Para los Familiares, Tribunal de Apelaciones "desconoció" la voluntad del Poder Ejecutivo

Respecto al archivo del caso, Luisa Cuesta dijo que su «pensamiento fue a todo lo que ha pasado, a los 30 años» y «a los 30 años» que se ha respetado la Ley de Caducidad, a los 30 años del Poder Ejecutivo, que es el que tenía la última palabra sobre la Ley de Caducidad y a este momento en donde la Justicia desconoce al Poder Ejecutivo».

La integrante de Familiares aseveró que «si la verdad no tiene luz no podemos tener memoria y si no tenemos memoria vamos a repetir lo que ya tuvimos y eso nosotros no lo queremos para las generaciones que vienen».

Consultada posteriormente sobre qué sucederá si los restos de los detenidos desaparecidos no aparecen, explicó que «la desaparición forzada sigue existiendo, el que cometió un delito, si no es juzgado y no dice la verdad sobre lo que hizo va a volver a cometerlo y no hablo sólo de los que ejecutaron, de los que hicieron los crímenes hablo de los que les dieron las órdenes, porque de eso no nos podemos olvidar nunca».

 

«No debe mellar»

Por su parte, el abogado del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Guillermo Paysée, dijo que el archivo del expediente del caso de María Claudia García de Gelman, dispuesto por el Tribunal de Apelaciones de 2º Turno, «no debe mellar» la tarea de las organizaciones de derechos humanos en la búsqueda de la verdad.

El profesional exhortó «a redoblar esfuerzos y no resignarse por un fallo judicial», al tiempo que opinó que el Tribunal «aplicó el derecho pero dejó relegada la justicia».

Al comentar la decisión del cuerpo, que por unanimidad resolvió revocar la resolución del juez Gustavo Mirabal de seguir adelante con la causa y dispuso el archivo del expediente, Paysée dijo a LA REPUBLICA que «la decisión está dentro de un contexto de fallos, no todos pero sí mayoritarios, que mantienen un récord para nuestro país que después de 20 años de haber salido de la dictadura no ha juzgado a ningún militar por violaciones a los derechos humanos».

«Más allá de que se hayan aplicado las normas de derecho adecuadas, éste es un fallo más que sigue sin hacer justicia. Se aplica el derecho pero va quedando relegada la justicia», comentó.

«Me pregunto hasta dónde ese derecho es útil a los fines que busca el Poder Judicial, que es hacer justicia, determinar los responsables y juzgarlos».

«De todas formas, este es un largo camino que comenzó con el Pacto del Club Naval, continuó con la Ley de Caducidad y sigue hoy con un país trabado y enfermo por esta problemática. Parecería que secuestrar a una mujer, quitarle a su hija, luego matarla y hacerla desaparecer da la impresión que se trata de una moneda común».

 

«Seguir batallando»

Paysée dijo que los abogados y defensores de los derechos humanos «tenemos que seguir batallando, porque el camino a recorrer es el contrario al que parecería estar sellado en el Uruguay que es el de la impunidad».

Acerca de la incidencia que tendrá este fallo en otras investigaciones, teniendo en cuenta que se trata de un caso emblemático, Paysée dijo que «no debe mellar la tarea de las personas y organizaciones que están en esta lucha. Hay que redoblar esfuerzos y no resignarse por una decisión judicial».

Insistió en que la resolución del Tribunal de Apelaciones «sigue una línea de aplicación de las normas de derecho, pero no sigue una línea en la búsqueda de hacer justicia. Es como si en la lucha contra la impunidad la normativa legal y la justicia fueran por un camino diferente», sostuvo.

«En definitiva, seguiremos con el récord de no tener a ningún militar procesado por delitos de lesa humanidad, desapariciones forzadas, torturas, homicidios políticos y no políticos. Es una situación grave que vive la sociedad uruguaya».

 

«No me sorprendió»

«En lo personal, esperaba este fallo del Tribunal sobre el caso de la nuera de Gelman y no me sorprendió» dijo, en tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la diputada nacionalista Beatriz Argimón.

Tras reiterar que respetaba la independencia de los poderes que conforman la sociedad, Argimón destacó que deberá ser el Poder Ejecutivo el que deberá expedirse sobre el tema y determinar si el caso Gelman está o no incluido en el entramado de la Ley de Caducidad. La representante subrayó que la Comisión de DDHH de la Cámara baja no estudiará el caso Gelman «porque no corresponde».

Argimón se autocalificó como una seguidora de este caso «desde la actuación del juez Mirabal, y realmente esperaba que el Tribunal de Apelaciones resolviera lo que resolvió».

 

«Vergonzosa»

Luis Puig, el integrante de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, señaló que este tipo de decisiones es «vergonzosa». «Se le da un valor a la ley que le posibilita violar todo, se consagra la impunidad, es algo sumamente grave». En este sentido, Puig adelantó que se está instrumentando una movilización para el 10 de diciembre en la que se pondrá énfasis en este tipo de decisiones, ya que «este Poder Judicial no hace honor a la justicia y pone en vergüenza a nuestro país» afirmó el dirigente.

 

«Que se llegue a la verdad»

Por su parte, monseñor Pablo Galimberti manifestó que si bien no conocía profundamente los argumentos que llevaron a este tipo de decisiones, «la Justicia es uno de los poderes del Estado y como tal, merece credibilidad. Yo confío en sus decisiones. Es un poder que necesita ser protegido y darle una mayor independencia económica. Pero me hubiese gustado, es mi deseo, que se llegara a la verdad», señaló Galimberti. *