Ielsur: El Estado ha sido "omiso" a las "recomendaciones" de la CIDH

La CIDH de la OEA había «recomendado» a Uruguay que revisara la «incompatibilidad» de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado con el Derecho Humanitario Internacional, que indemnice a las víctimas del Terrorismo de Estado, y que juzgue a sus autores.

El informe 29/92, inspirado en la Convención de Viena, surgió cuando familiares de desaparecidos denunciaron el archivo de causas penales que se produjo al entrar en vigencia la llamada «Ley de Impunidad», que amparó a los militares que atropellaron a los Derechos Humanos.

La denuncia de los familiares, que derivó en el informe del año 1992, fue patrocinada en su momento por el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), por el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), y por entidades humanitarias, tanto nacionales como internacionales.

 

La «Ley de Impunidad» es «incompatible» con el Derecho Humanitario

El Informe Nº 29 del año 1992 estableció que los Estados miembro de la OEA deben abstenerse de legislar normas que puedan resultar contrarias al Derecho Humanitario Internacional.

Además formuló tres «recomendaciones» dirigidas al Estado uruguayo, en particular.

Primero acusó total «incompatibilidad» de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado con los principios y valores reflejados en los convenios y tratados internacionales que Uruguay asumiera el compromiso de cumplir frente a los países de la comunidad mundial.

La segunda recomendación fue que el Estado uruguayo implementara un mecanismo para «indemnizar» a todas las víctimas del «Terrorismo de Estado» que perpetraron los gobiernos de Jorge Pacheco y Juan María Bordaberry, que luego continuó la dictadura civil y militar.

Esclarecer las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por los tres gobiernos autoritarios e individualizar a sus responsables fue la tercera recomendación a Uruguay de la CIDH de la OEA, que Uruguay integra, junto a los restantes 33 países de los continentes americanos.

Ielsur considera, y así lo expresó ante la CIDH, que el Estado ha sido omiso a la hora de dar estricto cumplimiento a las «recomendaciones».

En la audiencia, la entidad dejó constancia de que, hasta el momento, no ha sido encarcelado ningún autor responsable del período militarista.

 

Una misión visita Uruguay en noviembre para «evaluar»  postura uruguaya por DDHH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará en noviembre una visita de «seguimiento» a Uruguay para «evaluar» la postura del Estado uruguayo frente a las «recomendaciones» que el organismo transcontinental le formuló en su informe Nº 29, de 1992.

Uruguay deberá explicar además a la entidad humanitaria por qué motivo el gobierno de Jorge Batlle rechazó la extradición de militares uruguayos que fueron investigados en juzgados argentinos por su ya demostrada participación en crímenes en el marco del «Plan Cóndor».

La CIDH, de la Organización de Estados Americanos (OEA), enviaría a su secretario ejecutivo, el argentino Santiago Cantón, y al comisionado para Uruguay y la región, el venezolano Freddy Gutiérrez, según se conversó en la «audiencia de seguimiento» celebrada en Washington.

Es la primera vez que la CIDH decide enviar a Uruguay una misión de «seguimiento». La nueva interpretación de la Ley de Impunidad que hizo el gobierno de Tabaré Vázquez habría sido factor determinante al momento de acceder al envío pedido por activistas humanitarios. *