Sin notificar al fiscal, el juez interrogó a ex jerarcas del BCU

Los tres directores del Banco Central del Uruguay (BCU) durante el gobierno de Jorge Batlle –el presidente del Directorio, Julio de Brun, el vicepresidente, Miguel Vieytes, y el director Andrés Pieroni–, fueron interrogados el martes por el juez penal de 19º Turno, Luis Charles.

Los jerarcas comparecieron como «indagados», ya que el fiscal penal de 7º Turno, Eduardo Fernández Dovat, había solicitado a Charles que procesara a los directores y a los miembros de la Comisión Asesora del Directorio, quienes reconocieron como «ahorristas» del Banco de Montevideo a 22 «inversores» del Trade & Commerce Bank (TC&B).

No obstante, el interrogatorio se concretó sin que el fiscal Fernández Dovat fuera notificado por el juez de que la audiencia se realizaría, a pesar de que la citación de los tres ex directores había sido solicitada a Charles por el propio representante del Ministerio Público y Fiscal.

Según trascendió, el fiscal ya habría resuelto concurrir hoy mismo al juzgado de Charles para interiorizarse del tenor de las preguntas que les formuló el magistrado, mediante una rápida lectura de las actas recabadas por el escribiente durante el transcurso de la audiencia.

La indagatoria que pidió el fiscal tenía por objetivo tomar declaración a los integrantes del Directorio acerca de las actuaciones cumplidas por los asesores, y para que explicaran la legalidad de las decisiones de la Comisión Asesora, que habrían perjudicado a 1.200 ahorristas.

Vieytes, De Brun y Pieroni fueron defendidos por los abogados Alvaro Ferrín, Diego Viana y Amadeo Ottati. Los tres defensores alegaron la inocencia de sus clientes respecto a la acusación fiscal, y expresaron que sus representados actuaron siempre de acuerdo con la norma legal.

Unos 180 «ahorristas» del liquidado Banco de Montevideo, que fueron representados por el abogado Víctor Della Valle y la escribana Alicia Barbani, habían presentado denuncia penal contra los tres asesores, los doctores Augusto Durán Martínez, Carlos Balsa y Tomás Brause.

Con posterioridad, Della Valle y Barbani presentaron una ampliación de denuncia que implicó a los miembros del Directorio indagados el martes, por entender que son los «responsables» por todo lo actuado por la comisión asesora que sometía sus resoluciones a los directores.

Los integrantes de la Comisión Asesora del Directorio del BCU, creada por el artículo 31 de la Ley de Fortalecimiento del Sistema Bancario, ya fueron imputados por el fiscal Fernández Dovat como autores de un delito de «abuso de funciones en casos no previstos por la ley». *