Ante la Justicia, uno de los principales ocupantes

La jueza de Bella Unión Alejandra Casullo tomará declaraciones hoy a otros de los 28 cañeros que se responsabilizaron por la ocupación de las dos facciones del Instituto de Nacional de Colonización (INC), en la entrada al ingenio industrial de Calnu, sobre la Ruta Nacional Nº 3.

«Si la Justicia hubiera constatado con objetividad que hubo daño y dolo ya habría ordenado el desalojo y procesado a su responsables», dijo a LA REPUBLICA el abogado de los ocupantes Antonio Ramauro, de la Unión Nacional de Trabajadores Rurales y Afines (Unatra).

Uno de los citados para hoy por la jueza Casullo es Junior Belén, uno de los referentes principales de la ocupación y actual vicepresidente del Sindicato de Obreros de Calnu Artigas (SOCA). Otros cañeros serán citados en los próximos días en forma escalonada, según se especula.

Cuando culmine la toma de declaraciones, la jueza dará traslado del expediente en vista a la fiscal Silvia Ferreira, quien deberá tipificar si la ocupación configuró o no un delito penal de «usurpación» de bien inmueble, tal como está previsto por el artículo 354 del Código Penal.

Si la jueza y la fiscal coinciden que hubo delito, los ocupantes serán desalojados y los responsables de la medida de fuerza podrían ser condenados a cumplir con una pena alternativa, o serían castigados con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, según el CP.

Belén estaba citado para el viernes pero no concurrió porque viajó a Montevideo para reunirse con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y con la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap), para expresar la opinión de los cañeros.

Junto a Belén viajó el vocal de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA) Ricardo Ferreira, y el tambero Mario Tedi, de la Asociación de Pequeños Agricultores y Asalariados Rurales de Bella Unión (Apparbu). Ya declaró Luis López, el presidente de la UTAA.

El campo ocupado, las fracciones 43 y 46 de la «Colonia Villa España» del INC, estaba adjudicado al ex colono y productor de caña Conrado Villalba, quien denunció la ocupación a pesar que abandonó el predio hace 11 años y adeuda 26 mil dólares por arrendamientos impagos. *