Se vienen más leyes laborales en 2006

A pocos días de haberse sancionado la Ley de Libertad Sindical el gobierno ajusta los detalles de las próximas leyes laborales, denominadas en la interna del gobierno como «de promoción sindical». La primera a la que le hincarán el diente es a la que establece el nuevo orden sobre las ocupaciones en los lugares de trabajo.

Ocurre que desde que el Ministerio del Interior encabezado por José Díaz «derogó el decreto que habilitaba a la Policía a desalojar los lugares de trabajo ocupados, se generó un vacío de poder», dijo a este diario un vocero del partido de gobierno que optó por el anonimato.

El mismo ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, había cuestionado en una comisión parlamentaria la eliminación de desalojar por parte del Ministerio del Interior las ocupaciones sindicales. «Si me hubieran preguntado a mí, no la hubiera derogado», había dicho el secretario de Estado.

Ese «vacío de poder» viene siendo estudiado incluso por el Poder Judicial. A nivel político, el Partido Nacional ha esgrimido en los últimos meses algunos borradores y proyectos de leyes tendentes a cubrir ese vacío. Los diputados Gustavo Borsari y Alvaro Delgado fueron algunos de los legisladores que oportunamente presentaron propuestas que, una vez tratadas, no prosperaron.

Por parte de la bancada parlamentaria del gobierno subsiste la intención de concederle a los sindicatos el poder de decidir finalmente la medida de ocupación de los lugares de trabajo, en una suerte de autorregulación sin mayores intermediarios fuera de la órbita laboral.

Se maneja la posibilidad de llegar a esa medida sindical mediante el voto secreto en los gremios –toda una novedad–, y que sea la mayoría la que definitivamente resuelva. Está muy fresca la experiencia vivida en la planta procesadora de químicos Dirox del departamento de San José, donde fue ocupada por varias semanas por un grupo reducido de trabajadores mientras que la mayoría se había negado a la medida y optaba por volver a trabajar. «No queremos volver a vivir esa experiencia», dijo la fuente.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social habla de reglamentar el derecho a la huelga y de «agotar todas las instancias de diálogo» como paso previo a una medida extrema como la ocupación, dijo en un año donde estadística y oficialmente los conflictos han sido notoriamente menores al número de empresas efectivamente ocupadas.

 

Tercerizaciones en la mira

El 24 de octubre pasado, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento otro proyecto de ley referido al ámbito laboral y por el cual «se busca crear una protección adecuada del trabajador frente a los procesos de descentralización empresarial», dice el documento en su exposición de motivos que lleva la firma del ministro de Trabajo.

La tercerización empresarial a la que alude el proyecto comprende la modalidad de derivar servicios que históricamente realizaba el Estado en sus propias dependencias y que de un tiempo a esta parte ha abandonado para ser atendidos por empresas privadas.

En su primer artículo, el proyecto establece que «toda empresa que contrate intermediarios, deberá exigir las constancias de pago, tanto de las remuneraciones de los trabajadores como de las contribuciones a la Seguridad Social y primas de accidente de trabajo y enfermedad profesional».

El proyecto del Poder Ejecutivo también equipara los salarios de los trabajadores de la empresa contratada con los de los funcionarios públicos de la empresa atendida, estableciendo el criterio de a igual trabajo, igual salario, iguales beneficios.

En la pasada legislatura, el diputado del Frente Amplio Juan José Bentancor también había presentado un proyecto sobre reglamentaciones laborales para las empresas adjudicadas por el Estado, de similares características al presentado este año por el Poder Ejecutivo.

El gobierno ha constatado en estas empresas contratadas un cierto desamparo de sus trabajadores y, a la vez, un desentendimiento por parte de la empresa pública atendida, de las omisiones laborales reglamentarias.

El proyecto promovido por el diputado Bentancor señala en uno de sus artículos que la remuneración del trabajador no será inferior a la existente para tareas iguales en la empresa usuaria. En otro capítulo se subraya que «no podrán ser utilizadas estas modalidades de contratación para sustituir trabajadores permanentes en estado de huelga (o en el seguro de paro), debiendo en su caso reintegrarse el trabajador permanente».

 

Mora por atrasos

Una tercera ley que el gobierno desempolvará en los primeros meses del año que comenzamos a transitar se refiere a establecer criterios de morosidad a los empleadores que se atrasen en el pago de los salarios a sus trabajadores.

Sobre el punto no existe unanimidad de criterios por parte de los legisladores de la izquierda, entendiendo que primero se deberá regular las fechas concernientes al pago de los sueldos, en el caso de ser trabajadores que cobren en períodos mensuales, quincenales o semanales y de fijar un porcentaje «ejemplarizante» pero que a su vez no se transforme en un recargo oneroso.

La intención es regularizar a las empresas en el pago en fecha de los haberes, en detrimento de aplicar un porcentaje de recargo por cada día de atraso en el cumplimiento de saldar los salarios. *