"Ojalá los ‘peludos’ se multipliquen y así crear el país productivo que queremos"

La legisladora del Movimiento de Participación Popular (MPP) se comprometió a informar el próximo martes a la Comisión Permanente del Parlamento (ella es suplente del diputado Luis Rosadilla) las características de la actual situación y los proyectos que los ocupantes tienen a futuro.

Dijo que el responsable de la actual situación es el Instituto de Colonización que durante los pasados gobiernos no controló las tierras entregadas.

«Ojalá los ‘peludos’ se multipliquen y así crear el país productivo que queremos», manifestó.

Un actual asesor de la legisladora Passada, Antonio Ramauro, es abogado de la Unión Nacional de Trabajadores Rurales y Afines (Unatra) y hoy su función es asesorar a los ocupantes norteños cuando la Justicia determine citarlos a declarar.

 

–¿Qué lectura se puede hacer de la actual situación?

–Primero hay que desmitificar la ocupación. Independientemente de la ocupación o no, en el país había, hasta la gestión del anterior gobierno, un Instituto de Colonización que no seguía las políticas que debía llevar adelante ni estaba controlando realmente si a los que se les entregaba la tierra cumplían la función social de hacerla producir, como es el caso del propietario que tenía estos terrenos y que desde el año 2001 no estaba haciendo ninguna producción. Por eso es que el propio Instituto de Colonización correctamente estaba realizando las acciones judiciales correspondientes para quitarle estas tierras.

Aquí me encontré con colonos que habían hecho el trámite correspondiente ante el Instituto de Colonización desde hace 30 años y que ahora ven las posibilidades ante un gobierno que efectivamente van a entregarle tierras a quienes las quieran trabajar. Ahora mismo aquí hay gente que ya está trabajando la tierra y ves que el interés no es por el solo hecho de ocupar sino por el de trabajar.

 

–¿Se puede decir entonces, ante las irregularidades que ha denunciado, que es justificable la ocupación?

–Yo no estoy diciendo que se justifique la medida. La Justicia tiene que cumplir sus plazos legales. La persona que todavía tiene estas tierras –porque no se ha iniciado el trámite judicial correspondiente– fue la que hizo la denuncia penal y el trámite penal se llevará adelante.

Acá estamos hablando de 30 hectáreas. Tenemos un país que ha sido devastado y en el que realmente tiene que cumplir la política social y darle la tierra a la gente que está con la decisión de cambiar y que quiere trabajar.

Ojalá encontremos unos cuantos «peludos» y trabajadores rurales que se multupliquen en todo el país para empezar a ser el país productivo que ha prometido este gobierno.

Pero también es cierto que los tiempos políticos no son los tiempos sociales y los tiempos de la gente, y esas cosas las tenemos que ir regulando.

 

–¿Quién debería entonces resolver la situación? ¿El Instituto Nacional de Colonización?

–Claro. No olvidemos además que hay una propuesta que involucra a Calnu. Yo creo que acá va a haber anuncios importantes a la brevedad. Hay una propuesta que tiene que ver con el país productivo referido a 9.000 hectáreas para trabajar en el propio Calnu.

Uno se puede preguntar ¿por qué no ocuparon antes? Sí, es cierto, podrían haber ocupado en otro gobierno. La necesidad de la gente viene de hace mucho tiempo y este gobierno está dispuesto a dialogar.

 

–¿Y qué pasa si la ocupación en Artigas genera un precedente y se da en otra zona del país un hecho similar?

–Yo no hablo de generar precedentes.

 

–Pero esa es la pregunta que le hago.

–Sí, pero yo te digo que si el Instituto de Colonización va a llevar adelante lo que tiene dispuesto, bueno, no van a ser necesarias ocupaciones porque las tierras se entregarán. Acá había un proceso legal que había que destrabar.

En otros puntos del país, Colonización y el Ministerio de Ganadería harán procedimientos mixtos, cuya propuesta es entregarle tierra para que la gente la trabaje. *