Los jueces podrían renunciar en masa

Aunque finalmente se decidió esperar el trámite del Presupuesto en Diputados, la posibilidad de aplicar una medida extrema quedó flotando en el aire. Los magistrados aspiran a lograr un 75% de aumento real en el quinquenio. En las siguientes semanas, se evaluarán los pasos a dar ya que la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) está en Asamblea Permanente.

La AMU, reunida en Asamblea Extraordinaria convocada por la Directiva pidió a sus miembros –que asistieron desde todo el Uruguay– planteos de eventuales medidas a tomar, ante lo que ven como un desconocimiento de su situación salarial.

La renuncia colectiva fue uno de los planteos realizados y fue apoyada por varios magistrados.

Otra de las posturas fue la de trabajar «a reglamento» o suspender tareas por el sistema de «paro perlado», lo que también repercutiría en un colapso del Poder Judicial a corto plazo.

Según comunicó la Directiva de la Asociación, si en las sucesivas instancias parlamentarias se sigue desconociendo su petición presupuestaria se tomarían algunas medidas gremiales concretas.

Los voceros de la organización de los magistrados –AMU– se mostraron «alarmados» por la «insuficiente asignación financiera en materia de remuneraciones», y aunque respalda «las gestiones realizadas por la Comisión Directiva de AMU, para obtener la aprobación en el Parlamento Nacional del Presupuesto remitido por el poder judicial», decidió entrar en Asamblea Permanente.

Decidieron también «mandatar a la Comisión Directiva para que continúe con esas gestiones» y declararse «en sesión permanente a efectos de evaluar la evolución de las negociaciones».

El gremio de los magistrados, que reúne a más de 500 jueces del Poder Judicial, señaló en la rueda de prensa que «la ciudadanía (debe saber) el tratamiento discriminatorio que padece la proyectada remuneración de los magistrados, a quienes se excluye, sin fundamento alguno, del porcentaje en que se incrementa la remuneración de todos los funcionarios públicos por concepto de recuperación salarial».

Se denunció el tratamiento discriminatorio (en el presupuesto) de los magistrados del Poder judicial (…) respecto de otros funcionarios públicos de menor jerarquía institucional.

Ante otras medidas gremiales planteadas, más radicales que las expresadas, la Asamblea decidió postergar el tratamiento de las mismas hasta las resultancias del trámite presupuestal.

Finalmente harán saber internacionalmente a seis organismos, entre los que figuran el Alto Comisionado para la Independencia del Poder Judicial de las Naciones Unidas, el BID, el Banco Mundial y el FMI, su situación.

Reivindicaron la «independencia del Poder Judicial ante el poder político, como garantía del ciudadano en el sistema democrático». *