La reestructura interna sigue sin pausa en la Intendencia de Maldonado

La maratónica y por momentos tensa sesión del legislativo se prolongó por nueve horas, durante las cuales el máximo jerarca comunal, en un hecho considerado histórico, permaneció en sala acompañado por la totalidad de su gabinete, y no sólo por los directores de Recursos Humanos y Hacienda, como pretendió la oposición.

El llamado a sala estuvo motivado en la inquietud reinante en todo el departamento por la caída de centenares de subrogaciones de los funcionarios municipales, muchas de las cuales «son ascensos encubiertos», según remarca el Ejecutivo departamental. El otro tema estaba relacionado con la gestión que le cupo al economista Mauro Mendiburu –y al municipio en su conjunto– en las negociaciones por las partidas del presupuesto nacional que le corresponderán a Maldonado para el próximo quinquenio.

En el primero de los casos, los blancos pretendían que se dejara sin efecto por 90 días, la resolución Nº 3821/2005 del 14 de setiembre, y que «se constituya una comisión asesora con integrantes del ejecutivo comunal, Adeom y Junta Departamental», de manera de estudiar individualmente la situación de los funcionarios cuyas subrogaciones cayeron. Respecto al segundo tema, la oposición considera que en el presupuesto nacional que ya fue aprobado por la Cámara baja, Maldonado «perdería un 40% del precio que recibe el Estado por concepto del canon del Hotel Conrad», en caso de sancionarse también en Senadores, y que eso significa una lesión a la autonomía financiera del departamental «al vulnerar el derecho adquirido por el Gobierno de Maldonado a partir del proceso licitatorio Nº 24/91 y la firma del contrato entre el Estado y Baluma S.A.». Los blancos reclamaron que tanto el gobierno departamental como los legisladores de Maldonado recorran los caminos legales a efectos de que se elimine el texto aprobado en Diputados, donde se deroga la afectación en favor de los gobiernos departamentales correspondientes al canon que perciba el Estado por concesión de casinos, y que en caso contrario se «interponga una acción por lesión a la autonomía municipal ante la Suprema Corte de Justicia de conformidad al art. 283 de la Constitución de la República».

Sin embargo, ambas propuestas no tuvieron los votos necesarios en el legislativo, donde finalmente se aprobó por mayoría, que el intendente y su gabinete, respondieron «con amplitud, seriedad y responsabilidad de gobierno a las interrogantes formuladas», y que quedó demostrado que el municipio a través de sus autoridades, está procediendo con absoluta convicción y en defensa de los intereses del departamento «con referencia a las partidas de dinero dispuestas por el Gobierno Nacional para Maldonado».

Asimismo, fueron declaradas ampliamente satisfactorias las explicaciones dadas por De los Santos, se respaldaron los objetivos perseguidos respecto a la recomposición de la carrera funcional de los municipales y fue avalado el plazo de 90 días para la realización de una evaluación y definición interina de «la situación en que se encuentran los funcionarios afectados por las resoluciones adoptadas en función de las necesidades de la administración».*