Juez de Colón no aclara rumores sobre qué resolvió; situación confusa

Ambientalistas cortan puentes y piden que los camiones se vuelvan para Chile

La chilena Patricia Pizarro, la propietaria de ocho de los once camiones que traen vigas para Botnia, detenidos en Colón, dijo anoche a LA REPUBLICA haber recibido una llamada de alguien que se identificó como «ambientalista argentino», quien le manifestó que regresara con sus vehículos a Chile. «Recibí la llamada de un ambientalista argentino diciéndome que lo mejor que podía hacer era traerme de nuevo los camiones a Chile –dijo Pizarro, cuya voz sonaba desolada–. Y me anunció que van a parar todos los camiones, por Puerto Unzué, Colón, Concordia e incluso Paso de los Libres, si pensábamos cruzar el río Uruguay dando la vuelta por Brasil».

Pizarro dijo también que se comunicó con Gendarmería argentina y que allí «no hay orden judicial alguna». La empresaria volverá hoy a plantear el tema a la Cancillería de su país. La empresaria habla del «secuestro» de sus camiones y agrega que «si esto ocurriera en Chile, ya los carabineros hubieran intervenido para preservar el orden». «Esto es ilegal, no hay ninguna norma que ampare lo que están haciendo», dijo.

Entre tanto, circulan al menos tres versiones contradictorias sobre lo que habría dispuesto el juez federal subrogante de Colón, Benardo Aranguren. Ayer, en escuetas declaraciones a Canal 10, Aranguren, en lugar de aclarar, se limitó a decir que no daría más declaraciones a la prensa. «Acá hay momentos de tensión» opinó.

Hoy se cumple el noveno día de bloqueo a los camiones con vigas y materiales de construcción para la empresa Botnia. Los choferes de los once vehículos de carga secuestrados en la cabecera del puente internacional General Artigas, reclaman que una pronta solución que destrabe el conflicto.

Las gestiones chilenas para que se respete la libre circulación de su mercadería está a cargo del embajador en Buenos Aires, Luis Maira, quien sería el futuro canciller de Chile.

Por su parte, el propietario del camión secuestrado por Greenpeace, Osvaldo Ottonello, indicó a LA REPUBLICA que hasta el momento, la situación permanece incambiada. Expresó que durante la tarde se comunicó con personal de Aduana argentina y se le informó que «aparentemente los camiones podían ser liberados en dos días».

 

Versiones

Circulan varias versiones sobre la presunta resolución judicial, autorizando a la Gendarmería a ordenar a los ambientalistas a liberar los camiones secuestrados.

Unos trascendidos exponen que el juez ordenó a Gendarmería «arbitrar las medidas legales necesarias para garantizar la normal circulación de los medios de carga, velando por la integridad física de los manifestantes y de las personas que pudieran estar en el lugar». El propio asesor legal de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, Fabián Moreno Navarro, declaró al periódico «La Calle» que en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay se ordenó la liberación de los camiones interceptados.

Pero por otro lado, la Gendarmería de Colón señala que hasta el momento no han recibido ninguna resolución judicial de ese tipo. La Gendarmería Nacional de Colón, también desmintió que esa fuerza hubiese mantenido una reunión con Aranguren, por la liberación de los camiones.

Finalmente, otras versiones hacen referencia a que el magistrado se encuentra a la espera del dictamen del Grupo Técnico de Alto Nivel (que deberá presentarse el lunes próximo).

Los opositores a las plantas presentaron ante el Juzgado de Concepción del Uruguay, un recurso de caracter urgente, para que se impida el traslado por territorio argentino, de vehículos con carga para las empresas que construyen sus plantas de celulosa en Fray Bentos.

El abogado dijo que sobre la solicitud de cerrar fronteras, «por ahora sólo se tomó la decisión de prorrogar una definición sobre el tema hasta tanto el juez Aranguren no tenga en sus manos el informe técnico realizado por la Comisión Binacional».

Moreno polemizaba así con quienes entendían que la orden de liberar los camiones equivalía a rechazar el cierre de fronteras para los materiales de construcción.

Aranguren, entendió que había un correlato vinculatorio entre la denuncia penal del Busti contra las plantas por tentativa de contaminación y la presentación de los asambleístas. *

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