Escrito por: MADRID (AFP)

“El fiscal Moller y el tribunal de apelaciones están incumpliendo la Ley de Caducidad, la están violando”, pues según el artÃculo 3 de esa normativa es el Poder Ejecutivo el que decide qué caso está comprendido o no en la misma, afirmó Gelman en una entrevista con la AFP en Madrid. Al dÃa siguiente de su investidura presidencial, Tabaré Vázquez anunció que el caso de la nuera de Gelman y los asesinatos en 1976 en Buenos Aires de los ex legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez serÃan excluidos de la Ley de Caducidad, como notificó en junio el propio Presidente uruguayo a la Suprema Corte de Justicia.
La Ley de Caducidad selló en 1986 una amplia impunidad a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura uruguaya (1973-85), que oficialmente dejó 28 desaparecidos. “Además están desafiando al presidente Vázquez”, puntualizó Gelman, cuyo hijo Marcelo fue desaparecido por la dictadura argentina (1976-83). Los tres ministros que integran el Tribunal de Apelaciones de Uruguay decidieron por unanimidad el pasado miércoles archivar el caso de MarÃa Claudia GarcÃa, tal como recomendó en un recurso el fiscal Enrique Moller, argumentando que el caso está comprendido en la Ley de Caducidad. “Francamente, me sorprendió porque tenÃan tiempo hasta fines de diciembre y porque no entiendo por qué William Corujo y Bernardette Minvielle (ndlr: dos de los tres ministros) que comprenden que se trató de un crimen particularmente ominoso, adopten esa decisión”, sostuvo Gelman. El poeta argentino explicó que desde entonces se ha hecho varias preguntas “sobre quiénes tienen interés en Uruguay en cerrar este caso”. “A mi juicio, existe la voluntad de la cúpula de un sector del Encuentro Progresista para dar vuelta la página”, indicó Gelman luego de evocar declaraciones que habrÃan hecho el ex dirigente tupamaro y actual ministro de Agricultura, José Mujica, o el secretario de la presidencia uruguaya, Gonzalo Fernández. Aunque anticipó que está estudiando apelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo que primero espera el regreso a Montevideo del presidente Vázquez, en quien reiteró su “confianza”. “Sobre la posición de Tabaré Vázquez no tengo ninguna duda”, sostuvo Gelman. Gelman criticó en cambio a los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos en Uruguay que comparecieron ante la Comisión para la Paz, porque “aportaron datos insuficientes por no decir falsos”, por ejemplo, sobre el lugar en el Batallón 13 en el que, está “convencido”, fue enterrada su nuera. MarÃa Claudia GarcÃa Irureta Goyena fue secuestrada en Argentina a los 19 años en agosto de 1976 y trasladada a Montevideo, donde tras dar a luz a una niña, Macarena, fue asesinada.
Gelman teme que la “estrategia” sea “encontrar los restos pero que ninguno vaya preso”, porque “el tema de fondo es que ningún militar quiere ir” a la cárcel, asegura. Tras conocerse el fallo judicial anunciado mientras Vázquez estaba en Europa, el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa indicó que esa decisión “no detiene las investigaciones que el Poder Ejecutivo está llevando adelante para esclarecer definitivamente el tema de los desaparecidos”.
La decisión de archivar el caso dejó sin efecto la prohibición de abandonar territorio uruguayo que pesaba sobre siete ex militares y un ex policÃa uruguayos involucrados en el secuestro y asesinato de MarÃa Claudia GarcÃa, y casi automáticamente la Justicia argentina reclamó su extradición. “Según fuentes fidedignas, después de alimentarla bien durante el embarazo, y antes de asesinarla, hicieron una ‘fiestita’, como dicen en su jerga, la torturaron y la violaron”, reveló Gelman, antes de preguntarse “si estos crÃmenes están amparados por la Ley de Caducidad”. *
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