Investigación del Ejército avanzó en la identificación de víctimas y victimarios

El Ejército uruguayo ha avanzado en la identificación de la lista de los pasajeros del «segundo vuelo» de uruguayos que en octubre de 1976 fueron trasladados ilegalmente desde Argentina a Uruguay, pero tiene dificultades para obtener datos del lugar donde pudieron haber sido enterrados.

Las investigaciones internas ordenadas por el comandante en jefe del Ejército, teniente general Angel Bertolotti, luego de la confirmación del «segundo vuelo» en el informe de la Fuerza Aérea, habrían permitido individualizar a los responsables de la ejecución y enterramiento del grupo.

Cuando se menciona como último plazo de la investigación el próximo 31 de octubre, los oficiales retirados del Ejército implicados en el caso no estarían dispuestos a colaborar y habrían perdido la confianza de los mandos, quienes en base a sus datos no han encontrado aún restos de otros desaparecidos.

Las víctimas del «segundo vuelo», quienes fueron secuestrados en Buenos Aires, torturados en Automotores Orletti y trasladados clandestinamente a Montevideo, habrían permanecido un mes vivos antes de ser asesinados, y eventualmente haber sido enterrados en una unidad militar.

Fuentes militares indicaron a LA REPUBLICA que en las investigaciones han comenzado a utilizar otras fuentes de información, pero no quisieron confirmar que ya se han establecido contactos con parte del personal subalterno que entonces estaba en actividad y también participó en las operaciones.

 

Hace exactamente 29 años

En la madrugada del lunes 5 de octubre de 1976, hace hoy exactamente 29 años, el vuelo 511 del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU) partió desde el aeroparque Jorge Newbery rumbo a Montevideo con un grupo de uruguayos secuestrados en Automotores Orletti, que luego desaparecieron en Uruguay.

Durante 26 años aquel vuelo fue celosamente oculto por un «pacto de silencio» entre los militares que encabezaron la represión dictatorial. Reconocerlo evidenciaría que 16 uruguayos y 5 argentinos fueron trasladados ilegalmente, presos durante un mes en una cárcel clandestina, asesinados y enterrados.

Una investigación periodística que LA REPUBLICA publicó en marzo, junio y setiembre de 2002 denunció la existencia de aquel «segundo vuelo» del C-47 de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), arma que ya había traído a Montevideo a otros 23 uruguayos secuestrados en Orletti durante el mes de julio de 1976.

Los artículos de LA REPUBLICA tenían como origen al mismo informante argentino que había aportado los datos que permitieron encontrar a Simón Riquelo, el hijo de Sara Méndez secuestrado en julio 1976. La información fue confirmada luego por un militar uruguayo, testigo del arribo del vuelo 511.

Tres años más tarde, a principios de agosto de 2005, un informe oficial de la FAU, firmado por su comandante en jefe, brigadier general (av) Enrique Bonelli, reconoció la existencia de aquellos traslados ilegales, pero establecía que su arma desconocía la identidad de los prisioneros.

 

Las omisiones de Bonelli

El informe sobre los desaparecidos entregado por Bonelli al presidente Tabaré Vázquez no confirmó -pero tampoco desmintió- que aquel segundo vuelo era piloteado por los aviadores Walter Pintos y José Pedro Malaquín (su antecesor como comandante en jefe) y que el tripulante era Daniel Muñoz.

El documento de Bonelli reconoció que «estas operaciones aéreas fueron ordenadas por el Comando General de la Fuerza Aérea (entonces brigadier general (av) Dante Paladini), a solicitud del Sevicio de Información y Defensa (SID) y coordinadas por ese Servicio».

Bonelli tampoco admitió que la operación de traslado de aquellos detenidos en Orletti fue coordinada por el entonces coronel aviador Uruguay Araújo Umpiérrez, representante de la Fuerza Aérea Uruguaya en el comando tripartido que tenía el Servicio de Información y Defensa.

«En función de dicha coordinación, se dispuso que las tripulaciones involucradas recibieran las órdenes del destino de la misión luego de haber decolado, a efectos de cumplir con el traslado de los detenidos», agregó Bonelli, quien días más tarde confesaría haber sido el piloto del primer vuelo.

«Las tareas de embarque, desembarque y posterior traslado estaban a cargo del SID, desconociendo las tripulaciones la cantidad e identidad de los pasajeros ya que los tripulantes debían permanecer aislados en la cabina de vuelo de la aeronave durante el transcurso de las operaciones», argumentó.

 

«Paquete» para el Ejército

Mientras la Fuerza Aérea admitía que revisaría todos los vuelos realizados en la época (unos diez mil) para estudiar si existieron otros viajes con la misma finalidad, el «paquete» de los pasajeros del «segundo vuelo» pasó a manos del Ejército, que no había incluido a ese grupo de desaparecidos en su informe.

Fue el secretario de la Presidencia de la República, doctor Gonzalo Fernández, quien por primera vez admitió que aquellos uruguayos, militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), pudieron haber sido enterrados en una fosa común en el Batallón de Paracaidistas N» 14 de Toledo.

Gonzalo Fernández había sido -junto al ex asesor del ex presidente Jorge Batlle, Carlos Ramela Regules-, redactor del informe final de la Comisión para la Paz, donde las denuncias del «segundo vuelo» y sobre la existencia de una fosa común clandestina no habían sido incorporadas.

El informe de la Fuerza Aérea obligó al Ejército a ampliar sus investigaciones para obtener datos del «segundo vuelo», ya que aquellas operaciones del SID habían sido comandadas por el general Juan Antonio Rodríguez Buratti, quien a fines de octubre de aquel año montaba un falso operativo en Shangrilá.

El 26 de octubre de 1976, se fingió una supuesta «invasión de subversivos» para argumentar que la «guerrilla» seguía operando en Uruguay. En el operativo fueron «blanqueados» 23 militantes del PVP que habían sido detenidos en Buenos Aires en julio y traídos en el vuelo piloteado por Bonelli.

 

Estuvieron un mes vivos

La confirmación del «segundo vuelo» y el hecho de que se debiera ampliar en otra veintena de casos la lista de desaparecidos en Uruguay, sobre quienes el presidente Tabaré Vázquez había ordenado a los comandantes en jefe hacer una investigación y presentar un informe, provocó «sorpresa».

Los oficiales retirados que protagonizaron la represión de aquellos años, quienes habían dado al Ejército datos supuestamente precisos sobre el lugar donde había sido enterrada la ciudadana argentina María Claudia García de Gelman, se habían cuidado de mencionar la existencia del segundo vuelo.

El comandante en jefe del Ejército, teniente general Angel Bertolotti ordenó recabar internamente toda la información posible sobre el «segundo vuelo» y el destino de sus pasajeros, antes de realizar una «segunda ronda» de conversaciones con el grupo de oficiales retirados que sabe sobre lo ocurrido.

La cifra de 22 uruguayos del PVP detenidos en el mes de setiembre de 1976, se constataba en el propio comunicado de prensa que la Dirección Nacional de Relaciones Pública (Dinarp) había hecho publicar en los diarios el 28 y 29 de octubre de 1976 para promocionar aquel falso operativo del chalet «Susy».

Ese simple dato, implica que los uruguayos del «segundo vuelo» (los de setiembre) permanecieron durante todo el mes de octubre presos en algún centro de reclusión clandestino, no reconocido hasta el presente, antes de que se decidiera su ejecución masiva. Sino, no hubieran sido mencionados.

 

Caliente… frío… tibio…

Cuando la confirmación del «segundo vuelo» amplió en 22 pers
onas la lista de los desaparecidos en Uruguay, al Ejército se le generó un problema extra al que ya tenía cuando los datos supuestamente «precisos» que los oficiales retirados les dieron no les han permitido encontrar aún los restos prometidos.

Las excavaciones en el Batallón de Infantería 13 y el Batallón 14 no dieron los resultados previstos y la obtención de mayores detalles de parte de aquellos oficiales se complica debido a que la ejecución masiva de los del «segundo vuelo» sería un «crimen aberrante» no amparado por la Ley de Caducidad.

Los oficiales retirados ya enfrentaban una situación similar por el homicidio de la nuera del poeta argentino Juan Gelman, pero habían aceptado indicar el lugar de su supuesto enterramiento en la certeza de que el fiscal Enrique Moller pediría el archivo de la causa judicial, que quedó demorada por un año.

Como en el juego de la «gallina ciega» los asesinos de María Claudia y de los trasladados en el segundo vuelo, han marcado lugares en los que nada se ha encontrado, a la vez que por otra vía «filtaron» en la prensa datos de presuntos sitios de inhumación o de vuelos y traslados clandestinos no confirmables.

«No es sencillo pensar que el grupo de oficiales retirados que saben la verdad aporten información si con ella quedan enfrentados a un enjuiciamiento donde no tienen el amparo de la Ley de Caducidad y cuando, por sus agravantes, el delito podría no haber prescripto», reconoció una fuente militar a LA REPUBLICA. *