Histórico consenso empresarial en rechazo a la ley de fuero sindical

En un hecho sin precedentes, las 17 principales cámaras empresariales del Uruguay -tras un debate de más de seis horas- se unieron ayer en torno a un documento de ocho puntos que refleja su disconformidad con la más que segura aprobación, por parte del Parlamento, de una ley de fueros sindicales, la cual homologará antes de fin de año el gobierno debido a que ese es su compromiso para con el PIT-CNT, según informaron a LA REPUBLICA fuentes empresariales.

Los detalles del contenido del documento serán presentados hoy a las 13.00 horas en un hotel céntrico, cuando los 17 presidentes juntos, en una misma mesa, muestren su «disconformidad» para con el texto que aprobaron ayer los senadores y que entre hoy y mañana tendrá el seguro «visto bueno» de los diputados.

Para responder los porqué de la postura, fueron nombrados para ser los voceros del grupo de cámaras, en la conferencia de prensa, los presidentes de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Fernando Mattos; de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui; y del Centro de Industriales Panaderos del Uruguay (CIPU), Elvira Domínguez.

Las mismas fuentes agregaron al diario plural que «hubo diferencias, pero todos entendieron que era necesario estar juntos, por eso la importancia del consenso, porque en el país tenemos que estar todos juntos o no hay salida».

Esta medida que adoptaron los empresarios «con el pasar del tiempo se verá lo positiva que fue, a pesar de que no salió una medida que conformara a todos, pero por lo menos no los desconformaba a todos».

 

«No conformaba a todos, pero no los desconformaba a todos»

Recordemos que el pasado 1ro. de noviembre, las cuatro principales cámaras que nuclean a más del 60% de los trabajadores del sector privado (Industria, Comercio, Construcción y la Asociación Rural), solicitaron una entrevista al presidente Tabaré Vázquez, donde le expresarían personalmente la «honda preocupación» que les suscitaba la aprobación del proyecto de fueros sindicales -tal como se venía barajando- al sector empresarial, pero la misma fue negada por «problemas de agenda» del primer mandatario.

Aclaremos que el «nuevo» texto beneficia a los empresarios con la no retroactividad de la ley y el polémico registro de empresas infractoras a la libertad sindical.

Mientras que los trabajadores contarán a su favor con la reinstalación de los obreros despedidos por persecución antisindical a su puesto de trabajo, la «licencia sindical» y el derecho a cobrar por aquellos jornales que se «pierdan» mientras dure el proceso de reinstalación.

Por otra parte, la norma establece dos instancias ante la justicia; una «acción de amparo» -que se extenderá por 30 días- para los dirigentes y fundadores de gremio o sindicatos, y el «juicio incidental», que servirá para los demás trabajadores, la que se extenderá hasta por 180 días. *