Reclaman Justicia para desaparecidos y asesinados en dictadura, y acceso a los archivos reservados del Estado

«Continuamos reclamando que se investiguen y esclarezcan todos los asesinatos políticos, las desapariciones, las torturas y el vaciamiento económico del que fue objeto el país», advirtió la Proclama de las entidades, que concitó aplausos y aclamaciones entre los marchantes.

La movilización comenzó a las 19 horas con una concentración frente al edificio central de la Universidad de la República. La multitud se desplazó después hasta el monumento a la Libertad, formando una compacta marcha que llegó a extenderse casi unas cuatro cuadras.

«Es inadmisible que el sistema judicial continúe, en muchos casos, ignorando lo que establece la legislación internacional sobre Derechos Humanos, que es Derecho vigente en nuestro país», y «es inadmisible que luego de 20 años de vida democrática existan archivos y otras informaciones en poder de instituciones y funcionarios, o ex funcionarios del Estado, a los que no se puede acceder».

«Democratizar esa información sería una importante contribución al esclarecimiento de los hechos constitutivos de violaciones a los Derechos Humanos», concluyeron los redactores de la Proclama.

 

Mario Benedetti y Fernando Cabrera

La primera marcha en reclamo de Justicia desde que el gobierno comenzó a buscar restos de desaparecidos en cumplimiento del artículo 4º de la Ley de Impunidad, culminó con un poema que grabó el poeta Mario Benedetti y una canción del músico Fernando Cabrera.

Benedetti expresó satisfacción ante la actitud que asumió el actual Poder Ejecutivo frente a los crímenes cometidos por los civiles y los militares que dieron el Golpe de Estado y se perpetuaron doce años durante la dictadura, pero anheló «medidas» que aguarda «la gente».

El poeta aludió la inexistencia de sentencias judiciales condenatorias que castiguen a los autores de los asesinatos y las desapariciones, al tiempo que dijo sentirse esperanzado que el sistema de Justicia actúe para enjuiciar y encarcelar a los violadores de los Derechos Humanos.

Una emotiva canción del último disco de Cabrera acompaño un video exhibido en pantalla gigante con rostros de uruguayos desaparecidos en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. El listado de nombres de compatriotas secuestrados fue homenajeado con un cerrado aplauso.

 

Arana, Lev, Michelini…

El ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el arquitecto Mariano Arana, fue uno de los primeros en arribar a la escalinata de la Universidad donde fue recibido con entusiasmo y cariño por quienes esperaban con fotos de rostros de desaparecidos.

A mitad de la marcha, en 18 de Julio y Carlos Roxlo, pudo apreciarse la figura de León Lev, flamante director de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Comunicaciones. Numerosos caminantes se acercaron para saludar al dirigente del sector de Rodolfo Nin Novoa.

Finalizado el recorrido en el monumento a la Libertad, y con los familiares de los desaparecidos en la primera fila portando las fotos de sus seres queridos, hizo su aparición el senador Rafael Michelini, hijo de Zelmar, el distinguido legislador asesinado en Buenos Aires.

El acto culminó con una solemne entonación del Himno Nacional. Los manifestantes gritaron con fuerza y al unísono la estrofa «tiranos temblad». Como es su costumbre, las viejas luchadoras de todas las horas, las madres, las tías, las abuelas, se retiraron en total silencio.

 

«Basta de Circo; Justicia Ya»

La manifestación convocó organizaciones defensoras de los Derechos Humanos como pocas veces ocurrió. Cada una participó con su propio perfil. La mayoría reclamó actuación efectiva de la Justicia. También hubo gritos: «milicos asesinos» y «desmantelar el aparato represivo».

Las consignas más confrontativas provinieron desde la organización Hijos, que nuclea a descendientes directos de uruguayos asesinados o desaparecidos. Los otros grupos de los familiares de los compatriotas supliciados por el Terrorismo de Estado exigieron aplicar el Derecho.

«El sistema judicial uruguayo está en deuda con la sociedad toda y con su propio objeto: administrar Justicia», acusó la Proclama de la convocatoria. «Exigimos a este Poder del Estado una revisión de su proceder». La impunidad, «nos conduce a la corrupción del Estado».

El Poder Judicial, reclamaron, «debería investigar en torno al Plan Cóndor», a partir de los informes que las tres Fuerzas Armadas ya entregaron al presidente Tabaré Vázquez, porque «aportan datos nuevos» que confirman o revelan crímenes todavía no dilucidados.

Por su parte, distintos miembros de la organización Hijos portaban carteles que decían: «Basta de Circo: Justicia Ya», en claro reproche a la sobre exposición mediática que han tenido todas las infructuosas prospecciones realizadas en procura de enterramientos clandestinos.

Para la mayoría de las once entidades que redactaron la Proclama, «defender los Derechos Humanos», explicaron, «es siempre una tarea que tiene como requisito indispensable una labor de equidistancia y exigencia frente al Estado», el cual debería «trabajar por la Verdad».

«No es dando páginas de los diarios con informaciones falsas, dando informaciones a cuenta gotas, y calculando cómo mantener la impunidad, que se fortalece la democracia», alertó la Proclama.

A su vez, reconocieron que el actual gobierno adoptó una actitud propicia.

«¿Dónde está la Justicia en Uruguay?», increpó un cartel que marchó de la Universidad a la Plaza Libertad en manos de un miembro de la muy reconocida y emblemática organización «Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos», que integra Javier Miranda.

«Los que sufrieron gravísimas violaciones a los Derechos Humanos tienen el irrenunciable derecho de reclamar el enjuiciamiento de esos hechos, de sus ideólogos, instrumentadores y colaboradores. Y tienen además el derecho a reclamar la no permanencia en cargos estatales de personas civiles, policías y militares que hayan actuado con responsabilidad directa, tanto en la instrumentación del Golpe de Estado, como en los delitos de tortura, asesinatos, desaparición de personas, apropiación de menores», argumentaron en la Proclama. *