El de Busti es "un gobierno absolutamente intolerante hacia toda visión opositora"

Esto es lo que piensan y escriben los argentinos sobre el polémico y ahora conocido por los uruguayos gobernador de Entre Ríos Jorge Busti.

En primer lugar hace referencia a las críticas del gobernador a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) para concluir en una pregunta «¿qué clase de control de la gestión estatal quiere el gobernador, lo cual no es un problema menor si revisamos su historia, marcada por las incoherencias entre sus discursos, cautelosos cuando las circunstancias lo obligan contener su temperamento, y sus acciones de choque con todo lo que represente un obstáculo a su ambición de poder, imposible de disimular».

Denuncia luego «la designación de la abogada particular de Busti, Claudia Mizawak, como fiscal de Estado; es decir que la persona que ejerce el control de la legalidad de los actos del Estado, está claramente comprendida en las generales de la ley por su vínculo estrecho con el titular del poder administrador. Si bien hay que reconocer que esta situación no es ilegal, ni es vicio exclusivo de la gestión actual, no por eso resulta éticamente justificable en ningún caso, en especial si tenemos presente que la conexión de Busti como cliente particular de Mizawak ya había tenido una connotación política pública y notoria».

Prosigue la nota: «este es uno de los rasgos que dan muestra del despotismo de un gobierno absolutamente intolerante hacia toda visión opositora, con una clara determinación de silenciar las críticas, como lo atestiguaron recientemente de modo particular tres periodistas en Paraná: Tirso Fiorotto, fue agredido verbalmente por el gobernador; Daniel Enz también tuvo su parte al ser amenazado por Ernesto Geuna, quien fue titular de la Policía de la Provincia hasta el día mismo del hecho; anteriormente, Oscar Londero se había visto obligado a acudir a la Justicia para lograr el acceso a la información pública sobre el gasto en publicidad oficial, con un fallo favorable a sus pretensiones que el Gobierno ha apelado. Ante este panorama vale preguntarse si podrá creerse que el poder político es honesto al insinuar la más mínima voluntad de facilitar el control de su propia gestión de una forma seria».

Las criticas de Martín Morahan no se detienen: «tenemos un escenario peligroso al que debemos prestarle mucha atención, sabiendo que los feudos se generan con pobreza, clientelismo, despotismo, censura a las voces alternativas y toda una gama de situaciones que en definitiva hacen que una población determinada se sienta acorralada.

Un gobierno como el de Busti demuestra que la voluntad popular le importa sólo en la medida en que pueda ser útil a sus planes. Por caso, se interesó por la oposición a las pasteras de Fray Bentos cuando Gualeguaychú estaba muy revuelto, con repercusiones binacionales y se acercaban las elecciones, lo que lo ponía en la exigencia de actuar de manera clara, no con simples adhesiones verbales, para evitar una costosísima pérdida de popularidad. Difícilmente podríamos imaginar al gobernador comprometido con lo que reclamaba el pueblo, cuando él mismo en su segundo mandato se había manifestado a favor del desembarco en nuestro territorio de esas industrias, que eran igualmente contaminantes, como lo demostró el periodista Tirso Fiorotto, corresponsal del diario La Nación en Entre Ríos, lo que al profesional le valió ganarse una embestida verbal absolutamente desmedida por parte de Busti.

Por otra parte, si tuviéramos un gobernador tan interesado en la preservación de un medio ambiente sano para nuestra población, que no se fijara sólo en su imagen, seguramente tendríamos más respuestas sobre lo que pasa con el río Paraná, donde la mortandad de peces, que nunca terminó, reclama un análisis más serio y exhaustivo que los que vienen dándose a conocer, pero no habiendo marchas con miles de personas, el río se ve cómodamente desde muy lejos.

Dentro de la problemática socioambiental, no debemos perder de vista el doble discurso oficial que por un lado opone una resistencia a las plantas de celulosa de Ence y Botnia, que por otro lado no se puede sostener por sí mismo sin un gobierno nacional que lo defienda de sus propios deslices, y a la vez resuelve enajenar 1.900 hectáreas de la estancia El Quebracho a favor de Granja Tres Arroyos para la instalación de una de las industrias más contaminantes conocidas, como lo son los frigoríficos de cerdos, con la consecuente tala del monte nativo, casi extinto en nuestra provincia y del que sólo queda una mínima reserva en el norte, donde se encuentra el área de intervención elegida». *