OSE y Uragua llegaron a un acuerdo

El entendimiento, que deberá ser refrendado por el presidente Tabaré Vázquez, establece que el ente se queda con las inversiones (U$S 15 millones), las facturas a cobrar (otros U$S 3 millones) y los servicios de sofware y comerciales. A Uragua se le devuelve la garantía, que también es de U$S 15 millones, en bonos del tesoro.

Ambas partes, destacaron a LA REPUBLICA la salida encontrada, y enfatizaron que es el usuario el que sale ganando, tras la llegar a un acuerdo, que consolida la calidad del servicio.

Fuentes del Ministerio de Vivienda y de Uruguay confirmaron que hubo un acuerdo firme y laudado, y que se llega a un final «civilizado», por lo cual, la concesionaria dejará de existir como tal, y los capitales de la empresa se retirarán del país.

Desde el gobierno, dijeron que se produjo comprensión entre las partes, que llevará a una salida evitando cualquier tipo de litigio. «Procuramos resolver mediante una negociación que tuviera garantías para las dos partes», destacó el jerarca estatal.

El próximo lunes, el Poder Ejecutivo oficializará el acuerdo a través de la ratificación de la firma del convenio entre OSE y Uragua. Para anunciar este hecho, habrá el mismo día una conferencia de prensa del ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Mariano Arana, al mediodía en Edificio Libertad, y a las 14 horas, harán lo propio las autoridades de OSE, en su sede central.

La próxima semana, un equipo de técnicos del ente estatal, comenzará los trabajos de «transición» en Maldonado, con el aporte de sus pares de Uragua.

El problema por el traspaso de servicios comenzó en octubre pasado cuando se aprobó la reforma constitucional del agua, efectuada conjuntamente con las elecciones nacionales, que obligaba a que todos los servicios de agua y saneamiento quedaran en manos del Estado. Uragua, propiedad de Aguas de Bilbao, Iberdrola y Kartera 1, argumentó que al aprobarse el plebiscito, la concesión caía automáticamente, y por lo tanto no podían prestar el servicio, y debían retirarse del país. Por lo tanto, la prestación de agua potable y saneamiento en Maldonado debía hacerlo de forma inmediata el mismo Estado.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo respondió que la reforma no era retroactiva, y que esto no afectaba a las empresa que firmaron sus contratos con anterioridad a la promulgación de la reforma. Pero en el caso de Uragua, el gobierno de izquierda hizo caer el contrato bajo el argumento de incumplimiento del contrato. Fue así que la empresa señaló que iniciaría una demanda por U$S 24 millones por daños y perjuicios, y a su vez, el Estado haría lo mismo por incumplimiento de contrato.

 

OSE toma control el día 8

El gobierno entendió que la reforma no afecta a las empresas que firmaron contratos anteriores a la fecha en que fue promulgada la reforma. El pasado 15 de setiembre la Cámara de Diputados aprobó la ley de traspaso de las operaciones de la empresa a manos estatales.

Según las fuentes oficiales consultadas, en el acuerdo firmado se establece que estos juicios serán retirados, que OSE se queda con las inversiones por U$S 15,5 millones, con 2,8 U$S de facturas a cobrar correspondiente al mes de setiembre y con los sistemas comerciales y el software. En tanto, la garantía, que es un aval bancario de U$S 15 millones, se le devolverá a la empresa de capital español.

De acuerdo a lo informado por fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, el traspaso se realizaría el sábado 8 de octubre a las 12 horas.

Por su parte, el secretario de la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose), Carlos Sosa señaló que al gremio le preocupa el traspaso de los trabajadores de Uragua a la unidad desconcentrada estatal que se encargará del servicio en Maldonado. El gremio plantea que los actuales dependientes de Uragua, pasen en calidad de funcionario estatal, a lo que el gobierno entiende que se debe aplicar un camino de transición. Sosa dijo que se espera la derogación de la ley que prohibe el ingreso a la función pública, y que la misma sea remplazada por otra, norma que sea más flexible, con restricciones al ingreso al Estado.

Ffose entiende que el Estado debe tomar lo más pronto posible el control del servicio, «para no perpetuarla en el tiempo.» *