Juristas se expiden sobre el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad

Ayer comparecieron en el seno del grupo parlamentario, los juristas, doctores y especialistas, Carlos Ramela, Miguel Semino, Dardo Preza, Gonzalo Aguirre, Ruben Correa Freitas, y Hebe Martínez, y no asistió Horacio Cassinelli Muñoz.

El próximo lunes harán lo propio, la doctora Jacinta Balbela, y los doctores Gervasio Guillot, Alberto Pérez Pérez, Javier Miranda, y Oscar López Goldaracena.

Uno de los casos peculiares del análisis jurídico y político lo manifiesta claramente el ex asesor legal del presidente Jorge Batlle, Carlos Ramela, quien, si bien fue integrante de la Comisión para la Paz, luego de dar ayer su opinión de la iniciativa, en su calidad de suplente, se apresta a asumir próximamente una banca por la Lista 15.

Ramela dijo ayer que la norma proyectada es «inconstitucional», que no es interpretativa sino modificativa y que «los hallazgos óseos demuestran que no es necesaria».

Minutos después, el senador encuentrista Enrique Rubio reiteraba que la existencia de la norma «le da mayor apoyo a la actuación de la Justicia».

En el seno de la Comisión, ante una pregunta del senador nacionalista Francisco Gallinal sobre la aparición de nuevos elementos no amerita un nuevo tratamiento, Ramela lo descartó porque «ya actuó el juez y lo clausuró».

También adquiere ribetes especiales la concurrencia del doctor Gonzalo Aguirre. Si bien es un connotado jurista, a nadie escapa que fue uno de los redactores de la polémica Ley de Caducidad, pero además, revistió como vicepresidente de la República, y es suplente del senador Jorge Larrañaga.

En un escrito entregado en el grupo parlamentario, Aguirre estima que «si la nueva ley, pretextando ser interpretativa es innovativa, o sea modificativa de la ley anterior, no produce efectos retroactivos -que serían inconstitucionales por contravenir lo dispuesto por el artículo 10 de la Carta- sino únicamente a partir de su promulgación».

Aguirre entiende que «las leyes interpretativas, al igual que todas las leyes, pueden ser declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia (artículo 256)».

En otro orden, el ex jerarca señaló que «no es constitucionalmente válido que una ley confirmada por un referéndum sea posteriormente derogada o modificada por otra ley posterior, con el pretexto de interpretarla o sin él. Tal ley posterior sería groseramente inconstitucional».

Otro de los asistentes al grupo parlamentario, fue Miguel Semino, ex secretario de la Presidencia de la República durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, quien dijo que la norma «claramente modifica y deroga textos de la ley de Caducidad», la calificó de «rabiosamente inconstitucional» porque «desconoce la cosa juzgada, da retroactividad a principios penales».

Semino estimó que la Ley de Caducidad fue la única ratificada por el pueblo «y por consiguiente está sometida a un sistema jurídico a la de las demás leyes, y no se puede derogar por una simple ley, y se requiere que el pueblo se pronuncie porque el Parlamento por sí no puede derogarla».

Por su parte, Ruben Correa Freitas, ex senador colorado se manifestó contrario «porque la Ley de Caducidad no necesita interpretación porque es clara, es una ley de amnistía, que fue ratificada por la ciudadanía y que fue declarada constitucional por la SCJ».

 

A favor

En tanto, se pronunciaron a favor de la proyectada norma de la bancada de gobierno, el actual ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Dardo Preza, así como la doctora Hebe Martínez.

Preza manifestó a la salida del grupo parlamentario: «Tengo una opinión favorable en general a esta ley interpretativa de la Ley de Caducidad porque es coherente con la posición que en su oportunidad yo sostuve como juez de Primera Instancia en lo Penal cuando planteé la inconstitucionalidad de la ley».

«La inconstitucionalidad de la ley está determinada por el hecho que la Ley de Caducidad obliga a los jueces penales a pedirle un informe previo a otro poder del Estado», manifestó.

Preza manifestó que la norma en discusión «tiende a viabilizar lo que aparece como situaciones oscuras» en la ley de Caducidad. Martínez expresó que la Ley de Caducidad ni siquiera se llegó a cumplir en todo su alcance y valoró positivamente el proyecto a estudio. *