El laconismo a veces habla más claro que las palabras

No hay duda del impacto político y, en especial, emocional, que tuvieron los hallazgos de los primeros restos de uruguayos detenidos, torturados, asesinados y desaparecidos por tres décadas.

En las últimas horas comenzaron a saldarse algunos de los duros y lacerantes pendientes del pasado de terrorismo de Estado. Del peor pasado, aquel que las dirigencias políticas dominantes hasta un año atrás quisieron volver a cubrir con una plancha, no de hormigón, sino de la más barata de las ideologías, la de la continua agitación del fantasma del terror.

Y hago referencia al triste papel de las elites políticas gobernantes entre marzo de 1985 y marzo de 2005, porque -debo confesarlo- no me interesa la opinión de aquellos que no pueden opinar si no es con la anuencia de sus jerarquías naturales y constitucionales.

Durante estos veinte años de democracia, con privilegios especiales para los uniformados, nunca me detuve a analizar los contenidos de los discursos de los centros sociales de las Fuerzas Armadas.

Esos días simplemente experimentaba vergüenza ajena. Nuestras autoridades electas a través del voto libre y democrático se agachaban una y otra vez convalidando conceptos agraviantes a la condición humana, a la Constitución de la República que habían jurado cumplir y respetar, y a los compromisos internacionales que habían convenido los gobiernos civilizados tras la barbarie del nazismo.

Tampoco hoy quiero detenerme a analizar los dichos de los uniformados porque me resisto a creer que cuenten con la anuencia del comandante de las Fuerzas Armadas, es decir, del Presidente de la República, o de su ministra de Defensa.

Los militares no pueden hablar públicamente sobre temas que hacen a cuestiones políticas o sociales, porque cuando hablan lo hacen sólo si es en nombre o con la autorización expresa del Presidente de la República.

Las autoridades políticas gobiernan, los militares obedecen.

No es mi opinión, que poco o nada importa. Es la letra de la Constitución, ley máxima que regula la convivencia de los ciudadanos de la República y que debemos todos respetar.

Así que simplemente me complazco cuando asisto como ciudadano al cumplimiento por parte de los efectivos militares, cualquiera sea su grado, de las directivas del poder político, del mandato de la sociedad civil, y me averguenzo y sublevo cuando asisto al penoso espectáculo de burdel de cuarta cuando un oficial, y cuanto más rango peor, teoriza sobre cuestiones que no le competen.

Hace muy bien el comandante Bonelli en aportar datos ciertos que conduzcan, como lo hicieron, a comenzar a poner fin a la tragedia de los setenta.

Hace mal, muy mal, el comandante Bonelli, cuando quiere explicarnos a nosotros, los ciudadanos, la diferencia entre malos tratos y torturas, o si los muertos fueron hombres y mujeres caídos en combate, o fueron víctimas de la perversidad más ofensiva a la condición humana, aquella que lleva a torturar, matar y desaparecer porque las ideas no son del agrado del poder de turno.

La cuestión no pasa por si Bonelli es una persona buena o mala, el problema es que ocupa la máxima jerarquía de la Fuerza Aérea Uruguaya, y como tal, su deber es dignificar su arma.

Lo hace cuando trabaja en silencio y sí, es entonces cuando se desmarca de las actitudes de las otras fuerzas, de tierra y mar, que siguen creyendo que, como bien dice el contralmirante retirado Oscar Lebel, aportando poquito o nada se perpetuará el ocultamiento que a ojos vista ni la actual administración, y mucho menos la voluntad del sufragio ciudadano, tolerarán. *