Un comité internacional de juristas apoyará a los abogados uruguayos contra la impunidad

-¿Qué opina sobre el fallo de la corte de apelaciones de archivar el caso María Claudia de Gelman?

-Estoy totalmente en contra el fallo del tribunal. Siempre existen dos opiniones pero en un caso como este nunca debió haber sido inicialmente incluido en la Ley de Caducidad. Por lo tanto no debió existir la inconstitucionalidad declarada por la Corte, mucho menos un argumento de cosa juzgada cuando no hubo procedimiento, proceso que inculpara o exculpara a los responsables. Un caso absolutamente emblemático que supera todos los límites de lo que puede ser la comprensión de un acto en una situación de enfrentamiento o de guerra, un acto en que no puede haber un ser en el planeta que pueda justificarlo. A nivel internacional el Uruguay ha quedado muy mal parado. No sólo en este caso sino en todos los archivos que se han hecho de las causas, como la de Bordaberry por el golpe de estado, como el archivo solicitado por los asesinatos. Lamentablemente estamos pasando un papelón por las actitudes asumidas y por el no cumplimiento de los tratados internacionales.

-¿Usted piensa que el presidente Jorge Batlle cometió un error en el caso Gelman cuando dijo que estaba enmarcado dentro de la Ley de Caducidad?

-Este caso está completamente fuera de la Ley de Caducidad. No se necesita un gobierno progresista ni de izquierda para decir que está dentro. Aquí no hay una maniobra desde el punto de vista jurídico. Ateniéndonos al pie de la letra de la Ley de Caducidad más allá de las discrepancias con ella, no debió haber sido jamás incluido dentro de la ley de caducidad.

-¿Existe independencia entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en Uruguay?

-Pienso que un poder que depende económicamente de otro no puede ser nunca independiente. El Poder Judicial carece de recursos propios. Al faltarle recursos, por lo tanto le falta también capacitación, más allá de que haya gente muy competente, no quiero generalizar. Estoy hablando de los problemas del Poder Judicial, de los cuales estoy hablando hace muchísimos años. El Poder Judicial debe ser analizado, debemos analizar qué tipo de justicia queremos y hacia quién dirigimos esa justicia. No solamente en los casos puntuales de violaciones a los Derechos Humanos por gobernadores de facto, sino también que omite cumplimientos de convenios internacionales a todos los niveles, tanto en el ámbito de la familia como en lo laboral y en lo civil. El Uruguay debe hacer un replanteo si quiere tener un Poder Judicial. Primero dándole los recursos suficientes para que realmente sea independiente, capacitando sus integrantes. El Derecho Internacional no rige porque esté puesto dentro de un libro, sino que rige porque fue aprobado por el Estado uruguayo. Existe la responsabilidad del Estado uruguayo, responsabilidad que además se viene arrastrando del año 1992 cuando la recomendación 29/92 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace pocos días reiteró nuevamente el planteo del incumplimiento de Uruguay al respecto.

-¿Existe un Poder Judicial o un sistema judicial en Uruguay?

-Pienso que más que «poder» existe un «sistema judicial» puesto que no existe independencia. En este momento se puede decir que es sistema judicial, porque no se puede hablar de Poder Judicial, y tampoco hablaría de justicia, porque creo que no se aplica.

-¿Cuál será ahora la tarea de las organizaciones de Derechos Humanos?

-Las organizaciones están trabajando de forma coordinada, así como los abogados estamos trabajando en forma coordinada. Ya estamos pensando que nuestro sistema judicial nos será adverso. Nos preparamos al paso siguiente que son las cortes internacionales, esa es la razón de mi gira por los países europeos. Fui invitada a participar a un congreso «contra la impunidad» en Alemania en el que participaron personas de todos los continentes. Fui la única representante del Uruguay. Estaba presente la asociación de Nuremberg, que está trabajando desde hace muchísimos años y se sorprendió mucho de la situación actual del Uruguay, máxime comparándola con la situación argentina o chilena; están interesados en hacer un trabajo en Uruguay. En el resto de mi gira he hecho contactos con juristas de prestigio internacional, con organizaciones de Derechos Humanos, con magistrados, y todo el mundo manifiesta sorpresas ante estas decisiones que se han tomado, y nos dan su apoyo. La solidaridad es muy importante, al punto que se está formando un comité internacional de juristas para apoyar en la lucha contra la impunidad a los abogados uruguayos. Particularmente, el ministro de Justicia de Mitterrand, el señor Badinter, que abolió la pena de muerte en Francia. Hay mucha gente dispuesta a trabajar en un comité de apoyo al Uruguay para salir de la impunidad, y prestar sus conocimientos jurídicos haciendo análisis y exposiciones sobre lo que es la prescripción, la cosa juzgada y la aplicación de los tratados internacionales. Ha sido muy exitosa toda esta gira. Hemos tenido el apoyo de partidos políticos que han expresado su solidaridad. Ahora queda España para tratar de ver los canales que nos permitan acceder a presentar nuestras causas en allí.

-¿Usted piensa que los militares son impunes o serán juzgados en Uruguay?

-Pienso que los militares en Uruguay son menos impunes que los civiles. Los civiles se han preocupado de cuidar la impunidad de los militares para proteger su propia impunidad en todo lo que pueda tener que ver con ilícitos económicos, o en lo que pueda tener que ver con la cooperación directa. ¿Qué hicieron con los militares para que el proyecto cívico-militar se consolidara en el Uruguay? Creo que aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad por supuesto que sí, salvo que existan órdenes escritas de los mandos (que están fuera de la Ley de Caducidad). Debe probarse cuando existió una obediencia debida. Los delitos de lesa humanidad van más allá de lo que es mi opinión. Los delitos de lesa humanidad es la opinión del Derecho Internacional de gentes que rige al mundo hace muchos años. Más allá de la opinión aislada de un jurista o de varios juristas están las leyes internacionales a las cuales estamos sometidos.

-¿Serán juzgados los autores de ilícitos económicos durante la dictadura en Uruguay?

-Esperamos todos los que estamos peleando porque se termine la impunidad política y económica. Esa impunidad económica es la que tiene hoy al Uruguay en el lugar donde está. El Uruguay no se empobreció de un día al otro. No ha sido por las crisis argentinas ni regionales. Al Uruguay lo han saqueado brutalmente. Esos ilícitos económicos no sólo existieron sino que hay pruebas. Inclusive hay trabajo de inteligencia realizado por los propios militares, al que no hemos podido acceder. Existe mucho material. Es una obligación de todos los uruguayos terminar con la impunidad política y con la económica.

-¿Qué posibilidad existe de ver a los militares, que han estado involucrados en asesinatos o desapariciones en Uruguay, extraditados a la Argentina?

-No tengo ninguna duda. La Argentina ya lo ha manifestado, y en lo personal, por tener causas en Argentina de violaciones a los Derechos Humanos, ya teníamos claro que para la justicia argentina, y hablo de justicia, no ha importado el grado y cuando hubieron responsables pasaron por la justicia y fueron juzgados. La justicia Argentina estaba dispuesta a pedir las extradiciones, y ahora con gran orgullo, porque lo hace un país hermano, y con gran vergüenza porque no lo hizo el nuestro. El presidente Kirchner ha declarado asunto de Estado el tema de María Claudia. Considero que es un asunto de Estado, es un asunto del mundo que una chica de 19 años sea asesinada para q
uitarle su hijo. Una chica que ni siquiera tenía militancia política; no justifica la muerte tampoco de una que sí la hubiera tenido. Pero esto lo hace aun mucho más grave, más aberrante y más inexplicable. Los argentinos nos están dando una lección de lo que es la aplicación de la verdadera democracia. Lo que es el ejercicio de la libertad. Lo digo con mucha pena, puesto que la historia uruguaya es totalmente contraria a la Argentina en cuanto a eso. La Argentina tiene más años de dictadura que de democracia y sin embargo nos están dando una lección. El Poder Ejecutivo uruguayo a través de la palabra de su presidente ya se ha manifestado que él no se va a oponer, como ya se opuso Batlle en otra oportunidad, por una razón de «orden público» que es inexistente. Por lo tanto en la parte del Poder Ejecutivo ya está clara la posición, y es buscar la verdad y la justicia de todos los hechos acaecidos, ligados a los Derechos Humanos. Hay que esperar ahora que el sistema judicial no tome una posición contraria (para mí sería contraria a derecho) al no otorgar las extradiciones, máxime que con la Argentina tenemos más que tratados. La cooperación entre los dos países es legendaria. No existe ningún impedimento de ningún tipo para que no se realice la extradición. No sólo la de los militares, sino también la de los civiles. No hay que olvidar que en el caso Michelini, Gutiérrez Ruiz, y también en la participación del «Plan Cóndor», esos hechos conexos con el Plan Cóndor, también va estar pedida la extradición de Bordaberry y Blanco porque está probada su participación. *