Ex presos políticos reivindican causal jubilatoria y descartan las indemnizaciones individuales

La asociación de ex presas y ex presos políticos Crysol reivindicó ayer en una asamblea una solución legal que genere una causal jubilatoria para los compatriotas que fueron encarcelados por la dictadura civil y militar, decenas de los cuales padecen una situación de indigencia.

La solución reclamada permitiría la jubilación de casi 400 ex reclusos que tienen menos de 60 años, y nunca registraron 35 años de trabajo. Muchos estuvieron clandestinos durante los gobiernos de Pacheco y Bordaberry, antes de resultar secuestrados por las Fuerzas Conjuntas.

El martirio de la prisión se prolongó en la dificultad que encontraron para obtener un trabajo digno luego de su liberación. Pocos lugares se atrevieron a emplear a quienes pasaron por las mazmorras militares del régimen ilícito que implantó el terrorismo de Estado en Uruguay.

La asamblea que comenzó a las 14 horas en el Complejo Deportivo del Sindicato Unico de Telecomunicaciones (Sutel), en Miguelete y Cufré, evaluó su propia propuesta y un proyecto que elaboró Jorge Bruni, subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

A pesar de algunas voces minoritarias que plantearon iniciar acciones legales para interponer demandas para un cobro de indemnizaciones, la mayoría de los asambleístas acordó que todo reclamo judicial debía canalizarse «en colectivo», a través de la personería jurídica de Crysol.

Integrantes de Crysol recordaron a LA REPUBLICA que desde el 1º de marzo de 1985 ya fallecieron 87 compatriotas que estuvieron presos, y remarcaron que los efectos síquicos de las torturas y el aislamiento ocasionaron graves trastornos que impidieron una reinserción social.

«No pocos compañeros presos que hoy vemos vendiendo baratijas en los ómnibus para poder subsistir fueron internados, ya varias veces, en más de un sanatorio siquiátrico; ninguno está amparado por una ley que le reconozca una causal jubilatoria», reprochó un ex detenido.

Crysol fundamenta su reclamo en la resolución Nº 35, de 2005, de la Organización de las Naciones Unidas que responsabiliza a los Estados por la reparación de quienes hayan sido víctimas de violaciones a los Derechos Humanos por parte de las fuerza pública del mismo Estado.

«Considerar», advirtió Crysol, «que los ex presos políticos queremos acceder a un privilegio es ignorar la tortura, la prisión prolongada y cruel que, ciertamente, no sufrió el resto de la población». Agregaron que una «reparación integral» debe implicar a «la víctima y su familia».

Los ex presos recordaron que los funcionarios públicos, los bancarios y los militares degradados por oposición al militarismo autoritario ya fueron reparados por su sufrimiento, pero remarcaron que nunca se contempló la situación de los otros reclusos que no pueden jubilarse.

«Pedimos que una ley nos restituya los derechos que hemos perdido por haber sido detenidos políticos; pedimos la posibilidad de jubilarnos como cualquier ciudadano», explicaron en el comunicado que convocó a la asamblea de ayer, que culminó pasadas las 17:30.

Durante el encuentro se escucharon ciertos testimonios, algunos de ellos particularmente desgarradores, acerca de los suplicios en las cárceles y cuarteles de la dictadura, así como casos de ex presos, muy enfermos y pobres, que tuvieron que acogerse al Plan de Emergencia.

La asamblea contó con la asistencia de la diputada Nora Castro, actual presidenta de la Cámara de Representantes, que venía del aeropuerto tras un viaje de unas quince horas, y recibió un saludo de adhesión del pro secretario de la Presidencia de la República, Jorge Vázquez. *