Gobierno ultima los detalles de una nueva Ley de Inteligencia

En la ley presupuestal se incluye la creación de la figura del «coordinador» de las políticas de Inteligencia del Estado. Trabajará íntimamente ligado a la Presidencia.

La Ley de Presupuesto incluye en su artículo referido a la Presidencia de la República la creación de un coordinador de políticas de Inteligencia.

El secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández subrayó en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes que «no se crea un servicio de Inteligencia sino únicamente un cargo de coordinador. Esta es una novedad porque el objetivo es que el Presidente de la República, a través de un coordinador, pueda coordinar e implementar la Inteligencia del Estado».

Se trata -dijo Fernández- de que el Presidente de la República tenga, a través de un cargo de confianza, un coordinador de Inteligencia que pueda trasmitirle cuáles son los temas de Inteligencia que son llevados a cabo por los diversos servicios a su cargo y su objetivo explícito son los grandes temas que a todos nos preocupan, fundamentalmente el narcotráfico, el terrorismo y sus actividades conexas, como el lavado de dinero».

El anuncio despertó en los diputados hechos ocurridos en el pasado reciente sobre deficiencias en el manejo de la información de Inteligencia de Estado.

«Si hubiera existido una coordinación entre los servicios de Inteligencia, no hubiéramos asistido a espectáculos donde se cruzaban servicios de Inteligencia y hasta un servicio de Inteligencia espiaba a otro», recordó el representante frenteamplista Carlos Gamou.

Por su parte, el diputado de la izquierda Gonzalo Mujica recordó que «en la última campaña electoral se recordará un afiche apócrifo con la figura del líder de mi Partido, Rafael Michelini, que fue pegado en todas las avenidas de la ciudad y por lo que nunca se pudo responder. No solamente no pude pedir cuentas sino que además ningún servicio estuvo dispuesto a investigar una afrenta que se hacía a un partido en ese momento».

La oposición en tanto cuestionó el hecho de que un coordinador de políticas de Inteligencia esté funcionando en la órbita de la Presidencia de la República «escapando» del control legislativo, argumento que la bancada del Frente Amplio sostuvo equivocado. «Creo que la primera falacia es creer que se saca del control legislativo a los servicios de Inteligencia, que nunca estuvieron bajo el control legislativo; jamás estuvieron bajo el control legislativo. Si hay alguna duda que le pregunten a la viuda de Berríos cuánto control legislativo hubo» recordó Mujica aludiendo al asesinato del científico chileno Eugenio Berríos asesinado en 1993 en pleno gobierno blanco del ex presidente Luis Alberto Lacalle.

El diputado Jorge Gandini cuestionó el cargo aunque reclamó la creación de una nueva política de Inteligencia. «Me parece bien coordinar. Si vamos a tener una Ley de Inteligencia será para esto, para implementar una política de Inteligencia, y yo, como legislador, no le doy a nadie -además, no sé en quién recaerá- la tarea de que la haga por mí.

La diputada Silvana Charlone dijo que en materia de una nueva ley de Inteligencia que ahora reclama la oposición «no se entiende (porque) no recordamos la iniciativa de los señores legisladores que hoy están reclamando una ley de Inteligencia. Y no tenemos ley de Inteligencia, cuando las mayorías parlamentarias estuvieron para tantos otros temas».

El secretario de la presidencia Gonzalo Fernández destacó que «la creación de un cargo es un comienzo, sin perjuicio de que pueda legislarse sobre el fondo del tema. De lo que se trata es de que el Presidente de la República pueda saber qué está pasando en los servicios de Inteligencia que normalmente se salen de marca y actúan, investigan un poco de por sí, sin que siquiera los mandos superiores de las respectivas áreas sepan qué está pasando».

«Si me permiten voy a contar una anécdota personal pero estrictamente cierta. En plena democracia se descubrió -yo lo denuncié en aquel momento en un medio de prensa- que en el departamento de Canelones se estaba investigando a un prohombre del Partido Nacional, no se sabía a cuenta de qué. Ya estábamos en plena democracia y, sin embargo, lo seguían e informaban acerca de sus pasos, como si estuviéramos todavía durante el proceso».

 

La custodia presidencial

En la sesión en la que compareció el secretario de la Presidencia hubo espacio para analizar el inciso referido a la custodia presidencial. Los cuestionamientos a la designación del personal de seguridad del presidente Tabaré Vázquez provinieron fundamentalmente del diputado colorado Daniel García Pintos, quien entendía que el personal no pertenecía a la policía y sí a gente de seguridad del propio Presidente.

En la Comisión se dio ésta conversación:

«Señor García Pintos.- Quisiera saber quién les pagó los cuatro primeros meses a estas personas. Sin duda, el instituto policial no fue, porque fueron contratados el 29 de junio. No pregunto qué sucedió antes del 1º de marzo porque ese es un tema del doctor Vázquez, ya que no era Presidente efectivo sino electo, y antes era dirigente político en campaña. Concretamente, quisiera saber de dónde surgieron los recursos durante esos cuatro meses para el pago del trabajo de esos ciudadanos, que sin duda se lo ganaron.

Señor Fernández.- Distinguido señor Diputado: con el mayor de los respetos le digo que formula una pregunta que no tiene nada que ver con la norma jurídica que está en discusión. De todas maneras, dada la consideración que me merece, le voy a responder. No cobraron, señor Diputado. Y no cobraron porque, lamentablemente, la tramitación burocrática de los contratos de adscripción insumió esos meses, por lo que se vieron obligados a trabajar en forma gratuita». *