Un "inadmisible estado de impunidad"

Al fundamentar el pedido de extradición, el gobierno argentino afirmó que «la actuación de la jurisdicción argentina en actuación del principio de universalidad ha venido determinada por la falta de actuación eficaz de la Justicia uruguaya que ha dado lugar a una situación de impunidad de los responsables penales de los hechos, mediante su arbitraria inclusión dentro de los preceptos de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado». Agregó que en Uruguay «la acción judicial se encuentra con el obstáculo de la Ley de caducidad que prácticamente impide para el futuro llevar a cabo ninguna clase de persecución penal por los horribles crímenes perpetrados durante la vigencia de la Operación Cóndor», según el escrito al que tuvo acceso LA REPUBLICA.

También señaló que «la injusticia material de dicha norma determina un inadmisible estado de impunidad que se mantiene subsistente hasta el presente y que, a tenor de los criterios expresados (…) permite afirmar la falta de efectividad o inexistencia, por injerencias no legítimas de los otros poderes del Estado, de la respuesta judicial esperable».

Ello pone de manifiesto, afirmó el gobierno argentino, «la justificación de la actuación del derecho penal internacional para la persecución penal de gravísimos hechos, cuando ésta no es posible en el ámbito interno, precisamente por situaciones de secuestro de la justicia incluso muchos años después de haberse producido los hechos». *