Busti volvió a la carga y Uruguay intenta bajar el tono a la polémica

Gargano afirmó que si Argentina corta el suministro de gas hacia nuestro país, por su descontento con la instalación de las plantas de celulosa en Fray Bentos, el gobierno de Néstor Kirchner deberá asumir las responsabilidades que le quepan por interferir en el cumplimiento de un contrato suscrito entre empresas.

Las declaraciones del gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, fueron publicadas ayer en un artículo del diario Clarín de Buenos Aires, pero ya habían sido formuladas el domingo por Radio 10 y al programa Aire Comprimido de radio Rock&Pop.

«Si es necesario, el gas se lo corto yo mismo», enfatizó Busti. En esa línea, también dijo que evaluaría «cortar los puentes y puertos» sobre el río Uruguay, y de esa manera cerrar el ingreso de argentinos a las ciudades turísticas de Uruguay.

También amenazó con cortar el tráfico uruguayo por el Canal Martín García en el Río de la Plata, «que está del lado argentino».

Hace un par de meses había hablado de cortar el gas sólo para las plantas de celulosa, pero se enteró de que sus calderas quemarán madera.

El gasoducto que transporta el gas natural desde Entre Ríos a Uruguay, el Gasoducto Cr. Federico Slinger, también llamado Gasoducto del Litoral, y que entró en operación en 1998, fue construido y es operado por la empresa estatal uruguaya Ancap (Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland).

De hecho, Argentina no está cumpliendo con el suministro de gas prometido, por desabastecimiento.

Los puertos y puentes internacionales tampoco dependen de jurisdicción provincial.

«Son medidas extremas que algunos imaginan. Esto es una mecha encendida. Y si en el marco del derecho no se encuentra una solución, van a empezar los cortes de los puentes, y ya nadie se va a poder trasladar a Punta del Este», dijo el gobernador. El canciller Gargano, que ayer viajó a Madrid, recordó que la instrucción del presidente Tabaré Vázquez es no alentar la polémica mediática sobre este punto. Pero se preguntó si Busti imagina las consecuencias que podría traer para el gobierno argentino la supresión de la interconexión de gas con Uruguay.

Acto seguido, dejó en claro que «no va haber de nuestra parte concesión alguna en cuanto a la instalación de las plantas de celulosa porque la decisión ya está tomada y cumpliremos con todas las normas necesarias para que no haya contaminación en el río Uruguay».

Entre otras afirmaciones, Busti sostuvo que «el sistema que utilizarán las plantas está prohibido en Europa», y , dramatizó: «Serán 300 mil entrerrianos los perjudicados con la lluvia ácida que afectará la producción agrícola y apícola así como el turismo»

El gobernador entrerriano se preguntó por qué las empresas «no llevan su industria para el norte de La Paloma» y utilizan agua salada para su proceso de fabricación de celulosa.

«No sé si es una bravuconada o algo serio», respondió cuando se le preguntó por el nuevo emprendimiento sueco-finlandés sobre el Río Negro. «sería tremendo, porque ese río descarga sobre el Río Uruguay».

 

Ombudsman

El domingo se encontraba en Gualeguaychú, Entre Ríos, una delegación del Banco Mundial que llegó en representación de la Ombudsman del organismo, Meg Taylor. Esta funcionaria ordenó la realización de una investigación que se llevará a cabo en Gualeguaychú y Fray Bentos (Uruguay) que culminaría este viernes. El equipo técnico del organismo internacional empezó ayer una evaluación después de visitar el río Uruguay y las dos plantas en construcción. También los técnicos se reunirán en Montevideo con los empresarios de Ence y Botnia y en Fray Bentos con vecinos y organizaciones ambientalistas. También visitarán en el departamento de Soriano las plantaciones de eucaliptos. *