Corte no accede al reclamo de los peritos

«La ley existe y se tiene que cumplir tal cual es porque no va a cambiar en nada», dijo a LA REPUBLICA el recientemente designado presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Juan Mariño Chiarlone, al referirse a la decisión de la corporación de ir hasta las últimas consecuencias y decretar destituciones si constata que los peritos del Poder Judicial están siendo designados por los jueces para realizar pericias privadas. En el mes de diciembre LA REPUBLICA adelantó que esta decisión motivaría que peritos médicos, calígrafos y contables del Poder Judicial, presentarían renuncia a sus funciones si la Corte mantenía dicha prohibición.

De esta forma se mantiene el malestar entre la Suprema Corte y los peritos del Poder Judicial, que han anunciado ya que presentarán su renuncia a los cargos que actualmente desempeñan.

La corporación ordenó en el mes de diciembre a todos los magistrados, que remitan una lista con todos los peritos designados para casos donde los honorarios corren por cuenta de los litigantes. Esta iniciativa se basó, según informaron fuentes de la Corte, en que hay varios temas relacionados con la transparencia y el respeto de las leyes vigentes que preocupan a los ministros. De todas formas, la fuente informante también aseguró que entre los ministros existieron algunas diferencias sobre el alcance de esta ley, ya que «no se midieron las consecuencias que podía traer», dado que no se tuvo en cuenta una mejora en los salarios de los peritos al implementarse dicha prohibición.

También es tema de preocupación para los titulares de la justicia, la designación reiterada de una serie de contadores y de otros profesionales que no revisten en la plantilla del Poder Judicial, para actuar en casos donde los particulares o la propia Corte deben pagar altos honorarios.

La Corporación y la Asociación de Peritos Judiciales se encuentran enfrentados por la interpretación de la ley 17.088 que reglamenta la actividad de los peritos judiciales. En tal sentido los ministros sostienen que la carta de la ley es clara y terminante y que definitivamente los peritos judiciales no pueden actuar en casos judiciales donde los costos corren por cuenta de los particulares litigantes.

En cambio los peritos afirman que el texto de la ley no es claro y que debe ser reglamentado. «Entendemos que una cosa es la pericia particular y otra cosa es la pericia ordenada por el juez o el perito ordenado por el juez que es lo que hemos hecho hasta ahora, trabajar cuando somos designados por los jueces en el ámbito civil, en el penal somos asesores naturales», afirmó Beatriz Balbela, presidenta de la Asociación de Peritos Judiciales.

La Corte también puso su mira en determinados peritos contables, que trabajan en el ámbito estrictamente privado, pero que sistemáticamente son designados por los jueces para actuar. Estos profesionales cobran importantes honorarios que costea el Poder Judicial. La Justicia cuenta con un cuerpo de 200 técnicos pprofesionales que asesoran a los jueces en casos de familia, pericias caligráficas, asistencia psicológica, medicina legal y profilaxis social.