Partido Nacional, sin avances en proyecto alternativo

Pese a tenerlo en carpeta, redactado y ya revisado, Correntada Wilsonista no pudo avanzar ayer en la presentación de su proyecto alternativo al del gobierno, también interpretativo de la Ley de Caducidad al encontrar objeciones de los demás sectores del Partido Nacional. Las objeciones realizadas en el seno de la Comisión de Asuntos Políticos no pasaban por el contenido del articulado en el que existe total sintonía en la interna blanca, sino en la oportunidad en el calendario. La intención del sector liderado por el senador Francisco Gallinal era introducirlo para su análisis parlamentario ayer mismo pero, se topó con la negativa de los demás integrantes del nacionalismo.

Los cuestionamientos pasaban por entender que no era el momento político adecuado para que la bancada presentara el proyecto. Algunos sectores pretendían además que sea primero el gobierno que presente su proyecto interpretativo al de la ley de Caducidad, actualmente sujeto a las consideraciones de juristas y especialistas en Derecho.

Los argumentos no colmaron las expectativas del senador Gallinal que en lo que resta de la semana insistirá en la necesidad de presentar el proyecto redactado por él mismo. «Si no se logra el consenso, volveremos a insistir ésta semana o el lunes próximo en la sesión del Directorio» adelanto Gallinal.

El senador adelantó a LA REPUBLICA que en lo personal no esperará al mes de enero para presentarlo y «si los demás sectores se empeñan en no darle trámite, lo haré a título únicamente de Correntada Wilsonista».

El senador Gallinal defendió su propuesta señalando que la misma «garantiza una real interpretación de los delitos cometidos durante los años de la dictadura cívico-militar».

 

Dos artículos

El proyecto interpretativo blanco cuenta con dos artículos. En el primero, se entiende que todos los delitos cometidos en el período que van desde el 27 de julio de 1973 al 1º de marzo de 1985 con ribetes económicos y aquellos que tengan a menores en secuestros y desapariciones, están excluidos de la vigente Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

En su segundo y último artículo, el proyecto de Correntada establece y crea facultades al Poder Ejecutivo para abrir los archivos e investigar los casos de referencia aludidos en la propuesta. *