Javier Miranda patrocinará a Amaral García para reabrir la causa de fusilados de Soca

El abogado Javier Miranda patrocinará en nombre de Amaral García una denuncia judicial para que se investigue el caso de los «fusilados de Soca», ante el testimonio público de Julio Abreu, único sobreviviente del episodio en el que cinco uruguayos fueron asesinados por la dictadura en 1974.

Abreu rompió un silencio de tres decenios y narró ayer en LA REPUBLICA cómo fue secuestrado en Buenos Aires el 8 de noviembre de 1974 –hace hoy exactamente treinta y un años–, junto a Floreal García y Mirtha Yolanda Hernández, los padres de Amaral García, entonces de tres años de edad.

Aquel día, también fueron detenidos, en sendos operativos, los uruguayos Héctor Brum junto a su esposa María de los Angeles Corbo Aguirregaray, embarazada de cuatro meses, y Graciela Estefanell, quien vivía en el domicilio de la familia García Hernández.

Los cuerpos torturados y acribillados a balazos de García, Hernández, Brum, Corbo y Estefanell fueron encontrados en las cercanías de la localidad de Soca, Canelones, el 20 de diciembre de aquel año, como una presunta represalia ante el asesinato un día antes del coronel Ramón Trabal en París.

Abreu, quien también testificó ante el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la organización de Familiares de Desaparecidos, cuenta en la entrevista de LA REPUBLICA cómo el grupo de uruguayos fue recluido en Buenos Aires, trasladados ilegalmente en un vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya a Montevideo y presos en la Casona de Punta Gorda antes de ser ejecutados.

Amaral García quedó en manos de una familia de policías en Argentina y fue recuperado en 1985 por gestiones del ex senador Germán Araújo.

Abreu fue liberado en Neptunia en la Navidad de 1974 bajo amenaza de muerte para él y toda su familia si no guardaba silencio sobre lo ocurrido.

 

«Testimonio clave para reapertura»

«El testimonio de Julio Abreu, publicado por LA REPUBLICA es clave para la reapertura de la causa, que es algo que veníamos hablando con Amaral García», explicó el abogado Javier Miranda, quien adelantó que ya se ha propiciado el contacto con las familias de los otros asesinados en Soca.

Interrogado sobre cuándo podría presentarse la acción judicial, Miranda explicó que dependerá de cuánto se avance en la recopilación de los antecedentes judiciales y testimoniales existentes e hizo un llamado público para que se le aporte toda información que esté relacionada con el caso.

Integrantes de las familias Brum, Corbo y Estefanell se habrían puesto en contacto con el abogado Javier Miranda en las últimas horas y sería inminente una reunión de todos los familiares para coordinar la acción judicial en la que se solicitará la reapertura de un caso que se encontraría archivado. Según información obtenida por LA REPUBLICA la causa de los fusilados de Soca tuvo una extensa instrucción en el Juzgado de Pando, y habría sido archivado durante el gobierno de Julio María Sanguinetti, poco antes de que se convocara a declarar al ex presidente de facto Juan María Bordaberry. En el expediente existirían trascendentes testimonios de familiares de los asesinados, algunos de los cuales pudieron verificar la tortura a la que fueron sometidos cuando en el velatorio abrieron los cajones pese a la expresa prohibición de las autoridades de la época.

Una de las declaraciones es la de un oficial de la marina uruguaya, hermano de una de las víctimas, a quien el propio comandante en jefe de la Armada, vicealmirante Víctor González Ibargoyen, le pidió disculpas por la ejecución, impuesta por el Ejército en el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).

 

Cosena, Bordaberry y el Goyo Alvarez

Lo ocurrido en el Cosena en diciembre de 1974 aparece narrado por el escritor Carlos Martínez Moreno en el libro «El color que el infierno me escondiera» (Editorial Nueva Imagen, México 1981), donde dedica un capítulo titulado «La Arboleda» a la decisión del fusilamiento en Soca.

Explica Martínez Moreno que el régimen dictatorial había resuelto en aquellos años que por cada oficial militar que pudiera morir en la «lucha contra la subversión» se procedería a ejecutar a cinco «subversivos», y que los fusilados de Soca fueron la «cuota» por la muerte del coronel Trabal en Francia. «Sobre julio del 70, cuatro años atrás, aparece la ecuación oficialmente formulada: una organización autodenominada MANO (Movimiento Armado Nacional Oriental) previene que «por cada policía, soldado, taximetrista o cualquier persona honrada que caiga, cobraremos cinco vidas inútiles», escribe.

Martínez Moreno sostiene que el homicidio de los cinco tupamaros que habían sido secuestrados en Buenos Aires el 8 de noviembre fue sometido a votación en el Cosena, donde el dictador Juan María Bordaberry habría hecho constar en actas que no acompañaba la medida.

En un trabajo del periodista Luis Casal Beck, publicado recientemente en Caras y Caretas, se recuerda una declaración que Bordaberry realizó al investigador norteamericano Scott Myers, autor del ensayo «Los Años oscuros (1967-1987)», quien logró entrevistarlo en 1986.

«A la mañana siguiente, cuando me levanté recibí la noticia de que en Soca habían sido encontrados cinco tupamaros muertos. Habían huido de Uruguay y estaban viviendo en Argentina. Esto, francamente, en mi opinión, fue una acción del general Alvarez. Los tupamaros fueron trasladados desde Argentina (…) En represalia por la muerte de Trabal, los mataron. Esta es mi opinión. Traté de investigar, pero fue imposible», le confió Bordaberry. *