La izquierda evalúa declarar como delito permanente los crímenes de la dictadura

El proyecto interpretativo que ha anunciado el senador Enrique Rubio recoge el espíritu penal que a mediados de la década de los 90 promovió la Convención Interamericana de desaparición forzada de personas. El documento fue ratificado por el Parlamento uruguayo en 1995.

El proyecto que ahora está a consideración de todos los sectores políticos establece la figura de la desaparición forzada de personas como un delito de lesa humanidad y de naturaleza imprescriptible.

«Desde 1995 nosotros  dijo a LA REPUBLICA el senador Rubio- empezamos a pensar que era aplicable a todos los casos de los desaparecidos».

El legislador destacó que, como lo estableció la Convención, el delito de la desaparición forzada «se sigue cometiendo hasta tanto no hay una prueba en contrario de la aparición de la persona en cuestión».

Como en la mayoría de los temas trascendentes, en esta temática hay dos bibliotecas. El hoy embajador uruguayo en Francia Héctor Gros Espiell sostuvo oportunamente que hasta tanto no se dé con el paradero del desaparecido, el delito sigue vigente y que en consecuencia, era aplicable a los casos de los desaparecidos uruguayos. En tanto, el hoy presidente de la Aladi y ex canciller Didier Opertti entiende que la propia Convención Interamericana en uno de sus artículos requería que la legislación nacional (el Parlamento uruguayo, en nuestro caso) debía haber incluido en el Código Penal la desaparición forzada como delito y establecer la pena correspondiente, sino, no era aplicable legalmente.

Y así ocurrió. Durante el gobierno del ex presidente Jorge Batlle no se alcanzaron los votos suficientes en el Parlamento para incorporar la norma al Código Penal.

«Esto ahora lo podemos cambiar y hacer porque contamos con la mayoría parlamentaria necesaria -recordó Rubio -y hemos venido trabajando en ese sentido, con las debidas consultas jurídicas y políticas ya allanadas».

La idea de presentar el proyecto fue analizada el pasado lunes en una reunión política interna de la Vertiente Artiguista, previa consulta además con el Presidente Tabaré Vázquez, según se pudo saber por este diario.

Calificados voceros del partido de gobierno entienden que el proyecto en cuestión pone en un cruce de caminos a los que efectivamente deben responder sobre el paradero de los detenidos desaparecidos.

Por un lado, y como ha venido sucediendo hasta ahora, los datos sobre los enterramientos no arrojaron resultados positivos. De seguir así y de aprobarse el proyecto, los responsables podrán ser juzgados.

Y en el caso de hallarse pruebas materiales fehacientes, también podrían ser llevados ante la Justicia.

Cabe recordar que hace 15 días, el propio Presidente de la República en sesión de Consejos de Ministros, había manifestado que de no llegarse a encontrar evidencias materiales de desaparecidos, podría apelarse a la figura de la desaparición forzosa.

Rubio destacó que la ley de desaparición forzosa trasciende los límites de la propia ley de Caducidad, «porque el delito de la desaparición se sigue cometiendo desde el punto de vista jurídico, hasta tanto no se dé con el paradero de la persona».

En ese sentido, el senador subrayó que los responsables de cometer este tipo de delitos podrán ser juzgados. «Lo que estamos haciendo en este caso es cumplir con compromisos asumidos a nivel internacional y tratando de salvar omisiones jurídicas del Estado uruguayo que no ha legislado al respecto».

Para Rubio, el Poder Legislativo debería legislar sobre la desaparición forzada de personas, «con independencia de la aparición o no de restos de los desaparecidos», tarea que, según voceros del propio Poder Ejecutivo, tendría los días contados en las áreas donde se viene excavando.

 

No a la derogación

El senador de la izquierda dijo ser partidario de no proceder a la derogación de la Ley de Caducidad. Señaló que existe un compromiso político de nuestra fuerza política en ese sentido «aunque creo que se debería legislar en la materia para que impacten en situaciones anteriores».

Rubio adelantó que «por una vía o por otra, nuestro país deberá darle una nueva interpretación a la legislación y progresar en materia de los Derechos Humanos».

El proyecto sobre desaparición forzada de personas «es una interpretación de los compromisos internacionales asumidos por Uruguay y en consecuencia, atenerse a esas responsabilidades». *