Presentan ante la Comisión de DDHH de OEA casos de tres "ejecuciones" en 1974

Los generales (r) Juan Rebollo, Julio César Rapela, Esteban Cristi, los mayores (r) Armando Méndez y José Gavazzo y el coronel (r) Manuel Cordero están involucrados, al igual que los entonces capitanes Mauro Mauriño y Julio César Gutiérrez, además del capitán (r) Jorge Silveira.

La denuncia ante la CIDH de la OEA, patrocinada por los familiares de las víctimas, será tramitada por abogados del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), una entidad humanitaria dedicada a defender una vigencia jurídica de los Derechos Humanos.

Los abogados de Ielsur tienen agendada una sesión con la CIDH para el próximo lunes 17. Si la comisión acogiera la denuncia, intervendría la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya resolución sería «vinculante», y de cumplimiento obligatorio para el Estado uruguayo.

Familiares y abogados alegarán que el expediente judicial por el asesinato de las jóvenes aún sigue en etapa de presumario, hace ya 17 años, que ninguno de los denunciados ha sido citado siquiera como testigo, y pedirán la intermediación de la organización multinacional. Además, entre hoy y mañana, los abogados del Ielsur presentarán ante el Poder Judicial «una ampliación» de la denuncia original, que fuera presentada 17 años atrás, para aportar «nuevos elementos de prueba» que ameritarían una prosecución de la investigación judicial.

 

El gobierno tiene plazo hasta el 20 de octubre

La «desaparición forzada» de Washington Javier Barrios Fernández fue denunciada el lunes 19 de setiembre ante el Juzgado en lo Penal de 19º Turno, a cargo del juez Charles. El magistrado demoró tan sólo 24 horas en remitir el expediente, como indica la Ley de Impunidad.

Mientras tanto, el Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el 20 de octubre para «pronunciarse» sobre el expediente que el juez Charles le remitió «en consulta» para considerar si «el caso Barrios» podría ser amparado por la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado 15.848.

Tanto la «desaparición forzada» de Barrios, que pudo haber sido muerto en Uruguay tras «un vuelo cero», como la «ejecución sumaria» de Reyes, Raggio y Maidanick son crímenes de lesa humanidad, no prescriptibles ni amnistiables, que el Estado está obligado a enjuiciar.

 

Jóvenes acribilladas con armas de guerra tenían 18 y 19 años

A las tres de la madrugada del 21 de abril de 1974, las Fuerzas Conjuntas irrumpieron en un apartamento de la calle Soler esquina Ramón y Santiago, en el barrio montevideano de Brazo Oriental. A cargo del feroz operativo estaba el entonces teniente coronel Rebollo.

Tres jóvenes muchachas de 18 y 19 años fueron acribilladas con armas de guerra: Silvia Reyes, la esposa de Barrios, y sus amigas Raggio y Maidanick. Incluso murió el agente Dorval Márquez, quien, totalmente ajeno al hecho, caminaba hacia su casa, por la otra cuadra.

Rebollo, al mando del entonces capitán Mario Mouriño (integrante del S2 de artillería antiaérea, un conducto de inteligencia militar), y del también capitán Julio César Gutiérrez, protagonizó el operativo junto al coronel Rapela y el teniente coronel Cristi, militares ya fallecidos.

Treinta años después, Rebollo sería comandante en jefe del Ejército Nacional en el gobierno de Luis Lacalle, período durante el cual las familias de las tres mujeres ejecutadas tramitaron, sin éxito alguno hasta el momento, su primera denuncia para que la Justicia investigue.

Rapela era comandante del Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14, donde el actual Poder Ejecutivo aún procura restos de los uruguayos que fueron detenidos desaparecidos. Todos los denunciados operaban en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).

Familiares de las víctimas pudieron comprobar que los represores José Gavazzo, Manuel Cordero y Jorge Silveira también participaron del sangriento operativo que habría tenido por objetivo la captura de Washington Barrios, esposo de la joven asesinada junto a sus amigas.

Sin embargo, el operativo represivo resultó un fracaso con gravísimos «daños colaterales»: Barrios había escapado del país un día anterior, el 20 de abril, para refugiarse en Argentina; sería capturado casi cinco meses después, en el barrio «Cabo Fariña», en la ciudad de Córdoba.

 

Una hermana de Silvia Reyes logró escabullirse por el fondo de la casa

La matanza de las tres mujeres con armamento militar pareció no ser suficiente para los represores: tras la masacre se dirigieron a la casa de la hermana de la esposa de Barrios, en El Buceo, quien escapó por el fondo con su marido, y un matrimonio amigo con una hija menor.

Gavazzo y Cordero no tuvieron reparo en mostrar sus rostros. Incluso se exhibieron ante el padre de Silvia Reyes, a quien le habían matado una hija, y recién habían intentado matarle a la otra. Tampoco Rapela y Cristi se ocultaron: conversaron con el padre. Sin miedo. Sin apuros.

 

«El detenido se dio a la fuga»

Barrios «desapareció» el 17 de setiembre de 1974. Fue detenido por la Policía Federal Argentina en la ciudad de Córdoba. El 11 de octubre fue conducido a La Plata. Un juez lo interrogaría por ingreso ilegal al país. Ya tenía una orden de captura librada por la Fuerzas Conjuntas.

El 20 de febrero de 1975, Barrios debía ser regresado a Córdoba por resolución judicial. «El detenido se dio a la fuga», según un expediente radicado en el Juzgado Federal Nº 2 de la ciudad de Córdoba, escrito cuya copia ya fue incorporada a la denuncia presentada ante Charles.

Según la versión oficial de sus captores argentinos, Barrios «se fugó» del vehículo que lo regresaba a Córdoba, ciudad donde se suponía iría a permanecer detenido, en la Unidad Militar Nº 9 donde ya estuvo, pero ahora a la espera de una resolución. Nunca volvería a ser visto.

 

Méndez, Gavazzo y Cordero en un triple homicidio

Los familiares del uruguayo Washington Barrios, «desaparecido» en Córdoba en 1974, revelaron que el capitán Méndez y el mayor José Gavazzo «regresaron varias veces» al apartamento donde las Fuerzas Conjuntas asesinaron a Silvia Reyes, Laura Raggio y Diana Maidanick.

A bordo de un camión militar, el capitán Armando Méndez regresó al lugar del triple homicidio «con una moto». Fue el único bien saqueado del apartamento que las familias pudieron recuperar. Ninguno de los electrodomésticos robados fue devuelto a sus legítimos propietarios.

Sin embargo, el elemento de prueba aportado en la denuncia que más involucra a Méndez en los macabros episodios fue su participación en los interrogatorios a tupamaros recluidos en cuarteles uruguayos que realizó, junto al represor Cordero, entre setiembre y octubre del 74.

Diversos detenidos sometidos a interrogatorios bajo torturas pueden atestiguar que el capitán Méndez -un ex ayudante del coronel Ramón Trabal, director del Servicio de Inteligencia de Defensa (SID)- poseía, al igual que Cordero, fotografías de tupamaros asilados en el exterior. *