La fiscal Guianze pide hoy por escrito "información" sobre el casquillo 9 mm

Los dos magistrados que subrogaron al juez Juan Carlos Fernández Lecchini, que tomó una licencia por la enfermedad de su esposa, el juez penal de 3er Turno, Sergio Torres, y el juez penal de 18º Turno, Alvaro Beyhaut, se enteraron ayer por la primicia de LA REPUBLICA.

En consecuencia, la fiscal penal de 2º Turno, Mirtha Guianze, anunció ayer a los dos magistrados que hoy presentará un escrito solicitando ser notificada del intrigante hallazgo que, según versiones, podría ser relacionado con la «ejecución sumaria» de la maestra Elena Quinteros.

Además, la representante del Ministerio Público y Fiscal pedirá saber si el Poder Judicial accedió a la habilitación de feria que ella solicitó para que el expediente por el homicidio de Quinteros continúe siendo instruido, aunque el Poder Ejecutivo suspenda todas las excavaciones.

En particular, la fiscal había pedido que se tomaran muestras de los restos mortales de la ex edila María «Tota» Almeida, la madre de la maestra Quinteros, víctima de un delito de «desaparición forzada», un pedido al que nunca dio trámite el juez Fernández Lecchini.

El juez Torres y la fiscal Guianze estuvieron presentes el lunes en el Batallón 13, el mismo día en que el Poder Ejecutivo convocó a los medios de comunicación para dar a conocer el hallazgo de un hueso del antebrazo de un cuerpo que correspondería a un desaparecido.

El juez y la fiscal concurrieron acompañados por un actuario judicial, el escribano Darío De Gregorio. Ninguno fue informado de la aparición del casquillo. Desde las 0.00 horas de ayer, la sede penal está a cargo del juez Beyhaut, quien tampoco fue notificado del hallazgo del casquillo.

No obstante, LA REPUBLICA pudo saber que el casquillo, que sería de vieja data y habría sido disparado por una pistola semiautomática, ya fue trasladado a la Dirección Nacional de Policía Técnica para un estudio de balística. Nunca fue remitido al Instituto Técnico Forense.

El magistrado Beyhaut está hasta el sábado a cargo del Juzgado Penal de 1er. Turno que aún investiga el «homicidio» de Elena Quinteros, un delito que ya derivó en el procesamiento del pachequista Juan Carlos Blanco, el ex canciller del presidente de facto Juan María Bordaberry.

Por su lado, el abogado patrocinante de la denuncia por el secuestro de Elena Quinteros, el doctor Pablo Chargoñia, presentó ante la misma sede penal una medida cautela de «no innovar» en los predios donde el Poder Ejecutivo ha estado buscando restos de los desaparecidos.

El doctor Chargoñia expresó preocupación por la preservación de las pruebas de la llamada «Operación Zanahoria», por la cual resultaron escondidos en predios militares los detenidos que fueron ejecutados y los que murieron por los efectos de los interrogatorios bajo tortura.

La fiscal Guianze y el abogado Chargoñia comparten su inquietud por lo que pudiera ocurrir con los restos de los otros desaparecidos que aún permanecen ocultos en los predios militares, durante el mes que el Poder Ejecutivo ya decidió que dejará las búsquedas en suspenso.

Chargoñia insistió en la necesidad de «vigilar» los batallones militares. *