Ejército y técnicos evalúan esta semana las excavaciones en unidades militares
El Ejército y la Facultad de Humanidades realizarán este lunes una reunión de evaluación sobre los trabajos que se realizan en los batallones 13 y 14 para encontrar los restos de los desaparecidos durante la dictadura militar, a tres semanas del vencimiento del plazo de búsqueda establecido por el gobierno.
El próximo 8 de noviembre finalizará el convenio suscrito por el Poder Ejecutivo y la Universidad de la República, a la que se encomendó la tarea de realizar excavaciones en ambas unidades militares en las que se presume fue enterrada una treintena de uruguayos muertos durante el régimen militar.
La fecha, sobre la cual podría pedir una prórroga el grupo de antropólogos que encabeza las tareas, también se habría fijado como un día clave por parte de organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas que ven con preocupación la falta de hallazgos concretos luego de seis meses de trabajo.
También el gobierno aguarda con calma expectativa los resultados de las excavaciones antes de considerar que pudo haber existido un engaño intencional de parte de un grupo de oficiales retirados, protagonistas de la represión militar, quienes dieron la información de los lugares donde excavar.
Gelman, Quinteros, Orletti
Las tareas se iniciaron en el Batallón 13 de Infantería poco después de la asunción del gobierno de Tabaré Vázquez, quien a principios de agosto ordenó ampliar la búsqueda en el Batallón 14 de Paracaidistas de Toledo, donde se confiaba encontrar los restos de la nuera del poeta Juan Gelman.
María Claudia García, argentina de 19 años de edad y embarazada a término, fue secuestrada en agosto de 1976 en Buenos Aires, recluida en el centro de torturas Automotores Orletti y trasladada a Uruguay, donde fue asesinada luego de dar a luz una niña que entregaron a la familia de un policía.
En el Batallón 14 también podrían encontrarse los restos de una veintena de uruguayos secuestrados en Orletti en setiembre de 1976, quienes fueron trasladados a Montevideo en octubre de aquel año en el llamado «segundo vuelo» y permanecieron vivos un mes antes de ser ejecutados masivamente.
Distintos testimonios señalan que entre fines de 1976 y principios de 1977, media docena de tumbas fueron excavadas en el Batallón 13, en cuyos fondos funcionaba un centro de torturas conocido como «300 Carlos», donde, entre varios dirigentes comunistas, habría sido muerta la maestra Elena Quinteros.
Entierros y exhumaciones
Los trabajos en el Batallón de Infantería 13 fueron ordenados por el Poder Ejecutivo, en cumplimiento de la investigación prevista en la Ley de Caducidad, cuando existían dos causas judiciales cuyos magistrados habían ordenado «no innovar» en el territorio de la unidad militar.
La orden de no alterar el terreno de ambos cuarteles procedía del juez Gustavo Mirabal, del Juzgado Penal de 2º Turno, quien atendía la causa de desaparición de María Claudia, mientras que el juez Juan Carlos Fernández Licchini, del Juzgado Penal de 1º Turno, aún instruye el Caso Quinteros.
En ambos juzgados se había tomado en cuenta el testimonio público del ex soldado Ariel López Silva, quien desde 1984 ha reiterado que en 1976 cuando desempeñaba tareas en la unidad militar de la Avenida Instrucciones se le ordenó enterrar media docena de cuerpos y entre ellos el de una mujer.
Otros testimonios indicaban que a fines de 1984, ante la reinstitucionalización del país, se efectuó una «Operación Zanahoria», en la cual se exhumaron todas las tumbas de presos políticos en los cuarteles para darles una sepultura común o cremarlos, según consignó la Comisión para la Paz.
Siguiendo el «Glodomapa»
Las tareas ordenadas por el Poder Ejecutivo, sin embargo, se basaron en los informes obtenidos por una investigación interna del Ejército, ordenada por su comandante en jefe, teniente general Angel Bertolotti, en la que se recibieron datos de algunos de los represores responsables de aquella muertes.
Algunos de esos represores también habían sido informantes de la Comisión para la Paz durante el gobierno de Jorge Batlle, cuyas conclusiones resultaron contradictorias con el informe que el Ejército le entregó al presidente Vázquez con la certeza de saber el lugar donde estaba el cuerpo de María Claudia.
La falta de resultados luego de semanas de excavaciones, llevó al Ejército y a los técnicos universitarios a buscar nuevas fuentes de información entre suboficiales y personal subalterno que se desempeñó entonces en aquellas unidades militares, lo que ha permitido marcar nuevos lugares de trabajo.
En la actualidad se trabaja en el bosque de sauces del Batallón 13 y en un espacio de dos metros por diez llamado «ómnibus» en el Batallón 14, pero aún se sigue el «Glodomapa», explicó un informante en alusión a los datos que aporta el coronel Raúl Glodosky, jefe del Estado Mayor personal de Bertolotti. *
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