Juez federal argentino Daniel Rafecas prioriza indagación sobre "Caso Orletti"

El juez federal argentino de 3er. Turno, Daniel Rafecas, quien atiende la causa «Primer Cuerpo de Ejército» en Buenos Aires, ha colocado como prioridad de sus indagaciones el caso Automotores Orletti, en el que están implicados una serie de militares y civiles uruguayos cuya extradición sería solicitada.

Entre los extraditables, además de los mandos militares de la dictadura y un grupo de conocidos militares y policías que participaron en la represión, se incluyen el ex dictador Juan María Bordaberry, el ex canciller Juan Carlos Blanco, el ex embajador Gustavo Magariños, el ex cónsul Arisbel Arocha.

Rafecas ha recibiendo desde el mes de setiembre el testimonio de uruguayos detenidos en junio de 1976 que sobrevivieron al centro clandestino de detención conocido como Orletti y de familiares de otros uruguayos que, secuestrados en el mes de octubre de ese año, permanecen desaparecidos.

El magistrado argentino ya ha incorporado al expediente de Orletti los informes que sobre el tema desaparecidos elaboraron este año los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Aviación, y una serie de documentos secretos desclasificados por la Cancillería uruguaya.

Los documentos fueron incorporados dentro de la querella que ante Rafecas presentó el uruguayo Sergio López Burgos, quien detenido en Buenos Aires junto al sindicalista León Duarte, fue torturado en Orletti, trasladado ilegalmente a Montevideo, procesado por la justicia militar y preso hasta 1981.

En las próximas semanas viajará a Argentina otro grupo de víctimas y familiares de secuestrados en Orletti para dar testimonio ante el juez Rafecas, quien podría ampliar ahora sus pedidos de extradición a un grupo de civiles que ocupaban cargos de gobierno durante la dictadura.

 

En el vuelo de Bonelli

Luego de su liberación en 1981, Sergio López Burgos decidió fugar del país y exiliarse en Austria, donde habían conseguido refugio su mujer y su hija. Regresó a Uruguay tras la reinstitucionalización del país y ha dado su testimonio, que en particular, implica a la desaparición de León Duarte.

En la noche del 13 de junio de 1976, López Burgos fue detenido junto a Duarte, en un bar ubicado en la calle Boedo, entre Carlos Calvo y San Juan, de Buenos Aires. Uno de sus captores fue el coronel uruguayo Manuel Cordero, hoy prófugo en Brasil y también requerido por la Justicia argentina.

López Burgos relató al juez Rafecas el martirio de la tortura sufrido por ambos y los detalles del traslado masivo de aquella veintena de uruguayos secuestrados en Argentina, quienes -ahora se sabe- viajaron en un vuelo que piloteaba el actual comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli. El propio Bonelli firma el informe que sobre el tema desaparecidos elaboró este año la Fuerza Aérea Uruguaya por orden del presidente Tabaré Vázquez y en él, reconoce la existencia del «segundo vuelo» de Orletti en el que se trajo a Montevideo a otro grupo de uruguayos que hoy permanece desaparecido. Familiares de algunos de estos uruguayos, quienes habrían sido ejecutados en Montevideo un mes después de su traslado ilegal, serán algunos de los que darán su testimonio al juez federal Rafecas en el correr de las próximas semanas, según indicaron otras fuentes a LA REPUBLICA.

La querella presentada por López Burgos en Argentina, con el patrocinio de los abogados Gonzalo Romero y Pablo Barbuto, incluye como denunciados a un conocido grupo de civiles y militares uruguayos, pero también a una lista de represores argentinos, algunos de los cuales ya han sido procesados.

 

Pruebas comprometen

La amplia documentación presentada por López Burgos ante la Justicia argentina, incorpora documentos desclasificados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, donde se compromete al ex canciller Juan Carlos Blanco y a funcionarios diplomáticos del régimen militar.

Los documentos incluyen la Circular Nº8/976, rotulada como SECRETO, de la dirección para Asuntos de Política Exterior, fechada el 18 de febrero de 1976, en la que el ex canciller Blanco da instrucciones a los jefes de misión diplomática sobre cómo actuar en el marco de un plan exterior de la dictadura.

El plan ante la «Campaña Internacional contra la Imagen Exterior de Uruguay», explica que «el gobierno a través de varias de sus agencias, ha organizado los procedimientos y medidas para cumplir la misión que se ha decidido emprender», en la que el Servicio Exterior era uno de esos agentes.

«En el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección para Asuntos de Política Exterior coordina las acciones en el exterior y es enlace con las demás agencias nacionales participantes de esta misión», se indica, confirmando que las embajadas tenían relación con las acciones represivas en el exterior.

El material documental, también identifica a una serie de funcionarios diplomáticos y consulares que actuaba bajo directo mando del Servicio de Información y Defensa (SID), que entonces coordinaba las acciones represivas en el exterior del país.

También se incluyen pruebas de una serie de armas cortas y largas que militares uruguayos trasladaron a Argentina a través de trámites diplomáticos y figuran los nombres de los oficiales que despacharon el armamento, aunque no se ha confirmado aún su utilización en las acciones represivas. *