Lacalle: El ParlaSur "no tiene base jurídica"

«El Mercosur nació como un proyecto económico-comercial destinado a fomentar dos cosas: el libre tránsito de todos los factores comerciales entre los cuatro socios para aumentar la prosperidad y mejorar el mercado y, como bloque negociador, porque una cosa es negociar solo que ir junto a Brasil, Argentina o Paraguay», recordó el ex presidente firmante del Mercosur junto a los ex mandatarios de aquella época de Argentina (Carlos Menem), de Brasil (Fernando Collor de Melo) y Paraguay (Juan Carlos Wasmosy).

La integración a posteriori de los socios semiplenos como Chile y Bolivia ayudó a desdibujar el concepto inicial del bloque según Lacalle, «pero la integración comercial seguía siendo un tema central».

«Y ahora vemos que lo comercial queda de lado y se crea una categoría que no estaba pensada originalmente que es el socio político» dijo, en alusión a la reciente incorporación de Venezuela al Mercosur, aunque aclaró que «esto lo diríamos igual si en lugar de Venezuela fuera otra nación».

El dirigente sentenció que el Parlamento uruguayo no puede ratificar  cuando corresponda- el flamante ParlaSur (parlamento del Mercosur) «porque no tiene base jurídica», si antes no hay una reforma constitucional.

Si el carácter inconstitucional del parlamento del Mercosur, al entender de Lacalle, no fuera suficiente, el líder herrerista dijo que también es inconveniente para los intereses políticos del Uruguay «porque por sus dimensiones geográficas y en el lugar donde está ubicado, tiene que tener vínculos comerciales con todo el mundo pero vínculos políticos supranacionales, con nadie».

Lacalle vislumbra el carácter político del Mercosur, que a su entender perjudica al país, en la categoría de socio político de Venezuela y en la creación del parlamento del Mercosur.

 

Auditorías

El ex presidente Lacalle también se refirió a la conformación de una comisión investigadora parlamentaria sobre la gestión desarrollada en la anterior administración por dos bancos y cinco entes, a pedido de la bancada de diputados del gobierno.

Señaló que «si bien la conformación actual del Parlamento le permitirá crearla (a la investigadora), cuidado con dar nombres y acusaciones que destruyan la reputación de personas», aunque adelantó que «si aparecen irregularidades, hay que ser muy severos con ellas».

 

Ley de caducidad

Lacalle sostuvo que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado tal cual rige permite al Presidente de la República actual investigar y excluir en consecuencia los delitos de provecho económico ocurridos durante la dictadura cívico-militar. Destacó también que el Parlamento no está capacitado para derogar la ley «porque no tiene la potestad», dejando esa posibilidad exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia.

No obstante ello, ante el abanico jurídico que se abre de crear una ley interpretativa o directamente derogar la norma, Lacalle manifiesta que «habría que preguntarse si ésta (la ley de Caducidad) no debería ser nuevamente consultada (a la ciudadanía). En definitiva, tiene los votos de la coalición de izquierda y por lo tanto es seguro que será la norma que se apruebe. La hemos calificado de inútil e inconveniente porque entrarán a jugar otras normas penales como la de la prescripción, que no permitirán que se abran nuevas investigaciones y porque no conviene a los logros de paz y concordia que lentamente se iban logrando». *