Dos años atrás, LA REPUBLICA detuvo las palas mecánicas donde ahora se encontraron los restos

El 2 de setiembre de 2003, LA REPUBLICA denunció que maquinarias pesadas de una empresa privada realizaban remociones de tierra en varios puntos del Batallón de Infantería Nº 13 en un área en la que existían denuncias sobre el eventual enterramiento de desaparecidos.

Las obras, realizadas en el marco del Plan Municipal de Saneamiento III, implicaban la ampliación y limpieza de un curso de agua cercano a la Gruta de Lourdes, contigua a la unidad militar en la que había funcionado el centro clandestino de reclusión conocido como «El Infierno» o «300 Carlos».

Aunque las autoridades municipales aseguraron que los trabajos no tocaban los lugares señalados como eventuales sitios de enterramiento clandestino de presos políticos asesinados en aquel centro de represión, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la organización de familiares de desaparecidos señalaron su preocupación por el hecho.

La denuncia de LA REPUBLICA motivó la intervención de oficio del juez penal de 2º Turno Gustavo Mirabal, quien suspendió las obras municipales e impuso un área de restricción dentro del cuartel militar. Mirabal atendía entonces el caso Gelman que días antes había sido archivado por primera vez por decisión del fiscal Enrique Möller.

 

Ocho desaparecidos

Sobre las 16.00 horas de aquel lunes 1º de setiembre de 2003, LA REPUBLICA pudo registrar los trabajos de las gigantescas palas mecánicas que levantaban tierra en un extremo de un monte de sauces ubicado a los fondos del cuartel detrás de una cancha de fútbol.

La maquinaria, custodiada por un militar uniformado y armado, había hecho un gigantesco pozo para formar elevados montículos de tierra, en una densa zona de árboles que bordeaban una cañada. Junto a la cancha de fútbol había otras dos excavadoras prontas para actuar.

Esa noche en el programa Prohibido Mentir que el periodista argentino Jorge Lanata conducía en TV LIBRE adelantó la información de que el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la organización de Familiares de Desaparecidos pedirían a la Justicia que prohibiera «innovar» en el terreno.

En el Batallón de Infantería Nº 13 se produjo la desaparición de al menos 8 presos políticos que habían sido detenidos y torturados en el «300 Carlo»: Eduardo Bleier, Juan Manuel Brieba, Fernando Miranda, Carlos Arévalo, Julio Correa, Otermin Montedeoca, Julio Lorenzo y la maestra Elena Quinteros.

 

«Yo los enterré»

A la lista se agregaba la hipótesis de que también allí pudiera haber sido enterrado el cuerpo de la joven argentina María Claudia García Irureta Goyena, nuera del poeta Juan Gelman, quien secuestrada en Argentina había sido trasladada a Uruguay, donde dio a luz, antes de ser asesinada.

La posibilidad de que una mujer (Elena Quinteros o María Claudia) estuviese enterrada en el Batallón 13 surgió a partir del testimonio brindado por el ex soldado Ariel López Silva, quien desde 1985 ha reconocido su participación en el enterramiento de presos políticos muertos en esa unidad militar.

«Yo los enterré» fue el titular de la revista Posdata que en abril de 1997 publicó una entrevista con López Silva. «Algunos (fueron sepultados) detrás de la cancha de fútbol, junto a unos árboles» y otros «a la derecha de la cancha, donde había una cabaña»… «Uno era un cuerpo liviano, seguramente de mujer», confesó.

Ariel López Silva había realizado un primer testimonio en 1985 a través del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), que entonces presentó su testimonio ante el Juzgado Penal de 4º Turno. Sus dichos fueron confirmados por otras fuentes militares, según la Comisión para la Paz *