Abogados decidirán hoy el inicio de juicios múltiples contra los mandos

El grupo de abogados que impulsa los casos de violaciones a los derechos humanos decidirá hoy el inicio de múltiples juicios contra los mandos de la dictadura militar uruguaya, quienes no estarían amparados en la Ley de Caducidad, ante la serie de casos que la Justicia ha cerrado sin investigar. Los juicios a los mandos habían sido anunciados por LA REPUBLICA el 28 de agosto, cuando se informó que se denunciaría a los comandantes de la dictadura que sobreviven: el general Gregorio Alvarez, el brigadier general Raúl Bendahan, y los vicealmirantes Víctor González Ibargoyen y Rodolfo Invidio.

También se indicaba entonces que aún no existía una definición de los abogados sobre hasta qué nivel de mando se enjuiciaría, en la medida que la toma de decisiones podía corresponder a jefes de división, jefes de Policía y hasta cargos de intendentes que fueron ocupados por militares.

Los abogados resolverán esta noche presentar las denuncias independientes sobre cada uno de los casos de desaparición, asesinato u otros tipos de violaciones a los derechos humanos, que recaerán en distintos juzgados de capital e Interior, según la fecha y lugar en que se produjeron los crímenes.

«En el proceso penal uruguayo, cuando se presenta una causa criminal no se denuncian personas sino hechos delictivos y la competencia del tribunal depende del hecho y no de un eventual responsable. Como los hechos ocurrieron en distintas fechas y lugares, bajo distintos mandos, se justifica la competencia múltiple de jueces y fiscales», explicó uno de los abogados.

 

La impunidad institucional

Las fuentes consultadas no negaron que en la decisión de los abogados también inciden las resoluciones que el sistema judicial uruguayo ha tenido respecto a diversas causas de violaciones a los derechos humanos que fueron archivadas sin que se llegara a esclarecer lo ocurrido.

Desde la asunción del presidente Julio María Sanguinetti en 1985, los procesos judiciales en materia de derechos humanos han sufrido una larga lista de trabas, dilaciones y «chicanas» jurídicas, antes, durante y aún después de aprobada y plebiscitada la llamada Ley de Caducidad.

Primero, fueron los juicios de competencia interpuestos por la justicia militar, y cuando los mismos fueron superados y un juzgado se disponía a citar a un grupo de militares para interrogarlos, se terminó por aprobar la Ley 15.488 que adjudicó al Poder Ejecutivo la potestad de cerrar las causas judiciales. A la sombra de la Ley de Caducidad se fueron archivando denuncias durante los sucesivos gobiernos de Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle, Sanguinetti y Jorge Batlle, aun en causas emblemáticas como el asesinato de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.

Durante dos decenios, presidentes, ministros, jueces o fiscales se negaron siquiera a indagar causas como las de los escuadrones de la muerte o el asesinato de Américo Soca, en las que las fechas del incidente o los móviles económicos del crimen estaban expresamente excluidos en la caducidad.

 

Incumplimiento de la ley

En los últimos veinte años sólo un civil, el ex canciller Juan Carlos Blanco, fue procesado. Su encarcelamiento por coautor de la desaparición de la maestra Elena Quinteros en la Embajada de Venezuela en 1976, podría llevar aún a otros civiles a prisión, pero no a los militares y policías que la asesinaron.

La propia Ley de Caducidad no ha sido cumplida desde su aprobación y refrendación, en la medida en que su texto obliga al Poder Ejecutivo a investigar, particularmente, los casos de desaparición forzada de personas, pero luego de cuatro gobiernos no ha logrado aún hallar los restos de las víctimas.

En el primer gobierno de Sanguinetti se redactaron los Informes Sambucetti, en los que un fiscal militar se limitó a registrar la negativa de armas e implicados en las violaciones a los derechos humanos como un formulismo por el que no encontraba «indicios de participación» alguna en los hechos.

En la siguiente gestión de Lacalle y tras la reelección de Sanguinetti, toda causa judicial iniciada fue «caducada» hasta llegar a una interpretación libre del texto de la Ley 15.848 por la cual aquella norma trabajosamente negociada el 22 de diciembre de 1986 se interpretaba como una «amplia amnistía». Incluso Jorge Batlle, quien tras la aparición de la nieta del poeta Juan Gelman decidió constituir una Comisión para la Paz que finalmente cumpliera la ley, terminó por incluir en la caducidad el propio caso de María Claudia García de Gelman, cuando el juez actuante se disponía a interrogar a militares y policías. *