunos de estos hechos (que no sólo involucraba en materia de Derechos Humanos) se produjeron durante la administración encabezada por Luis Brezzo en el Ministerio de Defensa Nacional, quien desconocía el asunto, y en otros casos se trataba de datos que le suministraron con anterioridad».

En diálogo con LA REPUBLICA el senador Korzeniak manifestó que «no se ha hecho ninguna comprobación pero sí es cierto que gente que tiene por qué saberlo –yo no había hablado nunca con el comandante en jefe actual–, pero otros oficiales me habían informado que se habían quemado cosas, y no solamente vinculadas a actos de represión, también vinculadas a actos de corrupción». Sobre la fecha de estos sucesos, Korzeniak recordó que «en algunos aspectos estamos hablando de un par de años, y en otros casos, más atrás. En algunos, en el tiempo aquel en que hubo aquel robo de municiones, había documentos referidos a unos explosivos que habían sido robados en La Paloma, y esos documentos se quemaron por orden de algún funcionario importante». !=»Yo afirmo que el ministro no sabía porque yo se lo planteé a él (Brezzo) directamente y no tenía la menor idea», aludió. En relación a delito de tipo económico, mencionó que también recibió información sobre «faltante de dinero en lo que algunos llaman las `cuentas negras´ dentro de las Fuerzas Armadas, que son fondos confidenciales que a veces se usan en ciertas cosas de las que nunca se rinden cuentas públicamente y a veces se han comprobado faltantes grandes y se ha quemado lo contable que demostraba eso. Yo tenía noticias de ese tipo. De manera que la afirmación genérica que hizo (el contralmirante) Fernández, yo por los elementos que he tenido, coinciden».

Korzeniak puntualizó que este tipo de denuncias «no figuran a un nivel oficial, no era un informe de un jerarca militar, por lo menos lo que yo conozco desde que está la compañera Azucena (Berrutti), ningún jerarca le hizo un informe oficial diciendo esto, pero indicios había y lo que yo obtuve se lo puse a disposición de la ministra».

Por lo tanto, los dichos del contralmirante Fernández Maggio «me dan otro indicio más de que eran verdad esas informaciones que yo recibía. Yo no las he sistematizado como para poder decir que exactamente es así. He tratado de confrontarla por varias vías y coinciden».

 

Asombro de blancos y colorados

Pero a nivel del Partido Colorado y del Partido Nacional, las afirmaciones de Fernández causaron asombro. El doctor Carlos Ramela, ex asesor de la Presidencia de Jorge Batlle, dijo ayer a El Espectador que «nunca se tuvo confirmación de esta información y que, de ser cierta, no involucra al gobierno en el que participó».

Agregó que «nunca se conoció ese hecho y cuando se preguntó en la comisión sobre la existencia de archivos, se dijo que no existían esos elementos». Sostuvo que si bien se podía suponer que hubo una destrucción, nadie lo dijo y nadie habló de que hubiera existido una orden expresa del Poder Ejecutivo. Y se mostró sorprendido por el hecho de que ahora aparezcan estos datos.

«Llama la atención de que ahora hay gente que recuerda cosas que durante años no recordó. Porque esta gente estaba en las líneas de mando, formaba parte ya de la jerarquía de la Armada», afirmó.

Yamandú Fau, ex ministro de Defensa del gobierno de Batlle, dijo que en la administración anterior (y en lo que tiene conocimiento) «jamás» se dio una orden de destrucción de ningún material que estuviera archivado ni se recibió información de que alguna repartición estuviera destruyendo documentación.

«Jamás se ordenó la destrucción de ningún material y jamás se tuvo conocimiento de que se hubiera procedido de esa manera. De pronto, el señor comandante tiene más información que la que podamos tener nosotros. Nunca escuché. Es la primera vez», aseguró. En el Partido Nacional, el ex presidente Luis Alberto Lacalle no quiso hacer declaraciones sobre el tema. Pero el ex vicepresidente nacionalista Gonzalo Aguirre dijo también a El Espectador que le sorprende mucho lo que dijo el nuevo comandante de la Armada. Y agregó que él deberá asumir la responsabilidad de sus dichos. «Nunca integré el Poder Ejecutivo. Mis cargos fueron en el Poder Legislativo; si bien como vicepresidente de la República en varias oportunidades estuve encargado del despacho de la Presidencia, en las ausencias del país del doctor Lacalle. Pero jamás tuve intervención en estos temas. Y no tengo el mínimo conocimiento de que ello haya ocurrido. En nuestro país se dicen cosas muy graves y se hacen acusaciones sobre todo de los temas vinculados a la Ley de Caducidad y a los excesos y delitos y crímenes cometidos durante la dictadura, pero es la primera vez que oigo semejante afirmación», dijo. El senador herrerista Luis Alberto Heber opinó ayer que «sería bueno saber cuándo fue» que se destruyeron los archivos, durante qué administración de gobierno ello sucedió. *