Mantendrán régimen de salidas transitorias

Mariño fue saludado en la Sala de Acuerdos del Palacio Piria por los demás ministros de la Corte, por Jorge Batlle y las autoridades de gobierno. Posteriormente el Batallón de Zapadores realizó un desfile militar en la puerta de la sede de la Suprema Corte.

Para el presidente del máximo órgano del Poder Judicial, entre los principales desafíos que deberá afrontar la corporación para el presente año se encuentra la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal. En tal sentido exlicó que la aplicación del nuevo Código insumirá un total de ocho millones de dólares. Además destacó que es necesario para su puesta en marcha la previa aprobación de un proyecto de ley que tiene media sanción en el Parlamento y que prevé la asignación de U$S dos millones en su primer año de aplicación.

«Una vez obtenidos los recursos financieros, el nuevo Código podría aplicarse en ocho meses», destacó Mariño.

Entre otras cosas, el designado por segunda vez como presidente de la corporación desde que integra la misma, dijo que es prioridad del Poder Judicial llevar adelante «una importante mejora en la faz técnica y administrativa».

También se refirió a la importancia de «un presupuesto acorde a las necesidades del Poder Judicial», para de esta forma «reforzar la materia penal» y modificar algunas propuestas que el propio Jorge Batlle formuló, relacionadas a las salidas transitorias.

«Es importante obtener lo antes posible el dinero para tener los ocho juzgados penales ajustados en su parte edilicia para que el Código tenga un funcionamiento sin tropiezos», expresó Mariño.

Autoridades presentes

Entre los presentes en la ceremonia de Apertura de los Tribunales, además del presidente electo, Jorge Batlle, y su esposa, Mercedes Menafra, se encontraba el diputado electo por Montevideo Oscar Magurno, el ministro del Interior, Guillermo Stirling y el subsecretario de dicha cartera, Daniel Borrelli. También estaban los demás ministros de la Corte y distintas autoridades del Poder Judicial.

En relación al proyecto de aumento de penas que viene siendo analizado en el Parlamento por los representantes blancos y colorados, Mariño también reiteró su posición contraria, afirmando que «hablar de penas de penitenciaría para un delito de hurto agravado que son todos, significaría para el país tener dentro de dos años, nada más que por autores de ese tipo de delito, unas cinco o seis mil personas, por lo que habría que crear cárceles solamente para autores de delitos de hurto». Agregó que el gasto que implicaría esta medida sería más conveniente volcarlo al Ministerio del Interior para desarrollar una mejor prevención del delito o simplemente para la educación «que es el primer eslabón que tiene que buscar el país para tener menos delincuencia».